La LUC está vigente
Julio María Sanguinetti
La LUC está vigente hace un año y medio. Desde el 9 de julio del 2020. O sea que no estamos discutiendo una posible política o un programa en proyecto. Está, por encima de toda palabra, el testimonio de su efectiva aplicación.
¿Qué nos dice esa realidad?
Bajaron los delitos y se aprecia una fuerte acción contra el narcotráfico. Los números son claros. Se dice, empero, que esa reducción no fue por la acción del gobierno ni de la LUC sino porque la pandemia disminuyó la actividad. En cualquier caso, lo que no es discutible es que se cortó la secuencia que desde hacía 15 años solo mostraba, año tras año, el ascenso de los delitos. El Frente Amplio arrancó con 9.000 rapiñas y terminó con 30.000. Fue el gran tema durante la elección y por eso mismo la ley le dio preferencia. Los resultados están a la vista.
A la inversa, el riesgo del “gatillo fácil” se ha desvanecido. Se decía, en tono apocalíptico, que establecer la presunción de que el policía actuaba -salvo prueba en contrario- dentro de la legalidad, llevaría inevitablemente al uso abusivo de las armas. Ha sido al revés: en estos 18 meses han sido abatidos por la Policía menos delincuentes que en el mismo lapso del gobierno anterior.
En lo que hace a la tan mentada “portabilidad numérica”, ésta resultó uno de los mayores fiascos de la oposición a la ley. El portavoz de Sutel, de palabra fuerte y actitud combativa, acaparó todos los medios con una denuncia sobre el daño que le significaría a Antel. Presumía que, establecido el derecho ciudadano a conservar su número de teléfono (hoy por hoy, segunda cédula de identidad) los clientes de Antel se cambiarían de empresa. Desconfiaban de la capacidad de competencia de una Antel que no por casualidad ya tenía la mitad del mercado. Con voz de tragedia sugerían que este era el primer paso para privatizar la empresa. Hasta anunciaron que marcharían a la Justicia. El hecho es que la empresa estatal salió con una campaña inteligente de publicidad y al día de hoy, lejos de perjudicarse, está ganando clientes.
Lo importante, lo relevante, es que el ciudadano ya se benefició de una competencia vigorosa entre todas las empresas.
En materia de educación, la pandemia ha producido, como es notorio, un impacto muy fuerte. Las autoridades docentes hicieron lo imposible por preservar la enseñanza presencial, mientras articulaban, al mismo tiempo, un uso masivo de los mecanismos digitales. Pese al terremoto que significó, se pusieron en marcha algunos programas fundamentales, como los Centros María Espínola, que son el corazón de una imprescindible transformación metodológica en la enseñanza media. Fueron 19 para comenzar y se duplicarán este año.
Mientras tanto, una investigación parlamentaria ha desnudado los abusos de la dirigencia sindical de Secundaria, la famosa Fenapes. También la subordinación de los consejeros oficiales frente a los gremiales, verdaderos titulares del poder en el manejo de la administración. Por esa razón es que estas gremiales maldicen la sustitución de los Consejos por Directores Generales, de mayor capacidad ejecutiva. Las gremiales han perdido poder pero no voz los profesores, que siguen eligiendo, mediante voto secreto, a dos miembros del Codicen, el órgano donde se definen las decisiones generales.
Los resultados de las pruebas de rendimiento marcaban un fuerte retroceso, para nuestra vergüenza, aun a nivel latinoamericano. Había que reaccionar, comenzar a cambiar. Lejos de reconocerse esa situación, se salió con desparpajo a afirmar que se privatizaba la educación. Ha quedado como un testimonio del desafuero de la dirigencia militante de la oposición. Naturalmente, ningún político responsable, por más opositor que fuera, se atrevió a avalar esa locura. La pregunta es: ¿volvemos para atrás?, ¿no intentamos nada ante el hecho de que la mitad de los muchachos no termina Secundaria y que los más pobres no alcanzan los rendimientos necesarios?
Ni hablemos de la repetida afirmación de que un despedido no puede reclamar, cuando el Ministerio de Trabajo y la Justicia aplican las leyes de siempre. Por supuesto, los gremios tienen toda la libertad que les asegura nuestro sistema democrático y el derecho de huelga, por si hiciera falta, está reasegurado en la LUC. Basta mirar los hechos, en todo caso, para comprobar que han mediado huelgas tan abusivas como la de Ancap, el puerto o como la que se anuncia de la banca oficial, que esperemos no se concrete. Lo que sí asegura la LUC es el derecho al trabajo de quien no está de acuerdo con la paralización y eso lo reclamaba la OIT. Es el equilibrio imprescindible entre un derecho y el otro. Otra historia son las ocupaciones, que no integran el derecho de huelga y que la misma OIT no considera legítimas. El propio gobierno de Mujica las prohibió, expresamente y por decreto, en los establecimientos públicos, como ocurrió días pasados en la UTU.
Retornemos entonces a la afirmación inicial. La LUC está funcionando. ¿Dónde están sus atropellos? Son visibles, en cambio, sus beneficios. Aunque no se crea que son tan claros, ¿por qué detener lo que está andando?, ¿por qué desmoralizar a la Policía?, ¿por qué asumir que en la educación no cambiará nada? ¿No es más lógico esperar resultados y juzgar al gobierno en noviembre de 2024?
Nos duele tener que escribir o hablar, todo el tiempo, para aclarar falsedades. No es verdad que haya mentiras de todos los lados. Las del Sí, están a la vista. En el No habrá, en ocasiones, algunos discursos exagerados, pero no mentiras.
Un debate en torno a falsedades degrada la democracia.
