Los colgamentos y el dilema del BHU

De la cuantificación del total de créditos en unidades reajustables que tiene el BHU al 31 de mayo de 2021, se asegura que equivale a USD 450:000.000, de los cuales USD 150:000.000 corresponden a los llamados “colgamentos”, que son deuda generada en UR a partir de distintas estrategias de los deudores, aunque todas sugeridas por el propio banco. Estos colgamentos algunos están a tasa 0% y otros al 2%. El número de clientes que tienen estos créditos en UR, son unos 7200 de un total de 11.800 clientes deudores en UR. El patrimonio del Banco Hipotecario es de USD 838:000.000, lo que deja entrever su muy buena capitalización, siendo ese capital una fuente importante de financiamiento de los créditos.

El 17 de agosto asistió a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Parlamento, el Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU), su presidente, economista Diego Labat; el vicepresidente, economista Washington Ribeiro; el director, doctor Ignacio Berti, y el superintendente de Servicios Financieros, contador Juan Pedro Cantera.

El siguiente es parte del debate que se generó

SEÑOR LABAT.- Lo primero que quiero expresar es que entiendo la preocupación que puede existir por un tema que es relevante para un conjunto de ciudadanos. Sin embargo, como órgano rector del sistema financiero, nos preocupan algunas de las cuestiones que se plantean en los proyectos de ley y queremos señalarlas.

Antes que nada, quiero puntualizar algo que capaz es obvio y por eso se soslaya: el BHU lo que hace es intermediación financiera, como otros bancos e instituciones. El segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Intermediación Financiera justamente la define de la siguiente manera: «… se considera intermediación financiera la realización habitual y profesional de operaciones de intermediación o mediación entre la oferta y la demanda de títulos valores, dinero o metales preciosos». ¿Por qué cito esto? Para recordar que cuando existe intermediación financiera hay un agente que recibe un préstamo y lo uso –en este caso se compra una vivienda– pero, al mismo tiempo, hay otro agente que es el que ahorra, el que deposita y que sabe que en el futuro esos ahorros le van a ser devueltos. Entonces, cuando hay intermediación financiera hay dos jugadores: uno que toma prestado y otro que es el que ahorra. Entonces, los fondos que se prestaron vienen de uno, dos, cinco, diez, mil depositantes, que son el origen de esos fondos que se le prestaron. Eso capaz que es obvio, pero me parece que no se puede dejar de lado.

La segunda consideración que nos preocupa es la seguridad jurídica. Entiendo que cambiar reglas de juego a posteriori, desconociendo en particular la libertad que pueden haber tenido las partes al contratar, genera inseguridad jurídica cuando, de alguna manera, hubo cuestiones pactadas entre partes.

En tercer término, está lo que en la literatura se llama «el riesgo moral». Creo que alguna de estas medidas puede traer aparejado un incremento de ese riesgo moral, es decir que los ciudadanos pueden tener la percepción de que conviene no pagarle al Estado, refinanciar y después entrar en un reclamo. No digo que claramente esto vaya por ese camino, pero existe la posibilidad de que se genere una mayor percepción de eso.

Por eso, insisto en que a la hora de analizar este tipo de medidas, por sobre todas las cosas, es fundamental pensar en los futuros tomadores de crédito, en todos los ciudadanos que de alguna manera van a querer de acá para adelante tomar crédito y que el crédito fluya. Creo que la inseguridad jurídica, algunos malos incentivos, la posibilidad de perjudicar a los ahorristas, el propio deterioro que podría haber de la situación del Banco Hipotecario, lo que va a hacer es perjudicar, sin duda, a todos los que quieran acceder a créditos hipotecarios en el futuro. Si se ponen restricciones –que haya menor cantidad de crédito otorgado–, aquellos que igual logren conseguir crédito, seguramente, los van a conseguir más caro.

Entonces, de nuevo digo que quizás haya cuestiones loables en los objetivos que se buscan, pero me parece que para lograrlos es importante encontrar los instrumentos adecuados.

En cuanto al tema del impacto, como dije, no queremos avanzar sin tener otros elementos para poder valorar el efecto de los proyectos de ley.

SEÑOR COUTINHO.- Nosotros tenemos una responsabilidad y un compromiso político con estos miles de familias. Por lo tanto, por encima de los insumos, de los aportes o de los contextos de las diferentes situaciones, hay una responsabilidad de llegar a una solución política.

Entonces, todos los insumos del BCU, del BHU, de la ANV y del MEF son bienvenidos, porque van a terminar generando, sí o sí, un proyecto de ley. Este es un tema que tiene que estar en las agendas de las autoridades respectivas con responsabilidad política, quienes deben analizarlo en forma conjunta o de la manera que sea.

En su momento, los diferentes organismos nos plantearon que no lo estaban tratando porque no había proyecto de ley. Entonces, podemos intercambiar e interactuar para ver cómo llegamos a un mejor proyecto de ley –a través de técnicas legislativas o mejorando algunas condiciones–, pero sí tiene que haber un proyecto de ley, porque esa fue la razón que nos dieron las autoridades –está en las actas– por la que no estaban tratando el tema.

