Uruguay ante la reforma jubilatoria

El país gobernado por leyes, no por hombres

César García Acosta

Como decía Ellauri, en la constituyente de 1829, una República supone “estar gobernado por leyes y no por los hombres”, por lo que siendo Uruguay la consecuencia de una multiplicidad de pactos fundamentalmente entre sus dos históricos partidos políticos, eso lo otorgó una estabilidad impresionante institucional al país. Pero también esto significa una luz roja que pone la mira en que aluna vez habrá racionalizar el debate constitucional y de funcionamiento del Estado, para que se reconozca en su real magnitud el valor de una Constitución.

El pacto político constituye una forma de arreglo y de construcción de país que pone los intereses sociales, culturales y políticos, en un debe respecto de la reflexión definitiva que debe hacerse para poner en negro sobre blanco, un conjunto de hechos y circunstancias que hacen a la vida cotidiana y que poco tienen que ver con la casi siempre impertinente intransigencia ideológica.

Es válido decir que Uruguay a través de los pactos logró poner un final justo, por ejemplo, al proceso de la Guerra Grande: limitó el accionamiento lesivo de los levantamientos civiles tan estériles como regresivos respecto de los intereses humanitarios en un país de tan poca dimensión territorial y poblacional. Por eso idealizar la Constitución se constituye como un ejercicio más que conveniente para mirar con la sensibilidad necesaria el futuro del país.

Si partimos de estas bases, y miramos hacia atrás en el tiempo, veremos cómo la reforma constitucional de 1917 –nacida en un pacto político- marcó los destinos de nuestra institucionalidad, generando en la línea del tiempo cada una de las instancias reformistas de tuvo la Carta: 1934, 1942, 1951, 1967 y 1996, son ejemplo de esto. En cada reforma constitucional el objetivo era atender más al presente que al futuro. El país proyectado para 20 o 30 años quedó relegado en cada uno de sus momentos a las páginas de la historia.

Los particos políticos –contrariamente a esto, deberían dedicarse a repensar el país y su funcionamiento, no temiendo a las ideas más radicales, sino valiéndose de ellas para imaginar una articulación enraizada en una socialdemocracia como la que se instaló durante el primer batllismo con sus reformas políticas.

Cuando se reivindica “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”, en clara alusión local al país que miraba hacia adentro en función de un afuera que no le era ajeno, la socialdemocracia sentaba las bases más ajustadas para alcanzar el ideal de una convivencia pacífica. Pero eso sólo se logró en parte. Se buscó esta senda como objetivo para pacificar al país con leyes fuertemente arraigadas al derecho del trabajador o dependiente, como claro signo de una fortaleza propia de un régimen humanizado sostenido en el concepto de República y Democracia. Quizá el ejemplo más nítido sea la impronta que Baltasar Brumo dejó con su muerte: su rol de mártir republicano puso límites a una dictadura.

Volviendo al Uruguay de 2022, los uruguayos podemos decir que lo más relevante es volver a encausar los desafíos de una reforma de la seguridad social que nos toca y nos entremezcla a todos. A cada uno en su realidad le llega algo de esta manía reformista uruguaya, al dceir en Enrique Tarigo. Por eso reitero que lo que decía líneas arriba como inconveniente es seguir mirando al Uruguay de manera coyuntural, oblicua a la realidad y distante de la conveniencia de un país que debe mirar hacia adelante.

Lejos de insertarnos como parte en estos quehaceres, resulta ilustrativo mirar hacia dónde vamos con este proceso reformista: hacia la unificación de los múltiples regímenes jubilatorios que tenemos para que exista uno solo. Hoy cohabitan el BPS (que congrega a industria, comercio, civil, rural y los docentes), la Caja Policial, el Servicio de Retiros Militares, la Caja Notarial, la de Profesionales Universitarios y la Bancaria. Dentro de 20 años se proyecta que esto cambié y haya un sistema previsional común a todas las “cajas”.

Por eso este nuevo sistema tendrá dos componentes: uno solidario (de reparto, como fue histórico hasta 1996) y otro de capitalización de ahorro individual (AFAP), para todos los sectores, lo que se aplicará a los nuevos trabajadores. Todos los jubilados van a poder trabajar luego de retirarse, algo que hasta ahora solo podían hacer pocos. Y eso lo hace un sistema especial.

Sus puntos esenciales son:

.* Habrá incentivos a la generación de ahorros adicionales, para que el trabajador pueda mejorar su futura jubilación. Por ejemplo, que el descuento de dos puntos de IVA que se hace por el uso de los débitos automáticos, pueda ir directamente a la cuenta de ahorro individual de la persona.

.* La edad requerida para jubilarse aumentará de 60 años a 65, pero en forma gradual. En 2035 se jubilaría la primera persona a la que se le exija haber cumplido 65 años.

.* La reforma abarca a quienes hayan nacido a partir de 1967 hacia adelante. Los que sean de antes de esa fecha se jubilarán con el sistema actual.

.* La edad de jubilación no aumenta para trabajadores de la construcción y del sector rural. Para ellos se mantiene en 60 años la edad para jubilarse por la naturaleza de la actividad.

´* Hay actividades que se consideran de exposición a riesgos o de exigencia física particulares que tendrán bonificaciones para el cómputo de edad.

.* Los maestros mantienen su bonificación actual, a los cuales por cada 3 años trabajados se les reconocen 4 (3×4). Por Ejemplo: un maestro con 55 de edad y 30 de trabajo es como si tuviera 65 de edad y 40 de trabajo. Esos 10 años fictos se suman a la edad y tiempo de trabajo.

.* Para los policías en funciones ejecutivas: hoy tienen una bonificación de 5×7 y configuran causal con 35 años de servicios. En el anteproyecto de reforma se propone cambiar la bonificación a 5×6 y configurar la causal con 30 años como todo el sistema.

.* Para los militares hay dos modalidades de retiro, el obligatorio y el voluntario.

a) El obligatorio es para personal militar propiamente, sin incluir a los servicios de apoyo o sanitarios. Las edades de retiro obligatorio, asociadas a exigencias físicas de la actividad, se suben hasta 5 años en relación con las de la reforma de 2018.

b) Sigue la bonificación de servicios establecida en 2018, solo para el personal propiamente militar.

c) Crean un régimen especial derivadas de incapacidad o fallecimiento en acto directo de servicio.

.* La exigencia de 65 años de edad no corre para los que tengan 40 años de trabajo o más. Esas podrán jubilarse a partir de 60 años.

.* La reforma establece una prestación universal para todas las personas mayores de 70 que no puedan configurar causal jubilatoria por falta de historia laboral, aportes, años de trabajo.