La plataforma reivindicativa del Tribunal de Cuentas

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado recibió el 9 de setiembre a una  delegación del Tribunal de Cuentas, integrada por los ministros Francisco Gallinal y Enrique Cabrera; el director de la División Jurídica Santiago Fonseca; el director de la División Auditoría Omar Zooby; la contadora central Amelia Boix, y Ana Arzúa. El ministro Gallinal reiteró con énfasis la reglamentación del artículo 211 de la Constitución en el sentido de regular las observaciones que hace en los gatos del Estado el Tribunal de Cuentas. La siguiente es parte de su intervención.

SEÑOR GALLINAL … como decía, con mucho gusto llegamos a esta comisión con los dos objetivos fundamentales que cada año marca la temática presupuestal.

El primero es realizar nuestra rendición de cuentas  ante el Parlamento –como Tribunal de Cuentas– de lo que hemos hecho desde la oportunidad en que se aprobó el presupuesto nacional hasta hoy. Cabe recordar que el presupuesto nacional aprobó unas cuantas normas solicitadas por el Tribunal de Cuentas, muchas de las cuales ya han sido implementadas y ejecutadas y de las cuales vamos a poder dar la explicaciones correspondientes.

El segundo objetivo es fundamentar el alcance de dos artículos que solicitamos que se incluyeran en esta rendición de cuentas, que lamentablemente no fueron aprobados en la Cámara de Diputados. Entendemos que en un primer momento hubo una confusión con un artículo anterior –que vamos a explicar–, lo que motivó que el equipo económico se pronunciara en su contra. Luego el equipo económico cambió de posición y, no solamente se manifestó a favor, sino que, además, lo integró a su propia rendición de cuentas. Se trata de un artículo de características similares.

Consideramos imperioso, fundamental, que el Parlamento nacional apruebe una ley que reglamente el literal B) del artículo 211 de la Constitución de la República. Este literal ha permanecido inmaculado e intocable desde el año 1934 –cuando se aprobó la reforma constitucional que lo creó– hasta hoy; nunca ha tenido modificación.

¿Qué es lo que establece este literal? Que cuando un gasto observado  por el Tribunal de cuentas sea reiterado por el organismo en cuestión, le corresponderá al Tribunal de Cuentas dar cuenta a la Asamblea General a sus efectos.

Tal como pusimos de manifiesto en otras oportunidades –quizás seamos reiterativos, pero la importancia del tema nos lleva a esto–, nosotros entendemos que, cuando el constituyente redactó una norma de estas características en 1934, lo que hizo fue darle pie al legislador para que legisle en la materia, para que sea él quien determine los efectos de la reiteración del gasto de un organismo, que es comunicada a la Asamblea General por el Tribunal de Cuentas.

El gran tema es cuáles pueden ser sus efectos; eso es lo que hay que determinar. Nosotros tenemos nuestras propias ideas y siempre hemos dicho que estamos dispuestos a que los técnicos del Tribunal de Cuentas participen en la redacción de un proyecto de ley asesorando al Parlamento, pero esta es una tarea propia del Parlamento, no solamente porque su competencia exclusiva es la de dictar leyes, sino porque tenemos que definir cómo va a actuar frente a la reiteración que envía el Tribunal de Cuentas. Reitero, eso lo que tenemos que definir.    Consideramos que es muy bueno que se logre esa definición, porque le daría otra fuerza al Tribunal de Cuentas. Sin perjuicio de esto, vamos a permitirnos manifestar dos cosas. En primer lugar –ya lo dijimos en otra oportunidad–, del total de gastos observados por el Tribunal de Cuentas, se reiteran y llegan a conocimiento de la Asamblea General entre el 7 % y el 8 %. Quiere decir que en el transcurso de las últimas décadas los organismos del Estado han venido avanzando en forma sustantiva en su celo por cumplir con la legalidad. En definitiva, cuando estudiamos un gasto no nos detenemos en la oportunidad del gasto, porque la Constitución de la República no nos lo permite y no tenemos competencia para hacerlo. La Constitución solo nos da competencia para determinar la legalidad del gasto y nunca su oportunidad y conveniencia. Eso lo define el organismo y, eventualmente, lo podría resolver la Asamblea General, si se redactara y aprobara una ley que lo instrumentara.

