Recordando a Jorge Batlle

Miguel Lagrotta

La presidencia de Jorge Batlle Ibáñez (2000-2005) constituye uno de los períodos más desafiantes de la historia reciente del Uruguay. Heredero de la tradición del batllismo histórico, Batlle asumió en un contexto regional e internacional marcado por transformaciones económicas profundas, la globalización de mercados y el agotamiento de modelos estatales de bienestar desarrollados durante el siglo XX. Su gobierno estuvo atravesado por múltiples crisis —sanitaria, climática y financiera— que condicionaron de forma significativa su gestión. Sin embargo, también impulsó procesos institucionales clave, como la Comisión para la Paz, vinculada

MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS El pensamiento político de Jorge Batlle puede caracterizarse como un batllismo liberal y progresista, que combinaba elementos tradicionales del reformismo estatal con una orientación económica más abierta al mercado. Si bien defendía el rol regulador del Estado, promovió políticas de disciplina fiscal, modernización administrativa y apertura internacional.

Su visión se situaba en una tradición democrática, con fuerte defensa del pluralismo político y las libertades civiles (Caetano & Rilla, 2005). Su discurso ante la Asamblea General es claro en su visión ideológica: “ Los tiempos del mercantilismo proteccionista comenzaron a caer y quedar atrás a partir de 1820, y las transferencias tecnológicas de entonces, la baja abrupta de los precios y en los fletes de los transportes, las inmigraciones masivas, los flujos de capital, que por entonces y en términos desestacionados eran mayores en aquella época que lo que son hoy, las inmigraciones como decía, permitieron asistir, en la Segunda mitad del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, a un mundo Abierto, en el cual aun las naciones más débiles que recién nacían a la vida institucional pudieron crecer y pudieron desarrollarse.(…) el Uruguay fue uno de ellos(…)

Es recién en los últimos diez años que el mundo se ha lanzado a un nuevo ciclo de apertura y globalización, proceso sostenido y alentado por los formidables cambios científicos y tecnológicos de los que hoy somos testigos. En el Uruguay, recién a partir de 1985 y en las administraciones sucesivas de Sanguinetti primero, y Lacalle después y Sanguinetti finalmente, comenzamos a tomar conciencia de la necesidad de incorporarnos a esta nueva realidad. Han sido 15 años de procesos difíciles, iniciados con la apertura cambiaria en la década del 70 y alcanzados, finalmente, en esta administración a través de la reforma de la Seguridad Social, el comienzo de la reforma del Estado y el consenso de que el país solo crece sin inflación, sin déficit fiscal y con estabilidad cambiaria. Ello está sin duda definitivamente arraigado entre nosotros. Hoy al admitir que un tiempo ha concluido y que son importantes los logros y cambios positivos que la Sociedad uruguaya ha alcanzado, reconocemos implícitamente que otro es el período que comienza (…) Las regulaciones, los monopolios, los oligopolios, las trabas en todas sus formas, los mercados protegidos, tanto a los sectores públicos como a los privados, dificultan y entorpecen la evolución de la sociedad uruguaya. Este tema será inexorablemente el asunto central de los próximos años (…)

Las prioridades básicas: en primer lugar, el gobierno central debe reordenar y disminuir el gasto muchas veces innecesario y redundante. En Segundo lugar, las empresas públicas tienen que continuar mejorando las condiciones de Calidad y precio de sus servicios.

Tanto ellas como las privadas deben establecer sus objetivos, no en el mercado nacional sino en el regional, buscando las asociaciones que hoy en el mundo están a la orden del día (…) en tercer lugar será el perfeccionamiento de la relación institucional del Gobierno central con las Intendencias en base al principio de descentralización previsto en la Constitución de la República. En cuarto lugar, haremos todos los esfuerzos por lograr la total transparencia y objetividad en el régimen de compras del Estado y en las concesiones de obras y servicios (…) en quinto lugar procuraremos las desregulación de todas aquellas actividades del sector privado en las que la normativa hoy permite (…) en sexto lugar procuraremos impulsar una clara separación entre el _Estado empresario y el -Estado regulador- facilitando el funcionamiento de los distintos mercados (…)»  La realidad de la propuesta programática de su gobierno fue la presentación del programa más liberal de toda la historia del país.

