¿Roma habló… y el agua está asegurada?

Tabaré Viera

Firmado el acuerdo entre el gobierno del Frente Amplio y la empresa privada que había presentado originalmente la iniciativa privada y ganado la licitación pública para la construcción de la planta de potabilización en Arazatí, se convocó a una conferencia de prensa para informar un giro inesperado: el proyecto Neptuno quedaba descartado, y en su lugar se acordaba modificar el objeto del contrato para construir una nueva planta sobre el arroyo Solís Chico, junto a una ampliación de las reservas sobre el río Santa Lucía.

En otras palabras, el gobierno no rescindió el contrato, sino que optó por un cambio de proyecto dentro del mismo vínculo contractual con el consorcio privado. La empresa, curiosamente, accedió a esta modificación sin mayores reparos, y lo expresó públicamente con una frase que dejó perplejos a muchos:

“Roma locuta, causa finita.”

Una expresión adjudicada a San Agustín en el siglo V, que significaba que, una vez que Roma (la autoridad eclesiástica suprema) se pronunciaba, el debate quedaba zanjado. Usada hoy, con tono eufemístico o irónico, quiere decir que “el poder habló, y se acabó la discusión”. Pero en este caso, ¿de verdad está todo concluido?

El contrato original entre OSE y la empresa adjudicataria, firmado por el anterior gobierno de coalición, tenía como base el proyecto Arazatí. Ese proyecto proponía tomar agua del Río de la Plata, una fuente abundante y prácticamente inagotable, para garantizar el abastecimiento de agua potable al sistema metropolitano de Montevideo y su entorno. La elección del lugar respondía a estudios técnicos, previsiones de demanda futura y a una planificación de largo plazo, especialmente relevante en el contexto de estrés hídrico que vivió el país en 2023.

Desde la oposición, el entonces Frente Amplio cuestionó duramente el proyecto. Criticó su financiación, sus impactos ambientales, su necesidad y hasta su legitimidad política. Lo combatió en el Parlamento, en la calle y en los medios. Y ahora, ya en el gobierno, firma un acuerdo con la misma empresa, bajo el mismo contrato, para construir algo diferente… pero sin mayor explicación pública ni debate parlamentario.

Se argumenta que esta nueva planta en el Solís Grande es una mejor opción. Sin embargo, no hay un solo informe técnico independiente que permita comparar ambas alternativas en términos de costo, caudal asegurado, impacto ambiental o proyección futura. Lo que sí hay es un cambio de discurso sin autocrítica ni transparencia.

Arazatí ofrecía acceso a una fuente confiable de agua cruda, independiente del cada vez más comprometido río Santa Lucía. La nueva propuesta insiste en seguir extrayendo de esa misma cuenca, ampliando las reservas, pero sin diversificar efectivamente las fuentes. ¿Estamos ante una solución estructural, o apenas una salida política?

La actitud de la empresa, aceptando sin resistencia cambiar el objeto del contrato, tampoco deja de llamar la atención. ¿Qué motivó esa flexibilidad? ¿Cómo impacta en los plazos y en los costos finales del proyecto? ¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que se mantendrán los niveles de eficiencia, de calidad y de suministro que justificaron originalmente la licitación?

¿Es jurídicamente posible esta profunda modificación del contrato resultado de una licitación Pública?

Y, por sobre todo, ¿cuáles son las verdaderas razones detrás de este cambio? Si el proyecto Arazatí era tan objetable como se dijo en su momento, ¿por qué no se rescindió el contrato y se llamó a una nueva licitación con nuevos criterios? Si, en cambio, era un buen proyecto, ¿por qué se lo cambia? ¿Qué pasó en el medio?

El gobierno ha optado por el silencio. Prefiere anunciar el nuevo camino como si fuera el único posible, minimizando el giro político que representa y sin ofrecer las explicaciones técnicas o institucionales que el país merece. Mientras tanto, los uruguayos siguen esperando certezas respecto al agua que beberán en las próximas décadas.

La frase “Roma locuta, causa finita” no puede usarse para cerrar una discusión que nunca se dio. No cuando se trata de algo tan esencial como el agua. No cuando se manipulan contratos públicos y se reescriben argumentos políticos sin rendir cuentas.

Por eso, este tema no está cerrado.

Desde nuestro lugar, vamos a seguir indagando, preguntando y exigiendo información clara y veraz. Porque este no es simplemente un cambio de proyecto: es una señal preocupante sobre cómo se gestiona lo público, cómo se cambia de opinión sin explicarlo, y cómo se desdibuja la línea entre gobernar y justificar.

El agua no entiende de giros discursivos ni de frases latinas. Solo entiende de previsión, inversión responsable y respeto por el interés general.

¿Roma habló? Tal vez.

Pero el país aún espera respuestas.