Las reglas del juego

César García Acosta

El rol de cada uno en la política tiene más que ver con perspectivas que con sinrazones. Por eso los debates donde se defiende o se ataca a un gobierno, casi siempre resultan estériles y ofician, en el mejor de los casos, como límite para que «Catón el censor» no ensanche la base de sus silencios. Ese rol que en la política es un riesgo, tan anacrónico por su desapego de la verdad, aumenta su riesgo en tiempos electorales. En este contexto la gobernanza local como la nacional son un desafío. Los ejemplos que exploraremos en esta columna pautarán seguranente las discusiones que vendrán. El presidente Yamandú Orsi, por su trayectoria personal y hasta por su historia, no podrá mantenerse al margen ni de reivindicaciones ni de decisiones. ¿Hasta dónde defenderá la descentralización que tanto pregonó, y cuánto estará dispuesto a descentralizar?, serán los desafíos que marcarán su gestión. Deberá elegir entre defender el ingreso de los trabajadores ante el dilema de la desindexación salarial. Para el Frente Amplio esto será como un cruce de caminos.

Alcanza con considerar que nuestra última reforma constitucional (que ya tiene casi 30 años), nos dejó de regalo que, al separar en el tiempo las elecciones nacionales de las locales (Intendencias y Municipios), la negociación por la participación de los fondos impositivos centralizados en el gobierno nacional, lo que debe plasmarse en el presupuesto –y por lo tanto ser cosa juzgada- antes del mes de junio del primer año del mandato, deriva en que no sean los Intendentes elegidos en mayo quienes enfrentarán bajo su responsabilidad este proceso, sino quienes ocupan hoy esos cargos y que cesan justo cuando estas negociaciones se hagan efectivas.

Otro aspecto relevante es la gobernanza uruguaya. No estamos en un país federal sino unitario. Dicho esto, hagamos la salvedad de que las leyes de descentralización aprobadas por el primer gobierno del Frente Amplio construyeron una suerte de mundillo libertario donde quien es elegido como Alcalde por el voto popular, está sometido funcional y políticamente al Intendente como titular político del gobierno local. Esto ace que tengamos una descentralización donde brilla por su ausencia la desconcentración del poder, y su institucionalidad, por ese solo hecho, confronta radicalmente al titular de los dineros públicos locales, el Intendente, con los alcaldes desperdigados por todo el país.

En Uruguay es un clásico ponerles a las cosas nombres que no los definen. Decimos: “siéntate EN la mesa” cuando en realidad el concepto es “siéntate A la esa”, porque la mesa sirve para apoyarse mientras la silla para sentarse.

Decimos que tenemos alcaldes cuando lo que hay son Municipios, a quienes les damos un territorio que no sólo no gobiernan, sino que tampoco pueden atender –en el acierto o en el error- en actividades tan elementales como el tránsito de sus calles, el trazado de la organización interna, el manejo de sus centralidades, o el relacionamiento de trámites tan simples como tramitar una licencia de conducir o abonar una multa de tránsito o pedir una habilitación edilicia. En los hechos todo termina en manos del Intendente casi igual que en 1918.

En este contexto de debates, la desindexación de los salarios que es un planteo que ha realizado con insistencia el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, incluso cuando todavía no había ganado el Frente Amplio, agranda la brecha de las diferencias adentro de la coalición de izquierda, y en el ámbito sindical.

Oddone lo ha planteado como una posible solución para mantener el proceso de reducción de la inflación, que ha evolucionado a la baja en el último período, una tendencia que él pretende mantener.

El problema que plantean dirigentes frenteamplistas y sindicales es que la desindexación de los salarios implica necesariamente, tarde o temprano, una pérdida de salario real para que se cumpla la premisa de la desinflación.

En síntesis, Oddone ha planteado que la baja inflación mantenida en los últimos meses, dentro del rango meta, «es un logro» del gobierno saliente, pero «no es muy sostenible en el tiempo» porque se ha debido, entre otros factores, a la evolución del precio del dólar.

Ha dicho, en cambio, que es «partidario de consolidar este nivel de inflación», e incluso reducirlo, «buscando un camino alternativo», y en su opinión, «hay que desindexar«.

Si bien ha marcado que es necesario que aumenten los salarios más sumergidos, señaló que hay un universo de trabajadores que pueden negociar sus acuerdos salariales de formas distintas a las actuales.

En este contexto nuevamente en Uruguay se apela a ponerle un nombre distinto a la realidad: hoy el concepto a reformular será la indexación salarial, que básicamente significa indexar una variable, como por ejemplo el salario determinando que ajuste automáticamente por un índice, como puede ser el de precios del consumo (IPC), que mide la inflación como el aumento generalizado y sostenido de los precios.

Estos mecanismos se establecen en las pautas salariales de las negociaciones colectivas, donde intervienen empresarios, sindicatos y el gobierno. En Uruguay suele fijarse que automáticamente, pase lo que pase, se va a ajustar el salario a la evolución de la inflación —incluyendo inflación proyectada— para evitar que los empleados pierdan poder de compra, lo que se conoce como salario real.

Desindexar, en tanto, es caminar en sentido inverso. Esto implica dejar de establecer en las negociaciones colectivas que los salarios se ajusten automáticamente por inflación cada seis meses, frecuencia que habitualmente se aplica en Uruguay.

La idea de Oddone es que los ajustes salariales de un determinado universo de trabajadores ya no persigan el IPC, sino que evolucionen por otros factores. Entre ellos podría aparecer el de la productividad.