Las escuchas telefónicas y la divulgación de contenidos

Zósimo Nogueira

Un jerarca policial presuntamente corrupto, teléfonos intervenidos por casi 10 meses y el nombre de un político con quien mantuvo diálogos telefónicos.

Dice el fiscal del caso que el ministro de turismo Germán Cardozo según las escuchas no resulta implicado en ninguna actividad criminal o delictiva, pero que tiene una gran amistad con el policía “acusado de corrupción”

Como consecuencia de esos dichos se instala en la comunidad, prensa y ámbitos políticos un manto de sospecha y suspicacia sobre Cardozo.

Lo expone a indagatorias debiendo explicar cosas de su ámbito privado porque fue puesto en el tapete.

Dice que está todo bien, que no constato ningún delito de parte del ministro. O sea, sus diálogos fueron evaluados y analizados.

Pero … un presunto corrupto le hacía favores y para realizarlos salteaba todos los procedimientos que cualquier ciudadano tiene que realizar si tiene algún inconveniente y utilizaba la maquinaria del estado en requerimiento de esas solicitudes.

El jerarca policial que se desempeñaba como coordinador en la jefatura de policía de Maldonado, a quién no conozco y con quién nunca traté, es el comisario mayor Fernando Ariel Pereira batista.

El fiscal interviniente Dr. Jorge Vaz le solicitó al juez Vital Rodríguez 120 días de prisión preventiva.

El juez decidió arresto domiciliario por tres meses, prohibición de salir del país y retención de documentación de viaje.

El fiscal apeló y el tribunal revocó la sentencia judicial.

De estos datos periodísticos y de expresiones públicas del fiscal, surge que a este jerarca venal y trasgresor se le imputa de 5 acciones delictivas: omisión del funcionario público. Reiterados delitos de abuso de funciones; delito continuado de faena clandestina; delito continuado de revelación de secreto; y omisión contumacial de los deberes del cargo.

¿Teléfonos intervenidos por 10 meses para este tipo de delitos?

Se dice de un testigo protegido, quién citado por el fiscal en la audiencia reveló que Pereyra avisaba a delincuentes de los allanamientos y que usaba nafta y bienes públicos para provecho propio. Que el ministro de turismo le solicitaba determinadas actuaciones policiales, solicitudes particulares y el coordinador los hace disponiendo móviles.

En varias oportunidades el fiscal dijo que no se está investigando al ministro, ni surge que haya cometido delito alguno.

Pregunto. En el curso de casi 10 meses ese teléfono del policía Pereira ¿estaba en línea directa y exclusiva con Germán Cardozo?

Todo el contexto indica que no, entonces porque lo divulga.

¿Está en sus potestades dar trascendidos selectivos a la prensa sobre una investigación en proceso? ¿Cómo se repara el daño moral y político?

Quiero aclarar que no me une ninguna relación al ministro Cardozo, simplemente pertenecemos a la misma colectividad política pero en distintas agrupaciones.

Como es sabido, de inmediato de estos trascendidos Germán Cardozo debió informar y dar explicaciones al Presidente de la República, al Ejecutivo del Partido Colorado, a la concertación de partidos gobernantes y a políticos opositores; muchos de los cuales aprovechan para golpearlo igual que nuestra colectividad política.

Ha sido tema de debate en programas periodísticos.

¿Cuál es el límite del poder y responsabilidad de los fiscales?

Una vez constatado la comisión de un delito, ¿cuál es su responsabilidad?

Por que no se intervino impidiendo así la continuidad de una actividad delictiva.

¿No hay omisión de parte de los investigadores?

¿Cómo se clasifica y controla el uso de la información?; ¿sobre el caso y ajena al caso?.  Cosas personales, intimidades, secretos.

¿Quién regula y selecciona la información procesada?, porque se menciona a un interlocutor de un investigado y no a todos.

¿Cada cuánto se informa al juez sobre el tenor de las escuchas? 

Creo que no corresponde mencionar a nadie que no sea incriminado.

Esto debería dar lugar a un gran debate, parece ser que todos estamos expuestos y somos vulnerables. 

Volvemos al dilema del “guardián” y al testigo protegido.

Urge regular las escuchas telefónicas, y el manejo de la información 

Así como se sanciona a quién pasa una información para cometer una actividad ilícita, también debe ser sancionado quién difunde cuestiones legítimas de espacios personales.

En este caso, también veo una gran mescolanza de lo administrativo con lo penal.

Si este policía usaba combustible y vehículos del estado de forma indebida.  Sus superiores. ¿lo ignoraban?

Hay límites muy delgados entre lo correcto e incorrecto, entre lo legitimo y lo ilegitimo en la función pública.

El uso de la locomoción oficial, o la telefonía, por ejemplo.

¿Cuál es el límite de uso debido?

Está mal, está prohibido alcanzar a un funcionario policial a su casa al finalizar una jornada extenuante, o simplemente porque se siente mal.

Que la familia o amigos lo llamen al teléfono provisto por el Estado para la función o viceversa y hablen de temas personales. O con alguna persona denunciante de un hecho que se investiga. O solo se puede trasladar o hablar con el testigo protegido, aquel que delata a alguien y pide protección.

Casi todas las personas que concurren al ministerio del interior, o a las diversas unidades policiales van a plantear problemas de convivencia, de delincuencia, o de la institución. ¿hay un procedimiento reglado para todo?

No se entrará en omisión cuando alguien viene a plantear un problema, no se le atiende, se exige una rutina y ocurre el desenlace negativo que se pudo evitar.

Quién fija las prioridades. Un fiscal que actúa en un caso colateral.

Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar las acciones ilegales, pero también la obligación de tramitar las inquietudes de la ciudadanía.

Las razones de parentesco o afinidad no son impedimento.

Eso lo determinará el receptor del planteamiento.

La conjunción del interés público con el privado es otra cosa.

En el caso de los políticos eso es superlativo. Ocupa un cargo público y debe responder a un proyecto político, se debe a la comunidad.

O los fiscales en su ámbito jerárquico no responden a las coordenadas que establecen los mandos administrativos.

Si se prueban delitos, quien los comete policía, político o cualquiera que lo pague.

Pero los representantes del estado que aplican justicia debieran ser más cautos en sus apreciaciones y comentarios a la prensa.

Debieran ser tan celosos de la guarda de secretos, como lo son cuando incriminan y castigan a quienes los develan.  En este tema hay mucha tela que cortar.

Lo hablaba con un amigo abogado y docente, me decía que sobre las escuchas, lo prolongado de las mismas y la difusión de contenidos, hay que legislar. Que da para mucho y que lo va a analizar con su alumnado.

Para bien de la comunidad, incluso de los infractores este tema merece una atención especial, debe ser regulado.

La vida privada de las personas debe ser protegida.

Las escuchas telefónicas como se hacen en nuestro país invaden espacios y cercenan derechos, deben ser objeto de correcciones.