Si Bolivia partidiza los derechos humanos no hay verdad
Hugo Machín Fajardo (CADAL)
Querer aferrarse al sillón del poder por parte de Morales fue el origen del desorden institucional y social. Un primer informe in situ de la OEA —ratificado en febrero de 2020— confirmó la existencia de fraude electoral. Morales anunció el 10 de noviembre la renovación de los cuestionados miembros del TSE y la repetición de las elecciones, pero de inmediato debió renunciar y salir del país. Hubo un interinato presidido por la senadora opositora Jeanine Áñez y en las nuevas elecciones del 18 de octubre del 2020, triunfó candidato oficialista Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS). El proceso desatado por Morales exacerbó los ánimos sociales y políticos de parte y parte, y dio como resultado no menos de 37 muertos, masacres, ajusticiamientos y excesos de la fuerza pública en la represión ocurrida durante el interinato de Áñez.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Bolivia (GIEIB) sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas entre setiembre y febrero de 2019, en el país del altiplano, es un buen ejemplo de que los derechos humanos no son propiedad exclusiva de ninguna ideología ni partido político en el mundo.
Los derechos humanos son universales e indivisibles y si bien las violaciones producidas por los Estados latinoamericanos son las que investiga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo, eso no quita que también los atropellos a los derechos fundamentales perpetrados por particulares o actores paraestatales, no sean denunciados. Eso es lo que ha ocurrido en Bolivia.
Asimismo, tanto la CIDH como el propio GIEIB, son contestes en advertir que el informe no debe ser utilizado como arma arrojadiza entre los partidarios del gobierno y la oposición en Bolivia, ni utilizado para la persecución política, y que los presuntos responsables de las violaciones anotadas deben ser juzgados por una justicia independiente del poder político. Algo que en Bolivia ha sido cuestionado desde que hubo decisiones judiciales adoptadas en favor del expresidente Evo Morales cuando este, en desconocimiento del resultado de un referéndum contrario a su relección por cuarta vez, igualmente se postuló a la presidencia del país. Recordemos que Morales luego de perder en 2016 el referéndum para una reelección indefinida y mantenerse en el poder hasta 2022, completando un total de 16 años en el gobierno, presionó y obtuvo que el Poder Judicial desconociera la constitución «plurinacional» que solo admite una relección consecutiva y así escamotear la voluntad ciudadana desfavorable a sus aspiraciones continuistas. Con esa constitución reformada había logrado ser reelecto en 2014 tras haber sido reelecto también en 2009.
«Las manifestaciones de protesta y las acciones directas de bloqueos en los caminos y las ciudades de Bolivia, que escalaron y estallaron en enfrentamientos y agresiones violentas, [refiere a 2019] no ocurrieron de modo inesperado. Fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento», se expresa en el documento dado a conocer el pasado 8 de agosto.
Origen. Querer aferrarse al sillón del poder por parte de Morales fue el origen del desorden institucional y social. Las elecciones de noviembre de 2019 fueron cuestionadas por la oposición boliviana, así como por la Organización de Estados Americanos (OEA), y los militares bolivianos forzaron la renuncia del gobernante que llevaba 14 años en el gobierno precipitando su salida del país.
Lo que vino es conocido. El 20 de octubre de 2019, la ciudadanía votó. Durante la transmisión de los resultados hubo una interrupción cuando el recuento del 83,76% de los votos evidenciaba que Morales, siendo el más votado, igualmente debería ir a segunda vuelta con el candidato opositor Carlos Mesa. Cinco días después el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que Morales triunfaba con un 47,08 de los votos sobre Mesa quien obtuvo un 36, 51%; por lo que de acuerdo a la legislación electoral boliviana no habría segunda vuelta. Un primer informe in situ de la OEA —ratificado en febrero de 2020— confirmó la existencia de fraude electoral. Morales anunció el 10 de noviembre la renovación de los cuestionados miembros del TSE y la repetición de las elecciones, pero de inmediato debió renunciar y salir del país.
El 24 de noviembre el Congreso aprobó por unanimidad la anulación de las elecciones. Hubo un interinato presidido por la senadora opositora Jeanine Áñez y en las nuevas elecciones del 18 de octubre del 2020, triunfó candidato oficialista Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), lo que ambientó el retorno de Morales tras su estadía en México y Argentina.