En estas circunstancias, quisiéramos agregar dos elementos que nos parecen fundamentales. El primero de ellos es que el Tribunal de Cuentas ha empezado a ganar espacio en la opinión pública, pero no por sí mismo, sino por los actores del sistema político. Cada vez que hay una discusión sobre un gasto del Estado aparecen voces que señalan que el gasto fue observado o intervenido, que es la forma de aprobarlo. Ese acto se denomina intervención. Lo hemos visto con frecuencia en los últimos años, no solamente desde el comienzo de esta legislatura, sino también en los años anteriores. Eso ha calado a nivel de la opinión pública.

Los señores senadores aquí presentes coincidirán con nosotros en que, efectivamente, durante todos estos tiempos el Tribunal de Cuentas y sus expresiones están permanentemente en boca de todos los actores políticos –y también en los no políticos, pero institucionales–, lo que es algo muy bueno para el tribunal.

A modo de anécdota puedo decirles que todos los días recibimos un boletín informativo. La empresa que nos proporciona la información filtra todo aquello que dice el Tribunal de Cuentas y nos lo envía. Otros años había momentos en que el boletín no llegaba porque no había ninguna noticia vinculada al Tribunal de Cuentas, pero ahora llega con mucha frecuencia.

Pero el elemento más interesante de estos avances es la forma en que uno va apreciando cómo los organismos del Estado, los organismos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados y ministerios están poniendo celo a la legalidad. Por tanto, cada vez más se van cumpliendo las distintas normas del Tocaf, que son la guía de referencia permanente en cada una de nuestras decisiones. Tan así es –esa información se la vamos a proporcionar, señor presidente, cuando se terminen los estudios correspondientes– que al día de hoy no solo ha bajado el porcentaje de la cantidad de gastos observados que vienen reiterados a conocimiento de la Asamblea General en el total del presupuesto nacional, sino que también ha bajado en forma sustantiva el porcentaje de los montos en pesos.

Digamos algo más: esto no significa que la Asamblea General deje caer en saco roto los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas. Cuando se da un pronunciamiento y el actor político, por su especial olfato, sabe perfectamente que puede llegar a traer cola, quizás hasta antes de que el tema llegue a conocimiento de la Asamblea General ya forma parte de una discusión en comisión, de una citación de un ministro a comisión, de una interpelación o de un pedido de informes. Nosotros estamos recibiendo cada vez con mayor frecuencia pedidos de informes de los legisladores.

O sea que en ese aspecto estamos muy conformes con el accionar, con la forma en que va impactando, sobre todo, en los organismos con los que tenemos relación permanente, que son los que gastan, los que generan recursos para el Estado. Advertimos que, efectivamente, hay un interés especial por cumplir con la legalidad.

Por otra parte, agreguemos algo que es de Perogrullo, pero que es importante señalarlo: reiterar el gasto no es un delito. Tan así es que está especialmente previsto por la Constitución de la República. Por esa razón dice «a sus efectos», es decir que se pueda diferenciar una mera observación de una observación más profunda. Si bien todas son observaciones, y todas son observaciones con incumplimientos legales, no es lo mismo un incumplimiento porque se da lo que se llama el principio de ejecución, es decir, el organismo empieza a ejecutar el gasto antes de la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas, que una observación porque se hizo una compra directa cuando, en realidad, debió haberse llamado a una licitación pública internacional. Son cosas totalmente distintas y, por eso, en la ley correspondiente se podrá hacer una distinción de esos temas.

Una vez más, señor presidente, dejamos planteada la necesidad de reglamentar. Por lo menos se podría dar un primer paso, vivir alguna experiencia y luego, en función de ello, seguir avanzando. Este es un reclamo que viene desde hace muchos años. Obviamente hay que ponerle mucha imaginación, pero es particularmente necesario.