Política nacional

La Fiscalía junto al calefón

Fátima Barrutta

No soy experta en asuntos jurídicos, pero claramente hoy no hay que serlo para darse cuenta de que la Fiscalía General de la Nación ha caído en algo parecido al “Cambalache” que inmortalizara Enrique Santos Discépolo en un tango célebre.

Cuando él escribía aquello de “ves llorar la Biblia junto al calefón”, pintaba las incoherencias de un siglo XX que vivió guerras mundiales, matanzas masivas por hambrunas, escándalos políticos y dictaduras criminales, en una proporción tal, que terminaba insensibilizando a la gente y haciéndola naturalizar esos horrores.

Cuando vemos lo que está pasando en este siglo XXI con la parte que compete a la Fiscalía de la administración de justicia, la decepción pesimista es semejante.

Las simpatías político-partidarias contrapuestas entre distintos fiscales dejaron de ser sutiles y están siendo expuestas en carne viva.

Cuando empezó la indagatoria por el caso Astesiano, la fiscal Fossati era aplaudida en redes sociales por los militantes frenteamplistas, los mismos que ahora -cerrado el caso con una condena muy severa para el funcionario desleal- la acusan de todos los males.

De alguna manera la situación de Fossati es demostrativa de que la independencia técnica en Fiscalía es hoy por hoy una ilusión: cada uno la salpica del color político que le conviene.

Porque con la misma probidad con que la fiscal culminó el caso Astesiano, entendió que había mérito para poner al frenteamplista Gustavo Leal en calidad de indagado, lo que colocó a la oposición en un inesperado pie de guerra comunicacional y legal.

La indignación que los asesores legales de Leal han expresado por el reintegro de la fiscal Fossati, tan desmedida como para haber reclamado su separación del cargo, y la lamentable agresión de género que le provocó a ella su colega Fernando Romano, ya han dejado en claro que la Fiscalía está cooptada por un bando de profesionales que responden al exfiscal de Corte Jorge Díaz, hoy devenido en abogado penalista cuyos casos parecen ser casi siempre exitosos a nivel de fiscalía (o sea cuando deben investigarlos los fiscales que él mismo seleccionó y promovió).

La influencia política y profesional de Díaz en Fiscalía es algo que el sistema político deberá discutir seriamente y en profundidad.

Hace unos días, el abogado penalista Juan Fagúndez ha denunciado un hecho gravísimo: de varios imputados por un delito en Ciudad de la Costa, el único que no fue formalizado fue quien era representado por el Dr. Díaz. “Casualmente” el fiscal que hizo esa distinción había sido designado anteriormente por el propio Díaz.

Lo mismo puede decirse del trascendido de que, representando como abogado a Carolina Ache, el Dr. Díaz solicitó información a la Universidad Católica sobre el título del exministro Adrián Peña y se desató con ello una tormenta política absolutamente pueril, que le costó el cargo a Peña por un simple error administrativo del centro de estudios.

Y también puede evocarse la sorpresiva designación directa que realizara en su momento Díaz del periodista Eduardo Preve como responsable de comunicación de Fiscalía.

El exjefe de informativos del canal de la IM, Teve Ciudad, pasó a cumplir funciones en la Fiscalía General de la Nación y, vaya casualidad, tiempo después los chats del caso Astesiano se filtraban diariamente, dando pasto a la oposición para cualquier tipo de conjetura calumniosa sobre supuesta corrupción del Poder Ejecutivo.

La inestabilidad que esta situación está sumiendo a la actividad política del país ha llevado a la formulación de dos posibles vías de solución: la de convertir a la autoridad máxima de Fiscalía en un triunvirato -lo que transparentaría en forma definitiva la ya inocultable representatividad política de los fiscales- o generar un Ministerio de Justicia que lleve las  riendas administrativas con probidad y coherencia política.

No dispongo de los elementos técnicos para opinar sobre ambas ideas, pero sí he mirado con mucha atención las advertencias que sobre el tema está haciendo el eximio abogado batllista y ex ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán.

Anteayer, en su columna de El País, el Dr. Guzmán ha reiterado sus durísimas críticas contra el Código de Proceso Penal, un instrumento que en su momento fue votado por todos los partidos pero que, en circunstancias como estas, muestra su peor cara, de desdibujamiento de la autoridad de los jueces e indebida preponderancia de la Fiscalía.

Asimismo, Guzmán ha descartado de plano la conveniencia de un Ministerio de Justicia, al que califica como un resabio de la pasada dictadura, en su inocultable afán de incidencia de un poder del Estado sobre el otro.

Cualquiera sea el camino de salida, lo que está claro es que hay que desmontar las estructuras de poder oculto de Fiscalía, como única forma de garantizar un sistema de justicia a la altura de la mejor tradición republicana del país.

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