Terminar con la violencia digital

Fátima Barrutta

El hecho bochornoso ocurrido en Paysandú, en que una edil de Soriano fue filmada por un colega con un celular, mientras se duchaba, fue más que «solo una broma», como dijo el curul en cuestión. Y también fue más que una de esas anécdotas graciosas que publican los diarios con título escandaloso, para generar clics.

Porque si esto se toma como una extravagancia de la que se habla por unos días y después se olvida, estamos ante un grave problema cívico: el de la naturalización de la violencia machista.

Si todo queda en la charla humorística de boliche, será la demostración fehaciente de que hemos retrocedido como sociedad.

No faltará quien me acuse de tremendista por hablar de violencia, pero es así como debe catalogarse una semejante invasión a la privacidad.

Hay que tomarla en serio, más allá de lo anecdótico, extrayendo de la experiencia una nueva evidencia del deterioro cultural que nos aqueja.

 ¡Justo a nosotros, el país de Varela, Rodó, las hermanas Luisi y Adela Reta!

Seguimos descendiendo peldaños éticos y de convivencia, tal vez al influjo de una cultura popular porteña que nos invade por los medios masivos, donde la mujer es un objeto y la privacidad un valor en desuso.

En este país, la ley número 19.580, denominada «Violencia hacia las Mujeres Basada en Género», rige desde fines de 2017. A pesar de la completa descripción de los distintos tipos de violencia a que se las somete desde un machismo sistémico, la misma evolución de las tecnologías de comunicación hizo que quedara renga.

En respuesta a múltiples casos en que distintas mujeres fueron filmadas o fotografiadas en la intimidad, sin su consentimiento, y luego compartidas esas imágenes en el hervidero pueril de las redes sociales, en marzo de este año presenté al Parlamento el proyecto de un nuevo literal para el artículo sexto (Formas de violencia) de la citada ley.

Refiere a la «Violencia Digital», entendida esta como «toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información, la comunicación y las redes sociales, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia».

Obsérvese la actualidad que asume ese agregado en estos días, en que nos enteramos que un miembro de una Junta Departamental incurrió en una violencia de similares características.

Avanzar en igualdad de género es también dar los pasos jurídicos necesarios para amparar a las personas injuriadas y así ayudar a interrumpir la inercia machista que tanto daño viene haciendo a nuestra sociedad, desde las expresiones de barbarie del siglo XIX hasta este presente de «bromas» que no pueden soslayar su componente de desprecio discriminatorio.

Paralelamente, la bancada de ediles del Partido Colorado en la Junta Departamental de Montevideo propuso emitir una declaración, la que posteriormente fue aceptada y elaborada por todos los Partidos, manifestándose fuerte y claro contra estas prácticas machistas y advirtiendo que «estos hechos se ven agravados por provenir de un legislador electo por el pueblo como representante departamental», lo que «desprestigia a la institucionalidad que representa».

Tras expresar su solidaridad con la edil que ha sido víctima de estos hechos, la declaración exhorta que se tomen medidas severas, que «no son solo ejemplarizantes para nuestro sistema político, sino para la sociedad en general».

Entiendo que esta última frase sintetiza acertadamente la importancia del hecho y su dilucidación urgente: no se trata de un fenómeno aislado.

Es una práctica sistemática y violenta que debe cesar, para que nuestra sociedad transite una senda verdaderamente democrática, republicana y plural.