La sentencia Cristina Kirchner:
una advertencia regional
Guzmán A. Ifrán
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha confirmado de manera unánime la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la denominada ‘Causa Vialidad’. Esta resolución implica el cierre definitivo del proceso judicial, con una sentencia firme que ratifica lo actuado por las instancias anteriores, consolidando así uno de los fallos más trascendentes de la historia democrática argentina.
Durante los años comprendidos entre 2007 y 2015, se adjudicaron 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz a empresas vinculadas a Lázaro Báez, empresario señalado por la Justicia como testaferro del matrimonio Kirchner. La maniobra permitió desviar millones de dólares del erario público a través de sobreprecios, licitaciones dirigidas y obras inconclusas, en un esquema de corrupción sistémica que la Justicia consideró probado más allá de toda duda razonable.
La resolución de la Corte Suprema ratificó el fallo emitido en primera instancia por el Tribunal Oral Federal N° 2 y confirmado posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal. El máximo órgano judicial desestimó todos los recursos extraordinarios presentados por la defensa de la exmandataria, dejando en firme la condena. En términos institucionales, este hecho sienta un precedente sin igual: por primera vez en la historia argentina, una expresidenta es condenada con fallo firme a pena de prisión.
La expresidenta ha anunciado que se presentará voluntariamente en Comodoro Py para someterse al cumplimiento de la condena. Su defensa solicitó que esta se cumpla bajo modalidad de prisión domiciliaria, dada su edad, su condición de persona con custodia policial permanente y el antecedente de un intento de magnicidio ocurrido en 2022. Los jueces ya han verificado que su residencia cumple con los requisitos para dicho régimen, pero resta la resolución definitiva.
En el plano político, la condena ha generado múltiples reacciones. Desde el oficialismo argentino se celebra como un triunfo del estado de derecho y un paso en la consolidación de una justicia independiente. Desde sectores cercanos al kirchnerismo, en cambio, se denuncia una supuesta persecución judicial, enmarcada en el discurso del ‘lawfare’. La expresidenta sostiene que fue víctima de una operación político-judicial destinada a eliminarla de la arena electoral.
En Uruguay, la noticia también tuvo repercusión. Según informa la prensa nacional, dirigentes de todos los partidos se manifestaron al respecto. Desde sectores del Frente Amplio se optó por la cautela, apelando a la no injerencia en asuntos internos de otro país, aunque algunos dirigentes manifestaron su preocupación por los riesgos de judicialización de la política. Por su parte, voces del Partido Nacional y del Partido Colorado señalaron la importancia de que la Justicia actúe incluso frente a figuras de gran poder, reivindicando la transparencia institucional.
Este caso nos interpela como ciudadanos del continente. La corrupción estructural, cuando es cometida desde el más alto nivel del poder, no solo vacía al Estado de recursos, sino que deslegitima la función pública y erosiona la confianza democrática. Por eso, este fallo no debe ser visto como una simple disputa argentina, sino como una advertencia regional. En tiempos de desafección política, de polarización y de escepticismo cívico, la Justicia ha demostrado que puede actuar sin mirar jerarquías.
En definitiva, el uso del Estado como herramienta para el enriquecimiento personal y la perpetuación del poder constituye una de las formas más graves de traición al mandato público. Quienes ocupan cargos de gobierno deben responder no solo ante las urnas, sino también ante la ley. Desde Uruguay, saludamos que se haya ratificado una condena que afirma este principio. La función pública debe ejercerse con responsabilidad, honestidad y vocación de servicio. Solo así podrá recuperarse la dignidad de la política.
Guzmán A. Ifrán
