Un nuevo paso en el camino del fin del monopolio educativo
Claudio Rama
Un nuevo decreto del Poder Ejecutivo referido a las reválidas, se debe insertar en una mirada de largo plazo para permitir comprender mejor las políticas educativas. La foto ilumina e informa menos que una película para entender la realidad. Esta nos permite comprender fuerzas casi telúricas que provienen desde el pasado y que en este caso estructuran el curso de la historia educativa del país y permiten comprender mejor nuevas fotos y hechos concretos.
Empecemos por el inicio. En 1833 el Senado aprueba a propuesta del presbítero y senador Dámaso Antonio Larrañaga la creación de la Universidad de la República, la cual se iniciará en 1850 al comenzar a funcionar las nueve cátedras. Pero en 1849, se aprobó un reglamento orgánico que la conformó como una universidad “napoléonica” puesto que quedaba a cargo, además de la educación terciaria, de la educación primaria y la secundaria. Esta concepción desde su génesis, monopolio sobre toda la educación y separación frente del Poder Ejecutivo, conformó un complejo y equivocado entramado constitucional y conceptual que marcó los ejes de casi todos los conflictos y debates en política educativa. Ello además derivó en una tensión permanente de una política histórica de casi todos los gobiernos orientada a la reducción de su monopolio y el impulso a la diversidad, así como de su colocación institucional jerarquizada en relación al Estado nacional y no en un nivel de igualdad o superioridad respecta al Estado. La “universidad napoleónica” fue el aparato institucional monopólico ejecutor del Estado en materia educativa, pero cuando se consolidaron los Estados modernos y aumento la complejidad de funciones se presentó una demanda de diferenciación y descentralización, facilitado por la conformación de las Universidades como estructuras autónomas, espacios de poder alternativos y refugios de oposiciones y disidencias. Ello creó una política de largo plazo centrada en la reducción y pérdida de esos monopólicas y en su estructuración institucional jerarquizada frente a los gobiernos. Esta búsqueda de desmonopolización se conformó en el espacio del desarrollo, tanto de la sociedad política – el Estado y los gobiernos- como de la sociedad civil – el mercado y las familias- y se expresó en el reforzamiento de aparatos de regulación y diversificación de la educación. En Uruguay, este procesos y sus conflictos derivados han tenido múltiples hitos, asociados al empoderamiento del Ministerio de Educación como a la diferenciación de las funciones de la Universidad por parte de otros organismos y ámbitos sociales. En lo atinente al desarrollo del actual Ministerio, destaca su génesis en 1847 como Instituto de Instrucción Pública. En lo referido a la enseñanza, el hecho determinante se produce en 1876, cuando José Pedro Varela asume la Dirección de Instrucción Pública, y propone la Ley por la cual el Estado asume la enseñanza primaria gratuita y obligatoria y la perdida de la UDELAR de esa función. A Universidad mantiene ser el único espacio de formación de maestros de nivel terciario, hasta que en 1882 el gobierno crea el Instituto Normal de Señoritas y en 1892 el Instituto Normal de Varones. Con ellos la UDELAR pierde su rol en la formación magisterial que lo asume el gobierno a través de dichos institutos. En ese contexto en 1883 se crea por Ley el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, incluyendo la disposición para “adscribir al nuevo Ministerio aquellos cometidos que a su juicio crea de oportunidad para el mejor servicio de la Administración Pública”. Claramente la educación primaria y la formación de maestros pasan a estar vinculadas a dicho Ministerio.
El siguiente hito será el desgajamiento de la educación secundaria de la UDELAR. En 1934, el Poder Ejecutivo logra aprobar una Ley que limita parte de la autonomía que la Universidad había alcanzado en 1917, estableciéndose que sus planes de estudio debían de ser aprobados por el Poder Ejecutivo. Ello finalmente se derogó por las protestas de la Universidad, la cual incluso redobla el conflicto y presenta una Ley para reforzar su “Poder Educador” y plantea retomar el control de la educación primaria, y además gestionar los “Organismos Auxiliares de la Cultura”, tales como la Biblioteca Nacional y el SODRE. En este contexto, se aprueba la Ley de quitar a la Universidad las funciones de enseñanza secundaria y Preparatoria. Para entonces además, los profesores de enseñanza secundaria eran egresados de la Universidad. En 1944 se institucionaliza al interior del Consejo de Secundaria un nuevo modelo de formación llamado profesores agregados con una formación de dos años en su especialización y una práctica docente junto a profesores, para el ingreso a la carrera docente. En ese contexto, la UDELAR crea la Facultad de Humanidades al impulso de Vaz Ferreira con finalidad de una formación intelectual y humanística de los docentes. En ese contrapeso, en 1949se crea el Instituto de Profesores Artigas que asume casi el monopolio de la formación de docentes de secundaria, perdiendo definitivamente la UDELAR de hecho su control tanto de la formación docente de profesores, como incluso el monopolio de la formación terciaria y superior. El IPA se conforma como el segundo ámbito de formación terciaria del país. En relación a la enseñanza superior, otros dos acontecimientos posteriores continúan este camino de pérdida del monopolio de la UDELAR y el incremento de una diferenciación institucional de la educación en el Uruguay. Ellos fueron la creación de la Universidad Católica en 1984 por el cual la UDELAR pierde el monopolio de los estudios universitarios en el país y la creación de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) en 2012, por el cual pierde el monopolio de la formación universitaria en el sector público.
El último hito en este largo proceso es reciente refiere al fin del monopolio en el reconocimiento de estudios terciarios o superiores fuera del país y de las reválidasde estudios terciarios o superiores. En 1958, la UDELAR con su Ley Orgánica, adquirió el monopolio de establecer las condiciones de admisión de toda clase de títulos profesionales y certificados de estudios extranjeros y revalidar esos títulos y certificados. Con la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el 2020, este monopolio de la UDELAR y que luego compartió con la UTEC, se terminó al transferirse al MEC dicho cometido. Ello fue reafirmado en el Referéndum y a partir de ello, este 20 de junio el Poder Ejecutivo aprobó el «Reglamento para los procedimientos de reconocimiento y/o reválida de títulos, certificados o diplomas obtenidos en el extranjero», y estableció que todas las universidades autorizadas podrán realizar los cursos requeridos que se dispongan necesarios por el MEC para revalidarlos títulos en el extranjero, y que la continuación de los estudios de una persona con estudios superiores o universitarios parciales realizados en el exterior podrá ser realizado en cualquier universidad uruguaya siendo potestad de cualquier de ellas evaluar los antecedentes académicos como parte de sus procesos internos de admisión. Con ello cae otro monopolio educativo y universitario, se conforma como otro paso más en el fin de un modelo de universidad “napoleónica”, se refirma la diversidad y la existencia de un sistema de educación con mayor igualdad de funciones.