Plebiscitos

“La manía uruguaya del reformismo constitucional”

César García Acosta

Enrique Tarigo criticaba la «manía uruguaya del reformismo constitucional». Parafraseando a Aréchaga, sobre la reforma de la Carta de 1942, decía: «un sistema de instituciones tiene siempre un alma y un espíritu, y ningún sistema de instituciones funciona bien en cuanto los hombres llamados a ejercer el poder no comprendan con exactitud cuál es el alma de ese sistema. Todo sistema democrático a base de partidos requiere de los partidos de la oposición que no confundan el ejercicio del contralor bien intencionado sobre los actos de gobierno, con el escándalo sistemático que compromete el prestigio de las instituciones». A 35 años de estos dichos -los radicales uruguayos- sin importar sean de derechas o de izquierdas, la emprenden nuevamente contra la Constitución y piden modificarla para regular la seguridad social, el endeudamiento familiar y ahora, como si se tratase de un derecho inalienable, tambi{en pretenden limitar las autonomías de los gobiernos departamentales para que no puedan contratar personal, vistiendo de dignidad social el avasallamiento del Estado entodos sus matices. Como decía Tarigo las dificultades del país, que sí las hay, no son de naturaleza constitucional sino política, y no pasan por una reforma; hacerlo, sin dudarlo, afectaría el crédito para aquél que no tiene más garantía que su sola palabra, tanto como al potencial jubilado, al joven con expectativas de ser contratado, o al deudor contumaz, como si la sola reforma de la Carta supusiera que por el solo poder de la legalidad, se les volveria a reconocer el crédito perdido.

Con el empuje del PIT-CNT se están recolectando firmas para impulsar un plebiscito de reforma constitucional para derogar las AFAP, y al mismo tiempo determinar que la edad de jubilación se mantenga en 60 años y que sus montos mínimos queden por encima del salario mínimo nacional.

Del otro lado del imaginario político también se levantan versiones reformistas. Cabildo Abierto, la extrema derecha, pretende ir contra la usura y por una deuda justa. Su objetivo es establecer un interés máximo «por todo concepto en una Tasa Efectiva Anual del 30%», así como que «todas las deudas contraídas antes del 18 de julio de 2023, ya sea en moneda nacional, en moneda extranjera o en unidades reajustables, podrán ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido, convertido a UI al valor de la fecha de otorgamiento del contrato originario, en las siguientes condiciones: al monto resultante se le aplicará una Tasa Efectiva Anual del 4% (cuatro por ciento) por concepto de intereses, multas, moras, recargos y cualquier otro tipo de gastos, descontándose a dicho monto los pagos ya efectuados por el deudor por todo concepto, convertidos a UI».

A todo esto se suma la fanática lucha por la dignidad del extinto correligionario Adrián Peña para limitar a los Intendentes a contratar personal. Es como si a Peña la ira contra «los punteros» o dirigentes políticos municipales, debe constituirse en un objetivo de lucha contra los antisistema. Pero lo de Peña, que como actitud no ha sido un hecho aislado, debe observarse como parte de una conducta. Peña fue quien acuso en el coloradismo a Jorge Batlle, denunciándolo ante el Tribunal de Etica, por promover su desafiliación por haber promovido -en San José- la candidatura a Intendente del actual ministro José Luis Falero. La única condición de Jorge en la antesala de la «coalición republicana», era que Falero admitiera como condición, que el coloradismo en sus listas mantuviera la dignidad de sus banderas. Paradójicamente mientras Peña fue Ministro de Ambiente, su colega en Transporte y Obras Públicas, fue el mismo por el que había censurado, a modo de castigo, a Jorge Batlle.

Releer los 28 minutos de la defensa de Peña a su proyecto de ley antimunicipalista, días antes de su trágico y seguramente evitable desenlace, deja en evidencia que lo suyo no era un problema constitucional ni legal, sino un claro interés político para frenar en el interior una organización que le resultaba adversa a su agrupación “Ciudadanos”: limita al gobierno de turno por poder político y no por el interés colectivo.

No ver esto, es miopía, porque su idea ni impedía contratar sino condicionar.

Este mundillo plebiscitario hace que la visión del país se pose sobre una lupa imaginaria que sólo alimentará la controversia, radicalizará al país, desgastará y desacreditará al poner todo en tela de juicio: la democracia al dudar del voto a los Intendentes, a buscar por sí misma una seguridad social  más conveniente, o poner en «jaque mate» al préstamo del dinero, derivará en la incerteza jurídica y económica que hará débil al país.

Yendo al plebiscito por la seguridad social, el politólogo Antonio Cardarello aseguró que “en el PIT-CNT … primó lo que fue la recolección de firmas para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), que fue un «éxito», pese a no lograr el objetivo final por un escaso margen. Para el académico, en este plebiscito el movimiento sindical ve una posibilidad de actuar «contra el gobierno». La postura que ganó, que era la que promovió desde un principio la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), es la «más radical», según opinó, puesto que «va más allá» y propone derogar las AFAP, por ejemplo.”

Otro politólogo, Mauro Casa, dijo que triunfó la opción «maximalista». Opinó que si se aprueba el plebiscito a la Constitución se le imprimirá «una enorme rigidez a las políticas públicas, porque el día de mañana puede haber consideraciones por las cuales el país entendiera que sería mejor cambiar alguno de estos aspectos».

Por eso insistía Tarigo en que «el fenómeno reformista adquiere… el carácter de manía, de delirio, de extravagancia, de capricho. De subterfugio, quizá, para engañarnos a nosotros mismos. De búsqueda inconsciente de un chivo emisario en quien descargar el furor sustitutivo de la tarea inteligente, esforzada, perseverante y callada de todos los días.»

La manía de la reforma constitucional tiene un límite que debemos vigilar: el republicanismo, y debemos asumir que más allá de las capacidades jurídicas parlamentaristas, otorgar espacio a la especialización de los gobiernos, como los departamentales, en un país unitario y centralizado, bien vale la pena en favor de la tan mentada participación ciudadana.