Educación Pública 1, Gremio 0
Hugo Fernández Faingold
Se podrán compartir o no muchas de las manifestaciones públicas de la Senadora Bianchi. En lo personal, me ha tocado compartir algunas y disentir en otras.
Pero si la Senadora recibió denuncias de prácticas de grosera violación de la laicidad por parte de la docente en cuestión, por constantes comentarios de corte político partidario y materiales sesgados de lectura para los alumnos; si recibió información sobre problemas con la puntualidad y asiduidad en su labor docente y sobre repetidas quejas formales de padres, no solo tiene derecho, sino también razón, en realizar un pedido de informes a las jerarquías institucionales correspondientes
Si además vio –como muchos de nosotros—la grosería pública de la respuesta de la docente, también dirigente gremial de UTU, ante la iniciativa de dialogar del propio Presidente de la República, tanto la Senadora como todos los ciudadanos, tenemos derecho a preguntarnos si esas actitudes no constituyen un impedimento para cumplir funciones docentes, con la responsabilidad de actuar responsable y honestamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros chicos.
Las organizaciones gremiales que han emitido un escrito repudiando el pedido de informes cometen tres errores garrafales.
EL PRIMERO: negar a la Senadora el derecho a pedir informes sobre el desempeño laboral de un docente público, que además es dirigente sindical, por el solo hecho de serlo, calificándolo de persecución sindical. Tiene ese derecho e hizo bien en ejercerlo.
EL SEGUNDO: sostener que ser dirigente sindical crea como por arte de magia espacios de impunidad frente al derecho y las costumbres elementales en materia política y de convivencia.
EL TERCERO: especialmente imperdonable para las organizaciones gremiales docentes, dirigirse al público con groseras y aberrantes (para docentes y no docentes) faltas de ortografía, cuando califican las acciones de la Senadora como persecución sindical. (Y conste que utilicé a sabiendas la mayúscula para repudiar el delito ortográfico del comunicado, que lo escribe como “persecución”).
No nos merecemos estos desmanes políticos y ortográficos.