El proceso desatado por Morales exacerbó los ánimos sociales y políticos de parte y parte, y dio como resultado no menos de 37 muertos, masacres, ajusticiamientos y excesos de la fuerza pública en la represión ocurrida durante el interinato de Áñez, actualmente en prisión y quien en los últimos días intentara suicidarse. También los hechos violentos y atropellos de particulares contra ciudadanos ocurridos durante el último tiempo de la presidencia de Morales, sí como los del período entre ambas elecciones, fueron verificados e informados por el GIEB en su informe de agosto, que recomendó al actual presidente Arce la necesidad de una actuación judicial independiente y garantista.
Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia)
Hoy tenemos un escenario determinado por varios elementos:
* Una sentencia de la CIDH que dictaminó que la reelección no es un derecho humano como pretendía Morales (y como erróneamente así lo consideró Luis Almagro en mayo de 2019).
* La Unión Europea que considera a la ex presidenta Áñez una «presa política» y el sábado 21/8 expresó su «preocupación [por] las noticias sobre la ex presidenta Jeanine Áñez. Esperamos que las autoridades responsables hagan todo para garantizar su derecho a la salud integral, tanto física como mental».
* La directora adjunta de Derechos Humanos de la ONU en Bolivia, Yulia Babuzhina, ingresó a la cárcel de mujeres de Miraflores para entrevistarse con la exmandataria y reclamó medidas que garanticen la vida de Áñez.
* La acusación de «genocidio» presentada por el fiscal general boliviano, Juan Lanchipa, contra Áñez ante el Tribunal Supremo Justicia.
* El GIEIB constató masacres, pero no delitos de lesa humanidad ni genocidio. Esto último fue calificado de «disparate» por el director ejecutivo Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
* La recomendación contenida en el informe del GIEIB de que Lanchipa debería abandonar el cargo mediante una reestructura del Ministerio Publico.
* El miércoles 25/8 hubo enfrentamientos callejeros entre partidarios del gobierno y opositores que generaron un herido, lo que confirma el mantenimiento de la tensión social verificada por el GIEIB: «en el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en el país», reconociendo la existencia de víctimas en ambos lados del espectro político.
* El enfrentamiento suscitado durante el Consejo Permanente de la OEA desarrollado el miércoles 25/8 entre el flamante embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, y Almagro. Luego que el Secretario General de la OEA solicitara un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba ocurrida durante la administración encabezada por Áñez, Arce calificó como «una gravísima impostura» el homenaje propuesto por Almagro después de que este defendiera los informes de la OEA sobre las elecciones de 2019.
* El miércoles 25/8 también el gobierno boliviano aseguró que el informe de la OEA sobre las fallidas elecciones de 2019 no respetó el acuerdo que se había firmado y por tanto no puede tener efecto legal, sumando un nuevo ataque a la organización continental hoy cuestionada por Argentina, a través del ministro de Defensa Jorge Taiana; por México, mediante declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como por las dictaduras imperantes en Nicaragua y Venezuela.
Reiterando. Los derechos humanos se respetan, defienden y se denuncian cuando son avasallados per se y no porque sean los de uno u otro bando político en pugna. Mientras escribo esto recuerdo: en agosto de 1971, hace exactamente 50 años, el gobierno boliviano entonces presidido por el general Juan José Torres, militar de izquierda en el gobierno mediante un golpe de Estado contra otro general (Alfredo Ovando Candia, a su vez llegado al poder mediante un golpe de Estado), declaró el estado emergencia en todo el país enviando tropas a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para dominar un conato subversivo de sectores de derecha. Los enfrenamientos armados dejaron como saldo muertos y heridos. El origen de los disturbios obedeció a que Torres inició una fuerte represión tendiente a neutralizar una «conspiración fascista». Torres, quien en 1967 era jefe adjunto del Estado Mayor del ejército que aprobó la ejecución del argentino-cubano Ernesto Ché Guevara, fue asesinado en 1976, durante su exilio en Buenos Aires, en una de las operaciones terroristas atribuidas al Plan Cóndor.
Como escribió el gran escritor paraguayo Roa Bastos, «la historia viva es el gran espejo roto de la humanidad. La sabiduría condensada en esos fragmentos no pierde su unidad visionaria».
