Violencia en los barrios
Marcelo Gioscia
A nadie puede escapar la problemática de violencia que se ha venido constatando en diversos barrios de la capital de nuestro país, a la que debe darse una eficaz respuesta para evitar males mayores. La presencia del Estado en estos lugares, es sin lugar a dudas más que necesaria, a fin de brindar seguridad y proteger derechos de nuestros habitantes. El tráfico de drogas, así como la existencia de grupos dedicados al narco menudeo, termina siendo motivo de enfrentamientos entre ellos -que afectan sin pudor alguno la calidad de vida de los vecinos y pone en riesgo su vida y sus bienes- para ejercer el dominio de su espacio territorial.
Aquí el uso de armas de fuego, como las balaceras -que lamentablemente se han constatado con frecuencia- en barrios periféricos, se han vuelto significativas y se han cobrado vidas de inocentes que fueron alcanzados por este intercambio de disparos, otrora tan inusual, hoy parece ser lo habitual. Esto ha afectado la calidad de vida de los habitantes, pero lo que es peor, se ha percibido una especie de naturalización de ese fenómeno delictivo, lo que es ciertamente no sólo preocupante, sino inadmisible en un Estado de Derecho que se precie de tal. Por ello la importancia de la presencia institucional del Estado, a través de sus servicios públicos y de sus funcionarios, para garantizar el pleno goce de los derechos que están siendo conculcados. Existen distintas organizaciones no gubernamentales que buscan brindar su apoyo frente a esta realidad, y contar con personas que sepan comunicarse con conocimiento de causa para reencauzar a los más jóvenes que son tentados a integrarse a narco bandas, resulta trascendente. Lo cierto es que, mal que nos pese, algunas líneas de transporte colectivo han modificado su recorrido, los comercios cierran antes de hora o atienden a través de rejas y los habitantes circulan con miedo. Los ajustes de cuentas, o venganzas entre quienes quieren adueñarse de una determinada zona demostrando su poder de fuego, han instalado esa violencia. Es entonces en que se justifican ampliamente los operativos de saturación y los allanamientos por parte de las fuerzas del orden, ingresando por todos los vericuetos y pasajes posibles, en busca tanto de armas como de los responsables de esta conducta delictiva. La presencia institucional del Estado resulta en todo caso, un respaldo para la población, que tiene derecho a desarrollar su vida en paz y armonía donde habita. Muchas de estas conductas antisociales, tuvieron su origen y se gestaron en otros países -antes que en el nuestro- con características propias de las respectivas realidades, y las respuestas dadas por las autoridades públicas han sido particulares de cada país. Sin desconocer que nuestra realidad social y económica es diversa de la de nuestros vecinos, en todos ellos ha incidido el flagelo de la droga. Ha quedado demostrado que la legalización del consumo de drogas y su venta en farmacias, lejos de ser la anunciada panacea con que se quiso justificar, fue en la realidad un lamentable experimento que tomó de rehén a nuestra población y la violencia es una de sus consecuencias.
