Orígenes del batllismo: Vino nuevo en odres viejos.
Miguel Lagrotta
En 1865 se planteaba la necesidad de que el naciente Estado uruguayo iniciara una política proteccionista con el objetivo de estimular el desarrollo de la industria nacional. Esto tenía origen en círculos universitarios con debates restringidos a un ambiente pequeño y académico. Sin embargo, en 1875 comienzan a aplicarse las primeras acciones estatales proteccionistas durante el inicio del denominado militarismo. O sea, según la mayoría de los historiadores del período afirman que el intervencionismo es una idea desarrollada en nuestro país bastante antes del período batllista. Fue el resultado de las demandas de los grupos de presión de protección a sus actividades. Barran y Nahum en su obra “Batlle, los estancieros y el Imperio británico” afirman que el “proteccionismo aduanero adoptado por las leyes sucesivas de 1875,1882 y 1888 anunció el batllista de 1912”.
Como antecedente claro tenemos el decreto del Dr. Andrés Lamas cuyo objetivo concreto era aumentar la recaudación fiscal. Otras medidas ya en el siglo XX incluyen la exoneración de los derechos de aduana a la maquinaria y a las materias primas que importe la industria que pida protección y se acompaña con el aumento de los impuestos a los productos extranjeros competitivos. Recién “el 12 de octubre de 1912 quedará aprobada una ley que sistematiza el proteccionismo y deja al Poder Ejecutivo su aplicación” Coincidiendo con Jaime Yaffé “(…) El Estado intervencionista en lo económico y social no germinó con José Batlle y Ordóñez, pero sí se afirmó y expandió bajo sus gobiernos. El aporte específico de este primer batllismo fue el de profundizar ese intervencionismo ya existente y darle una orientación preferencial hacia los sectores populares urbanos de aquel Uruguay de principios de siglo” (Yaffé, 2001). Desde filas batllistas, el economista quincista Alberto Bensión señalaba que “(…) la protección a la industria ya venía existiendo desde la década de 1870(…) A fines del siglo XIX, ya era visible el descenso de la importación de bienes de consumo, justamente como consecuencia de las diversas medidas que buscaban obstaculizar la importación para favorecer la producción nacional de esos mismos artículos…” Entre los grupos de opinión tenemos la “Liga Industrial” que en abril de 1880 decide publicar un periódico que tenía como objetivo tomar “el puesto de defensores de todos los legítimos intereses de la industria nacional o sea la defensa de las numerosas clases que componen el gremio de los industriales que, utilizando las materias primeras producidas en el país o importadas del extranjero se dedican a elaborarlas en forma y condiciones de hacerlas útiles o aplicables a las necesidades y goces de la vida humana”(Liga Industrial, 1880). Las primeras intervenciones estatales en materia económica la podemos encontrar a partir de 1884 con referencia a los emprendimientos ferroviarios: “En 1884 por primera vez el poder político defendió la intervención estatal en el terreno económico, o al menos la creyó justificada en el caso de los ferrocarriles. Aunque para atraer las inversiones británicas concedió una garantía del 7% sobre el capital necesario para tender los rieles, fijó los troncos principales de la red, se arrogó el derecho de intervenir en la fijación de las tarifas si las ganancias de las empresas sobrepasaban el 12% y también el de expropiarlas luego de plazo de gracia de 25 años” Se produce un fuerte debate a nivel académico en el cual los estudiantes y profesores de la Universidad pensaban justo y necesario que el estado intervenga en materia de emprendimientos ferroviarios. Incluso afirmaban que la regulación estatal podría limitar los efectos de un monopolio liso y llano, Acá se sigue el pensamiento de John Stuart Mill en el texto Fouillée “Historia general de la filosofía inglesa”. “Es inevitable. Por ejemplo, que los caminos de hierro constituyan un monopolio. En efecto, en la construcción de los caminos de hierro, aunque fuere libre, al exigir grandes capitales y largos años de trabajo, esta claro que es imposible la competencia(…) el Estado tiene el derecho reconocido de limitar las ganancias colocando un precio a las tarifas(…) De este manera el Estado evita el abuso del monopolio, y además recibe una compensación, primero, por el reconocimiento del camino de hierro como propiedad perteneciente a tal sociedad; segundo por la protección de esta propiedad” Es durante el periodo batllista que el Estado alcanza el carácter universal de representación de la sociedad en su conjunto. La principal preocupación del batllismo era atender las demandas de los sectores populares nivelando o amortiguando las desigualdades socioeconómicas, este es el aspecto renovador y el éxito de su política: “vino nuevo en odres viejos” Los liberales y los constitucionalistas también aceptaban esta idea, con reparos, claro. Era contundente la idea de que el crecimiento económico de la sociedad tenía la intervención estatal como apoyo decisivo. Como primera conclusión vale citar al rector de la Universidad de la República Dr. Eduardo Acevedo cunado hace mención al inicio de las reformas llevadas adelante Batlle y Ordóñez: “Y llega ahora la oportunidad de que exprese al distinguido ciudadano que preside los destinos de la República, y que nos hace el honor de asistir a este acto, mi más vivo agradecimiento por su cooperación a esa reformas universitarias y a todas las otras que corren impresas en la memoria anual que circula en nuestras manos. Gracias a su valiosa ayuda y a la de sus ilustrados ministros de Fomento, de Hacienda y de Gobierno, secundada vigorosamente por la anterior legislatura, la Universidad acaba de recibir un impulso considerable (…) ni una sola de las iniciativas del Consejo Universitario ha encontrado resistencia en el seno del Poder Ejecutivo…”
Las reformas fueron impulsadas y legisladas desde el gobierno. En ese proceso participaron otros grupos políticos del país que muchas contribuyeron con sus propios proyectos a la reforma. Las principales transformaciones en materia económica se relacionaron con la nacionalización, la estatización y el fomento de la industria. Con estas medidas se buscaba crear trabajo y tener una mayor independencia económica. En esa época, el Uruguay era uno de los países más avanzados en cuanto a legislación laboral. Fue entonces cuando se crearon varias leyes de protección a los obreros. Otra reforma social importante fue la legalización del divorcio. La reforma política propuesta por el batllismo marcó el fin de la Constitución de 1830 y la ampliación del derecho al voto a todos los hombres mayores de 18 años. Ver: Delio Machado, L. M. Nuevo enfoque sobre los orígenes intelectuales del Batllismo. FCU 2007