SITUACIÓN ECONÓMICA AL INICIO DEL GOBIERNO Al asumir en el año 2000, Uruguay enfrentaba una economía debilitada por la recesión regional, especialmente influida por la crisis brasileña de 1999 y las dificultades fiscales internas.

El endeudamiento externo elevado y la alta dependencia del sistema bancario respecto de capitales argentinos configuraron un escenario de fragilidad estructural (Oddone & Osimani, 2011). La Crisis Sanitaria: Fiebre Aftosa (2001) En octubre de 2001 se confirmó la reaparición de la fiebre aftosa en el país. La pérdida del estatus sanitario afectó gravemente al sector exportador de carne, uno de los pilares de la economía nacional. La respuesta gubernamental consistió en la implementación inmediata de campañas de vacunación y en intensas negociaciones diplomáticas para recuperar la confianza internacional. Uruguay recuperó la condición de país libre con vacunación en 2003, lo que resultó crucial para la recuperación exportadora (Piñeiro & Moraes, 2005).

Sequía y Profundización de la Vulnerabilidad (2001-2002) La sequía que afectó al país agravó los efectos de la recesión económica y la crisis sanitaria. La reducción de la producción agropecuaria y la disminución de ingresos por exportaciones incrementaron el déficit fiscal y aumentaron la fragilidad económica.

La Crisis Financiera de 2002.La crisis argentina iniciada en 2001 tuvo efectos directos sobre Uruguay. La fuerte presencia de depósitos argentinos en bancos uruguayos desencadenó una corrida bancaria que derivó en el cierre temporal de instituciones financieras y una grave crisis de confianza. El gobierno negoció con el Fondo Monetario Internacional un paquete de asistencia financiera de emergencia y realizó una reestructuración de la deuda pública orientada a evitar el default. A diferencia de Argentina, Uruguay logró preservar la continuidad institucional y evitar el colapso financiero completo (Sturzenegger & Zettelmeyer, 2007).

COMISIÓN PARA LA PAZ (2000-2003) La Comisión para la Paz fue creada con el objetivo de esclarecer la situación de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). Presidida por Carlos Ramela, la Comisión recopiló testimonios, confirmó violaciones a los derechos humanos y recomendó medidas de reparación. Si bien no resolvió todos los casos ni condujo a responsabilidades penales inmediatas, representó un hito fundamental en el proceso de memoria, verdad y justicia (Demasi, 2013).

CONCLUSIÓN El gobierno de Jorge Batlle enfrentó circunstancias excepcionales que pusieron a prueba la estabilidad institucional y económica del Uruguay. Su gestión, marcada inicialmente por impopularidad, adquirió una revaloración histórica a partir de la recuperación y el crecimiento sostenido que se consolidó en los años posteriores. Asimismo, la Comisión para la Paz contribuyó al avance en materia de derechos humanos y memoria histórica.

BIBLIOGRAFÍA Caetano, G., & Rilla, J. (2005). Historia contemporánea del Uruguay. Ediciones de la Banda Oriental. Demasi, C. (2013). La búsqueda de la verda . Comisión para la Paz. Montevideo: Fin de Siglo. Oddone, G., & Osimani, M. (2011). Uruguay y la crisis de 2002: causas y consecuencias. Revista de Economía. Piñeiro, D., & Moraes, M. (2005). La ganadería uruguaya y la aftosa. Instituto de Estudios Agropecuarios. Sturzenegger, F., & Zettelmeyer, J. (2007). Debt Defaults and Lessons from a Decade of Crises. MIT Press.