Sobre  los servicios de inteligencia más allá del caso Astesiano

Jorge Nelson Chagas

En una carta que José Artigas le envía a uno de sus lugartenientes le informa: “Envié al Tío (Joaquín) Lencinas a espiar a los barcos portugueses”. Se preparaba una invasión desde el norte apoyada por Buenos Aires y Artigas lo sabía. Por eso usó a su hombre de confianza, el Tío Lencinas, también conocido como Ansina, para realizar esa tarea de inteligencia. (La carta está en el Archivo Artigas).

Según relata Carlos Manini Ríos en sus excelentes libros (“Anoche me llamó Batlle”, “Una nave en la tormenta” y “La Cerrillada”) los dirigentes de las fracciones rivales al batllismo – riveristas, sosistas y vieristas –  en los años ’20 tenían mucha precaución en sus conversaciones telefónicas, porque a Batlle y Ordoñez le llegaba esa información.

Estos dos ejemplos – se pueden citar otros – sirven para afirmar que el tema del espionaje, tanto en casos de guerra como de intrigas políticas,   no es nuevo en absoluto en la historia uruguaya. Uno de los baches históricos es que nos falta conocer al detalle cómo fue la creación del Departamento de Inteligencia y Enlace. Hace tiempo un dirigente colorado me expresó que se trató de una idea de Tomás Berreta para evitar un nuevo golpe de Estado como el de marzo de 1933.

Acaso esa fue la intención inicial, pero es seguro que con el paso del tiempo ese departamento policial monitoreaba  a potenciales ¿enemigos? de los gobiernos de turno. 

Poco sabemos de la historia de los servicios de inteligencia de las tres armas. Sin duda se perfeccionaron al calor del combate contra los grupos guerrilleros.  La información era vital para alcanzar la victoria.

¿Las democracias deben tener servicios de inteligencia para defenderse de quienes desean socavar las instituciones legítimas? Sí, por supuesto. Este no es el problema.  El problema es quién decide cuáles son los enemigos. Una cosa es un grupo armado que se mueve en la clandestinidad totalmente por fuera de toda norma legal. Otra son los partidos políticos y las organizaciones sociales, que actúan dentro la legalidad y si bien, pueden ser opositoras al gobierno de turno, no intentan derribar la institucionalidad democrática.

Por eso es vital que los servicios de inteligencia no se involucren en las luchas políticos partidarias o en los conflictos (normales) entre el gobierno y las fuerzas sociales. Las tareas de vigilancia son necesarias como escudo de la institucionalidad, pero no pueden ser armas para desprestigiar, extorsionar, calumniar o intimidar adversarios. Por eso la autonomía de los servicios  de inteligencia debe estar limitada muy claramente porque su accionar se desarrolla en forma secreta y la oposición política legal debe poder fiscalizar sus actividades.  

Admito que no es un tema sencillo porque tiene muchas implicancias. Pero si de algo ha servido algún episodio de pública notoriedad es para que podamos reflexionar sobre ello.