Necesarios recursos para el interior
Marcelo Gioscia
Ante la próxima remisión del Presupuesto Nacional, los tiempos se acortan para acordar con el Poder Ejecutivo, tanto el porcentaje que se destinará del mismo a los Departamentos del Interior de nuestro país, como las alícuotas que se destinarán a cada uno de ellos para destinarlo a sus planes de desarrollo y proyectos de descentralización administrativa. En estas negociaciones, intervienen necesariamente y por mandato constitucional la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto por el Poder Ejecutivo) y el Congreso de Intendentes, quienes buscan acordar los montos de estos recursos y la distribución de dichas alícuotas.
A nadie puede escapar que no es un tema de menor cuantía, pues tiene íntima relación con equilibrar las reales “asimetrías” que existen entre los distintos territorios y ello se vincula estrechamente, con la calidad de vida de nuestra población, repartida en forma desigual en el territorio de la República, cada una con sus particularidades. Desde la reforma constitucional de 1996, se dispuso a crear un Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) que se nutre con un porcentaje de los recursos que provienen de impuestos nacionales y que se generan en los mismos departamentos según mandata el Art. 298 de la Constitución.
Sabido es que los recursos disponibles son “siempre escasos”, y también que los Gobiernos Departamentales asumen costos de servicios en beneficio de sus habitantes, que no les correspondería atento a que exceden su materia específica y que deberían ser atendidos por el Gobierno Nacional. El Art. 214 literal C de nuestra Carta Magna, establece claramente que los GG DD tendrán derecho a recibir recursos de acuerdo a un porcentaje que se acuerde de ese Presupuesto Nacional y a esos efectos por el artículo 230 de la Constitución se instituye una Comisión Sectorial (cuyos delegados titulares y suplentes se eligen en el Congreso de Intendentes y en los Ministerios competentes) la que tiene la función de proponer planes de descentralización, los que previa aprobación del Poder Ejecutivo se aplicarán por los organismos que correspondan.
A fin de subsanar esas “asimetrías”, que, en criollo, no son otra cosa que crudas desigualdades, las Intendencias con menos ingresos, son las que debieran recibir más recursos. Hicieron bien los Intendentes que se reunieron con el director de la OPP en plantear con firmeza sus aspiraciones.
Los gobiernos departamentales que representan deben ser contemplados en la asignación de esos recursos financieros (muchos de los cuales se generan en sus territorios y que van a Rentas Generales) y lograr incrementarlos, para poder eliminar diferencias presupuestales que permitan brindar mejores servicios (por ejemplo, en caminería) a sus poblaciones, tantas veces alejadas de los centros de las ciudades.
Según lo que ha trascendido, debiera mantenerse el porcentaje del Presupuesto Nacional del 3.33% que viene asignándose a las Intendencias desde el año 2005, con un mínimo anual equivalente al que recibieron este año, con más los reajustes por IPC si es que se pretende alcanzar un acuerdo, el que, por cierto, tampoco será totalmente suficiente para nivelar las desigualdades existentes.
