La seguridad en la nueva realidad social,
prioridad y criterio profesional
Zósimo Nogueira
La realidad y hechos del cotidiano, muestra que no se justifican leyes diferenciales por sexo en materia penal y menos que se denominen paritarias cuando son lo contrario. Ni el saber, virtud o violencia son patrimonio de una categoría en particular. Fuimos inundados de reclamos por parte de pequeños grupos de desplazados. Se legislo para favorecer a esos colectivos visibilizados y demandantes. Como consecuencia se generaron mayores inequidades. Se distorsiono el sentido de justicia.
Nuevas variables sepultan el criterio de que los más débiles fueron y son los niños y ancianos.
Esto que persiste en la naturaleza, el humano se empeña en cambiar.
En generaciones anteriores la figura femenina aparecía disminuida, retaceada en sus potencialidades, con dificultades y obstáculos que sortear. La actualidad no es así.
Cognitivamente no existe diferencia; ambos sexos pueden ranquear de manera similar.
La prueba es el desempeño. En la mayoría de las carreras universitarias hay mayoría de egresos femeninos.
Eso significa mejora social y salarial. Status, mayor acceso a las comodidades materiales.
En profesiones y tareas otrora exclusivas de hombres, hoy se destacan mujeres. Policía, Fuerzas armadas, Y amplia gama de oficios carpinteros, albañiles, panaderos etc.
Compiten en todo. Futbol, basquetbol, boxeo, artes marciales, tiro y cuanta disciplina aparezca
Integración total. Futbol masculino con arbitraje femenino, periodismo en todos los ámbitos.
Fiscalía y Justicia con abrumadora mayoría femenina.
Hay que retornar a la cordura, la equiparación e igualdad no puede construirse en base a privilegios y desigualdades.
Las marchas feministas continúan con agravios, obscenidades, agresiones a masculinos, a instituciones pacifistas como iglesias y centros educativos.
Comportamientos violentos alejados de la equiparación de derechos. La violencia no está en el género, si en el propio ser humano y a esos hombres y mujeres deben dirigirse las sanciones y medidas cautelares.
Dos barras programaron y se convocaron para una lucha colectiva en inmediaciones del nuevo centro. Convocaron masculinos y se pelearon mujeres. Vimos por las redes; violencia desenfrenada femenina. Ya no causa asombro.
La ley de género símbolo máximo de reivindicación femenina ha sido manipulada. La prueba de su imperfección está más visible que nunca.
Resoluciones judiciales perjudiciales al demandado por su masculinidad. Tobilleras, restricciones, desalojos. Sentencias y condenas de varones que se dicen inocentes y que finalizan con acuerdos abreviados
Bajo amenazas de prolongados tiempos de reclusión, angustiantes regateos para evitar una prisión con todas sus consecuencias.
Como un remate o la búsqueda del mejor precio. Buscar la verdad y confirmarla con pruebas paso a ser secundario. Basta la aceptación de culpa, no importa el cómo.
Con lo de Papaso se visualiza lo permeable, manipulable e injusto de esta legislación.
Ya se había visto con el caso de la denunciada y no probada violación del Cordón.
Ahora el imputado fue Yamandú Orsi, pre candidato presidencial del Frente Amplio, fuerza política promotora y responsable tanto del CPP como de la ley de género.
Era y es una manipulación de la ley de género, declaraciones públicas lo hacen evidente.
Que sea un factor determinante para reducir injusticias y se modifique o derogue esta nefasta ley.
El Frente Amplio por cuestiones electorales y necesidad del voto de esos colectivos da largas al asunto y se enfoca en suposiciones conspirativas.
Otro tema asociado. Que conspira con los esfuerzos que se realizan para mejorar la seguridad. Los consumidores de drogas y sus problemas de salud mental.
Deambulan por las calles, se instalan en lugares públicos y privados, colonizan espacios insalubres en donde acopian cartones, colchones, ropas, residuos generando temor e inseguridad al vecindario.
