Política nacional

Nubes de tormenta en el horizonte

Jorge Nelson Chagas

El 4 de diciembre de 1980, Enrique Tarigo escribió un editorial en Opinar, donde urgió al gobierno a abrir canales de diálogo. Pero un párrafo generó molestias en el Partido Nacional. Fue cuando se refirió a la Comisión de los Diez como el interlocutor válido del régimen, ignorando al Triunvirato (Heber, Dardo Ortiz y Carlos Julio Pereyra). Lo que sucedía es que el coloradismo antidictatorial prefería que la conducción del nacionalismo recayera en la Comisión de los Diez – integrada por figuras tradicionales y veteranas sin representatividad –  porque ejercía una oposición más moderada.

Tarigo se había metido en la interna nacionalista y a Wilson no le gustó nada. “Es lo único que faltaba. Preocúpese el Sr. Tarigo de poner su casa en orden, y no se ponga a elegirle representantes al Partido Nacional, que no necesita de su concurso para designarlos”, expresó el líder blanco a en una carta enviada a Carlos Julio Pereyra.  Dudo que Tarigo actuara por la libre. A mi entender el batllismo enviaba un claro mensaje al Partido Nacional: no saldremos de la dictadura confrontando, sino negociando. Y todo indicaba que los nacionalistas no estaban totalmente dispuestos a seguir ese camino.

El 27 de enero de 1981, el ministro de Economía Valentín Arismendi antes de partir a EE.UU. hizo declaraciones que dejaban entrever futuras dificultades. Los años de prosperidad estaban llegando a su fin y se ingresaba lentamente a un ciclo recesivo.  El instrumento de «la tablita» consistía en un cronograma en el que se establecía la futura cotización del dólar día por día a varios meses de plazo. El mismo se implementaba dentro de una política económica  denominada «liberalismo estabilizador» , basada en el libre movimiento de capitales internacionales y un alto grado de apertura comercial, donde el Estado debía manejar los instrumentos del sector externo y financiero (comercio exterior, capital extranjero), priorizando los  objetivos de estabilizar el tipo de cambio y los precios internos. Este tipo de política económica buscaba crear las condiciones para un centro financiero internacional en el país.

A su vez, durante el período 1978-1980 la fuerte sobrevaluación de la moneda argentina constituyó un factor de gran importancia para la economía uruguaya, ya que determinó una abundante deiianda adicional en el mercado interno. Ello contribuyó a generar un fuerte incremento de la actividad económica —el producto interno bruto aumentó 18% en ese lapso— y también un ascenso significativo del nivel de los precios al consumidor —que subieron 83% en 1979. Otra proyección de la situación argentina fue el fuerte aporte realizado por residentes de ese país a la construcción de viviendas —especialmente en balnearios— lo que generó, a su vez, efectos expansivos rápidos e importantes sobre numerosas otras actividades.

Al mismo tiempo, el incremento del ingreso de los estratos medios y altos y el abundante financiamiento disponible estimularon la demanda de automóviles, para los cuales existía un mercado potencial importante, ya que el parque automotor ¡era uno de los más viejos de América Latina! La naciente industria de armado de automóviles recibió así un fuerte impulso, que hizo que su producción creciera 83% entre 1978 y 1980, incentivando de paso a algunas ramas industriales que la abastecen de insumos, como las del cuero y del caucho.

Sí, en la dictadura hubo prosperidad real. No es la primera vez que lo afirmo. Y aunque fue una prosperidad con distribución regresiva – la torta creció, pero los trabajadores apenas probaron migajas y no podían protestar-, la sensación que las cosas habían mejorado era real.  

“Fuimos muy ingenuos políticamente, debimos apurar la transición cuando todavía había vacas gordas y evitar comernos el garrón que vino después”, me confesó años atrás uno de los hombres de la dictadura. El problema es que era una reflexión sin dudas sincera, pero que la hacía “con el diario del lunes”. En realidad el régimen, tras perder el plebiscito,  no demostró mucho apuro en encaminar la transición pese a las nubes de tormenta que el equipo económico avistaba en el horizonte. Es probable que no pensaran que la crisis iba a ser tan profunda. (Esto no es un problema de los militares. Los políticos suelen cometer los mismos errores. Basta con recordar el año 2001: el caso omiso del gobierno a las luces amarillas que se encendían por todos lados)

A mediados de julio, el ministro del Interior comenzó a citar a su despacho a políticos proscriptos de los partidos tradicionales y a los largo de diez días se establecieron los alcances del nuevo rumbo. Hubo desproscripciones y  el 28 de julio se conoció el Acta Institucional Nro.  11: la transición duraría tres años, se definía la elección de nuevo presidente y se ampliaban las competencias del Consejo de Estado.

Al margen de esto, la interna militar había  soportado una grave crisis en el mes de mayo que favorecería los planes del general Gregorio Álvarez.

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