Política nacional

Injustificable proceder ilegitimo

Marcelo Gioscia

Finalmente, luego de una investigación más que prolongada, el ex Senador de la República, Charles Carrera ha sido formalizado; comenzará entonces el proceso penal legalmente previsto. Ha sido imputado por Fiscalía, por entender que no sólo incurrió en “abuso de funciones”, sino también en otros delitos, que ameritan el correspondiente reproche penal por su directa participación en los hechos investigados. El imputado sigue insistiendo, en que es “víctima” de un “enchastre político” que busca perjudicarlo, a él y a su partido.

En ningún momento ha reconocido el perjuicio económico que ha causado su ilegítimo proceder al erario público. Desconozco si en algún momento se le haya iniciado una acción de reparación por ese daño, como lo establece el artículo 25 de la Constitución Nacional. En ningún momento ha mostrado siquiera su voluntad de resarcir ese daño –independiente de su responsabilidad penal- con su propio peculio…daño que asciende a más de 300.000 dólares y del que poco se habla. Insiste en que su conducta y sus órdenes, lo fueron por “razones humanitarias”, como si esta excusa resultara procedente para justificarlo. De los hechos que han tomado estado público, se desprende que no sólo abusó de sus funciones en los hechos vinculados a este asunto, sino que ha quedado al descubierto la total impunidad con la que procedía desde la encumbrada posición que detentaba en tiempos del Ministro Bonomi. Dispuso de los recursos del Estado –siempre escasos- sin mérito legal alguno para ello, cuando dada su jerarquía y su formación profesional universitaria, estaba más que informado de las normas que debían seguirse al actuar. Conocía perfectamente que su proceder debía ser reglado, esto es, ajustado a la norma jurídica. Sin embargo, las ignoró flagrantemente. Sus decisiones no estuvieron basadas en el interés público, sino en intereses espurios. Aunque no quiera admitirlo, buscó un beneficio propio o para su fuerza política, en todo caso alejado de la legalidad. Legalidad que debía ser el primero en cumplir y hacer cumplir, desde la función pública que detentaba. Tendrá en este proceso penal -que finalmente se inicia- que responder por los delitos de fraude, falsificación ideológica y uso indebido de información privilegiada, además del de abuso de funciones. Se deberá actuar con el máximo rigor que las normas legales establezcan, dentro de un proceso que garantice sus derechos, pero en el que habrá de fallarse finalmente con especial severidad, atento a la gravedad de los hechos en los que intervino, el daño causado, así como la jerarquía institucional que detentaba al momento de incurrir en los mismos. Todo ello, para fortalecer la institucionalidad de nuestra República, la que se ha visto afectada por el proceder del imputado y sin perjuicio de la reparación patrimonial que tendrá que asumir con su propio peculio, de acuerdo a derecho.  

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