Éste sufre las consecuencias de sus conflictos internos, arrebatos, rastrillaje, mendicidad compulsiva y comportamientos promiscuos.
Un grupo de legisladores se despabilo y en Diputados elaboro y aprobó un proyecto de ley que habilita la internación compulsiva de estas personas. Falta el senado.
Esto reafirma algo que hace mucho planteo, la detención de los compradores de droga en las bocas.
Primera vez tratamiento ambulatorio, 2da vez con apercibimiento de que otra detención será causal de reclusión con tratamiento obligatorio.
Vamos por el mismo camino, es necesaria la construcción o adecuación de centros de atención de adicciones. Tantos como fueren necesarios.
Existen varias ONG pero hay poco involucramiento estatal, Se puede y debe mejorar.
Con estos problemas de salud mental y drogadicción se incrementaron los suicidios, y un colectivo visibilizado es el policial.
¿Cómo lograr una real disminución de riesgos y conductas suicidas?
Estos tres temas tratados están conectados e influyen en la performance policial.
Reducidos y minimizados permiten liberar espacios, reducir narcotráfico y narco menudeo, suicidios en la esfera policial, incrementar patrullaje y comunión policía-comunidad.
Cuando refiero a la diferente categorización entre hombres y mujeres no significa desatención a las denunciantes de violencia familiar, o violencia de género.
Por lo contrario emplear criterios profesionales. Racionalidad de medidas de protección y recursos asignados.
La mujer por su calidad de tal no amerita mayores recursos, la instalación de un servicio de protección requiere de un análisis profesional acorde al lugar y a la peligrosidad manifiesta del denunciado o presunto agresor.
La prioridad del Estado es protección de toda la comunidad, los individuos solo pueden y deben ser auxiliados ante riesgos reales y debidamente fundamentados.
Todo individuo tiene la facultad de defenderse con los medios razonables de que disponga, la familia y las amistades deben ser involucradas en el cuidado y estado de alerta de quién se considere en situación de riesgo.
Es desmedida y anti profesional la forma en que se brinda seguridad en muchos casos.
Quien demande protección debe ser restringido al mínimo en su movilidad.
Al igual que aquella persona que para protección de su patrimonio está en alerta o contrata un sereno, servicio 222 o un guardia privado. Lo debe realizar de su cargo.
Proponemos que el estado habilite locales múltiples, del tipo hotel en donde quienes denuncien amenazas, violencias domesticas o de género puedan inmediatamente ser alojados/as.
Edificios con custodia permanente policial, con profesionales abogados, sicólogos y asistentes sociales que le brinden apoyo y asesoramiento. También policías que alerten sobre movilidad, riesgos y comportamientos.
Con esta medida se libera mucho personal policial que puede retornar a sus tareas habituales, son varios cientos de efectivos. Se actúa con la premura necesaria, pues estos eventos cobran mayor intensidad a inicio del conflicto.
Ese edificio acondicionado con las comodidades básicas y medidas de seguridad necesarias, el servicio lo instala previa revisación un Oficial de la policía.
Se evitan improvisaciones y relaciones de dependencia por uso de espacios comunes.
En salud mental y suicidios de policías se lograran resultados con mejor selección de ingresos. El aspirante ha de ser objeto de testeo con énfasis en la capacidad de sortear situaciones de mayor stress.
La mayoría de aspirantes á ingreso buscan buen salario, cobertura médica y posibilidad de escalar jerárquicamente. Si carece de condiciones para soportar situaciones extremas debe ser desechado, no puede admitirse su ingreso.
Se ha detectado mucho involucramiento sentimental entre policías. Superiores y compañeros deben estar alerta y advertir situaciones de inestabilidad emocional y consumo problemático de sustancias.
Las acciones sobre tratamiento de adicciones y salud mental son determinantes para bajar la criminalidad. Menos consumo, más seguridad.