Se trata del Derecho

Leonardo Guzmán

El pasaporte comedidamente enviado a Marset preso en Dubái, los pasaportes con nacionalidad falsa vendidos a rusos, la imputación y condena a Astesiano -con sus filtraciones, sus conexiones y sus ramificaciones no cerradas- generaron combos de culebrones.

Resuelto lo grueso, siguieron menudeando grabaciones y denuncias. Un abogado acusó a la Fiscal de ocultar qué le reprochaba a su defendido. La Fiscal se encaró con el colega que la suplía y volvió antes que venciera la licencia motivada por estrés. Entre ruidos, el Fiscal de Corte dispuso trasladar a esa Fiscal, que anuncia 30 días de nueva licencia médica y enseguida la reduce a 9 jornadas. Todo con despliegue mediático salpicado de tuits. Todo con estruendo.

El Fiscal de Corte dio explicaciones racionales pero sobre hechos consumados y decisiones de corto alcance. Cambió a la Fiscal que pactó 4 años y medio de prisión para el ex custodio y declaró que iba a seguir con varias carpetas y más implicados. ¿Qué mensaje se da a la ciudadanía removiendo a la encargada de un caso multifacético cuando aclara que tiene trabajo pendiente? ¿Qué enseñanza se esparce al mostrar que la denuncia de un defensor puede incinerar al Fiscal que le tocó como contraparte, sin sumario ni causal específica? A partir de este precedente ¿qué estabilidad se asegura a los Fiscales cuando sean llamados a ahondar en causas macro? ¿No es acaso esto colocar a la libertad del dictaminante bajo una espada de Damocles?

Todo asesor público o privado necesita independencia para que su contribución sea sabia y sirva como savia. Pues bien: los Magistrados la requieren tanto como el aire que respiran. Sobre esto no improvisamos: fue por defender la libertad de los dictaminantes y garantizar los derechos de los imputados que en 2003, ejerciendo el Ministerio de Educación y Cultura, contamos con el apoyo del presidente Jorge Batlle para suspender al Fiscal de Corte por violaciones que luego, en el sumario debido, confirmaron 14 pronunciamientos de especialistas de todos los partidos, que sepultaron las argucias con que el Frente Amplio y algunos socios ocasionales quisieron voltearnos en el Senado.

Nada de lo resuelto en el embrollo de ahora apareció regido por principios ni iluminado por contundencia jurídica alguna. Todo lució como un forcejeo de poderes, a ratos con la calidad de las tardes de chimentos de la TV porteña.

Pues entonces, no nos dejemos engatusar por el bochinche. Este no es un lío entre Fiscales ni es sólo una crisis en un servicio donde los que no salen en los diarios se revienen sobre miles de carpetas postergadas sin esperanzas, por aplicar un Código fracasado.

La manera republicana de vivir el Derecho se nos transformó en maga y lava. Y la crisis nos muestra cómo viene amansándose conciencias, al cambiar el alerta crítico por un horizonte de formularios llenados sin apego a la verdad y la Justicia.

Si en vez de pulseadas políticas hubiera entusiasmo por fortalecer al Derecho, no sería difícil designar ya un Fiscal de Corte de fuste, con ánimo organizador.

Eso sí: tampoco bastaría.

Ferrajoli demuestra en “La Lógica del Derecho” -Laterza, Nápoles, 2016- que “una legalidad desequilibrada e inconsistente pone en crisis al edifico del Estado de Derecho en su totalidad”.

Y es contra eso que debemos combatir, no ya como juristas sino como simples mortales que queremos seguir siendo ciudadanos y no súbditos de sistemas cerrados que terminan no sirviendo ni a quienes los instalaron.