Rabo de paja

Hugo Machín Fajardo

«Cuando la razón se haga popular, entonces la libertad no estará lejos.» (Diderot) Desde la Comuna de París (1870) —para ubicar un contexto—  la izquierda marxista no consideró válida la justicia entendiendo que era una «justicia burguesa», que no satisfacía las necesidades de toda la sociedad. ‎Tampoco aceptaba la división de los tres poderes definida en 1748 por Montesquieu en «El Espíritu de las Leyes». ‎Solamente cuando triunfara la revolución obrero-campesina habría una justicia real que el Estado liberal no satisfacía.

‎Por cierto que la justicia en sistemas democráticos adoleció y adolece de serias deficiencias y omisiones, dónde el acceso a la misma no es de las menores. De ahí el aforismo popular: «La justicia es una víbora que muerde a quienes andan descalzos».

‎Y el siglo que fue desde 1917 a 1989, siguiendo a Eric Hobsbawm, supo de múltiples episodios significativos sobre el accionar de la justicia en democracia y la aplicada en las revoluciones.

‎La muerte de Sacco y Vanzetti en 1927 es un símbolo, como lo son los cientos de miles de casos de abuso sexual infantil impunes. Los procesos de Moscú de 1936 y 1938, o de La Habana, en 1989, también lo son. 

‎Hoy sabemos que luego de las revoluciones no hubo  «justicia proletaria» ni justicia.

‎En los países en que se instauró el «hombre nuevo», fue el partido único el que determinó. Sin perjuicio de la existencia de constituciones, magistrados, teóricos del nuevo derecho: «el régimen socialista asegura la ampliación de los derechos y libertades y el constante mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos a medida que se cumplen los programas de desarrollo socioeconómico y cultural», decía la Constitución de 1977 de la ex URSS.

Toda aquella gran farsa se la llevó la implosión del llamado «socialismo real» ocurrida en 1991.

Prevalecía el apotegma castrista: «Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución, nada».

Y «la Revolución» era lo que definía — y define— el partido único.

‎La izquierda en el Siglo XX accedió al gobierno por vía electoral. Primero, en diferente países de Europa, y luego, en países de Latinoamérica. Y aceptó el Estado de Derecho, la institucionalidad, la división de poderes y, por supuesto, el funcionamiento de la justicia.

‎Pero ocurre que cuando esa misma justicia inicia una investigación con base a indicios de hechos ilícitos cometidos por ‎gobernantes de izquierda, en estos se produce un retroceso mental: vuelven al siglo XIX: «es un ataque del enemigo de clase» contra el presidente progresista: lawfare, concepto que alude a una supuesta guerra jurídica con el propósito de neutralizar a opositores políticos mediante el abuso de poder.

Paradoja: esa utilización de la justicia que Cristina Fernández de Kirchner (CFK) pretende hacernos creer que existe contra ella, hoy sabemos que fue el instrumento del otrora «socialismo real» para enviar opositores al gulag, a las «clínicas  psiquiátricas», a campos de reeducación, o al paredón, a millones de opositores.

‎En esa línea de falseamiento el ex vicepresidente uruguayo de izquierda, el renunciado Raúl Sendic (h), acuñó la máxima: «Si es de izquierda no es corrupto, si es corrupto no es de izquierda».

‎La visita de Luiz Inácio da Silva, Lula, presidente de Brasil, a CFK obedece a ese retroceso mental. Que se traduce en un engaño hecho a conciencia contra millones de argentinos y brasileños a quienes ambos líderes progresistas solamente ven como electores.

En contradicción con la visita a la presidiaria argentina, Lula da Silva, hace un mes visitó la sede mundial de la INTERPOL, la organización policial más grande del mundo, y subrayó el compromiso de su país con la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

‎CFK ha sido procesada y condenada por la justicia argentina luego de procesos, sentencias y apelaciones desarrolladas durante varios años.

‎Los delitos son conocidos. Fue condenada e inhabilitada por haber sido la jefa de una red de corrupción que favoreció a empresas constructoras cercanas a su gobierno, otorgándoles contratos millonarios de obras públicas sin licitación o con sobreprecios.

‎tiene pendientes los procesos por las causas «Hotesur», «Cuadernos», «Los Sauces», «Causa de la Obra Pública».

En la causa «Hotesur» se investigaron las operaciones de la empresa «Hotesur», vinculada a la familia Kirchner, bajo la sospecha de que las propiedades de la familia Kirchner se usaron para lavar dinero. El juicio comenzaría en la segunda mitad de 2025, una vez completadas las pericias y definidas las audiencias.

«Cuadernos» es la causa por sobornos a contratistas documentada por Oscar Centeno.

En la causa «Los Sauces» se investiga la supuesta utilización de empresas familiares (como «Los Sauces S.A.») para realizar transacciones con empresarios favorecidos por el gobierno en licitaciones públicas. Está programado el inicio del juicio oral para el 6 de noviembre de 2025.

La «Causa de la Obra Pública» se inició en juicio oral en 2019, e investiga la adjudicación de obras públicas a empresas con presuntos vínculos con el gobierno de Cristina Fernández, como Lázaro Báez, empresario cercano a los Kirchner, quien cumple una pena de prisión por la causa «La ruta del dinero K». Báez enfrenta otras investigaciones y condenas relacionadas con lavado de dinero y asociación ilícita.  Tras numerosos alegatos (incluyendo el pedido de condenas en 2022), el debate sigue en curso, con audiencias periódicas sobre pruebas y testimonios. 

¿Qué argumentos tiene Lula para agraviar a la justicia argentina?

Durante los dos periodos presidenciales de Lula (2002-2006/2007-2011) tuvo lugar la corrupción de Odebrecht; la compra de votos en el Congreso (O Mensalão) el Lava Jato; el procesamiento de importantes dirigentes del PT y el propio Lula fue encarcelado durante un año. Luego quedó en libertad al comprobar la justicia que hubo errores procedimentales.

‎Además de Lula se han solidarizado con CFK, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, prófugo de la justicia de su país; Evo Morales, en situación de rebeldía judicial y con la pretensión — anulada institucionalmente el jueves 3/6— de aspirar a un cuarto mandato presidencial expresamente prohibido en Bolivia, país que cuando gobernó Morales (13 años y 292 días a partir de 2006), vio afectada la independencia judicial. En 2024 Morales fue investigado por trata de personas y estupro contra una menor de edad.

‎Fotografía: Presidente brasileño Lula, en la casa-prisión de CFK, abraza a la ex presidenta argentina condenada por corrupción.