Definitivamente, si eso es lo que falta, quiero decir que existen dos proyectos de ley para que se empiece a generar su tratamiento: el nuestro y el de Cabildo Abierto.

También tenemos responsabilidad política. Estos proyectos de ley son muy parecidos a los que presentamos, como solución, cuando no éramos gobierno de coalición. Por lo tanto, también tenemos que mantener esa responsabilidad ante estos ciudadanos, en el sentido de buscar las salidas correspondientes. Insisto: si presentamos algo bastante parecido –o casi igual, en algunos aspectos– cuando fuimos oposición, tenemos la responsabilidad de presentar una solución similar cuando somos gobierno y de buscar las salidas, en este caso.

SEÑOR RIBEIRO.- Los dos proyectos tienen un componente que tal vez sea lo que requiera ley. Son retroactivos porque revisan las deudas hacia atrás o plantean la posibilidad de un recálculo. No es el cambio de una moneda por otra ni decir que el saldo actual es tanto en una moneda y se pasa de dólares a pesos, de UI a UR o de UR a UI. Eso no requiere ley alguna; está dentro de las potestades de cualquier banco.

Otra cosa es ir al primer día y recalcular y cambiar la moneda al momento original, haciendo de cuenta que los años no pasaron y los hechos no ocurrieron. Ese es otro tema. Ahí es donde yo veo –aunque el legislador tiene todo el derecho a opinar a favor de eso, porque por algo es el legislador y nosotros somos cumplimos otro rol– la injusticia con todos aquellos que pagaron bajo ese régimen. Ahí es donde las normas, desde mi punto de vista, se rompen o se alteran, porque hubo gente que pagó bajo un criterio y otra que también lo viene pagando bajo ese mismo criterio que ahora verá alterado.

SEÑOR BOTANA.- Con este último criterio del economista Ribeiro, que me parece un excelente economista y mejor persona aún, tengo la obligación de discrepar. Con ese criterio no podría aplicar a ninguna persona un remedio que salga mañana para el cáncer porque otros ya murieron como consecuencia de la enfermedad y sería injusto. Creo que tenemos que tratar de salvar las situaciones sociales que, además, no fueron opción de la gente. ¡No nos confundamos! La gente hizo el contrato que podía hacer. La gente tenía una necesidad de vivienda y el Estado le puso a su disposición algún instrumento. Y todos sabemos bien que la gente, en ese sentido, no tiene la información para elegir la moneda ni tiene los técnicos para hacer la previsión. La recomendación de los técnicos bancarios es, siempre, exactamente la contraria a la que trae menor riesgo a la persona porque, en definitiva, los bancos cubren su propio riesgo y a las pruebas me remito. No es casualidad que la gente se endeude siempre en pesos pagando tasas de alto riesgo o en UI pagando tasas más altas; en fin, pagando todo el riesgo del quiebre del dólar. Esa ha sido la realidad permanente. No conozco un solo caso en el cual quien se ha endeudado en pesos no haya pagado más que si se hubiera endeudado en dólares, en pesos, en unidades indexadas o en unidades reajustables. ¡Siempre ha pagado más! Por evitar el riesgo del quiebre siempre le ha salido más caro. Esa es una realidad que nosotros conocemos y que se da cuando el funcionario bancario hace la recomendación –no digo que lo haga con mala intención, sino que es lo que le informan y él lo trasmite–  con la buena intención del miedo al quiebre y al salto monetario. Lo que ocurre es que si hay salto también habrá ajustes de la unidad indexada o de los intereses para compensar ese riesgo. O sea que en este caso el deudor siempre va a perder.

Además de ese tema de asesoramiento, la gente se endeuda en lo que le ponen a disposición; necesita una casa y queda como rehén del Estado. Entonces, la situación es harto injusta.

Estas personas que hoy están sobreviviendo, han pagado durante una vida y cuotas que no son chicas, pero tienen niveles de deuda superiores o iguales a las que tuvieron el primer día. En muchos de los casos han incrementado el valor de esos bienes porque han mejorado las construcciones, les han hecho agregados, han actuado con buena intención.

Creo que el tema tiene una connotación social y es obvio que no es el aspecto que debe atender el Banco Central del Uruguay; sus directores solo nos tienen que comprender y hacer estas advertencias.

La consulta que quiero hacer es la siguiente. El país ha tenido alguna experiencia de soluciones de este tipo de problemas, como la que se dio con la creación de la Agencia Nacional de Vivienda a la que se le pasó la cartera social. Allí hubo un aporte de papeles, en realidad, del Poder Ejecutivo para no embromar el balance del Banco Hipotecario del Uruguay. Esos papeles luego se fueron rescatando por parte del Poder Ejecutivo con las ganancias que en los años posteriores fue teniendo el banco. Una solución de ese tipo me atrae, más con el informe que tenemos de la deuda del Banco Hipotecario que dice que, al menos por casa habitación, los deudores son 7000. Después hay otros tantos –un poquito más– por otros conceptos. Me parece que tal vez podríamos analizar alguna ingeniería financiera que nos permita sacar este lastre a la gente, sin perjudicar tan fuertemente el balance del Banco Hipotecario del Uruguay que se transforme en una entidad que sea poco confiable para el ahorrista y el depositante en general.