Libertad de expresión y responsabilidad
Marcelo Gioscia
En nuestro régimen de gobierno democrático y republicano, donde impera la fuerza normativa de una institucionalidad -que todos debiéramos preservar- y donde funciona equilibradamente, la separación de los poderes del Estado, en el marco de la libertad, bueno es tener presente que cada quien debe ser responsable de sus actos y conductas. Pues la libertad, como derecho fundamental de primera generación y dentro de ella, la libertad de expresión, podrá ejercerse plenamente, en la medida que no se violen los derechos de los demás y no se atente contra el orden público.
Nuestro Constituyente consagró desde la primera hora, que nadie podrá ser privado de este derecho, sino conforme a las normas que se establecieren por razones de interés general. Esto significa claramente que no estamos ante un “derecho absoluto”, y la relatividad de ese derecho, solo podrá encontrar su freno o limitación en la Ley. Debemos tener claro que no debemos perder la capacidad de asombro, si es que pretendemos analizar hechos y situaciones que toman estado público, con la mayor ecuanimidad y objetividad. A nadie escapa que, en todas las tiendas políticas, se ha largado la carrera por lograr las mejores posiciones de cara a las elecciones nacionales que tendrán lugar a fines del año 2024 y que el cambio de mando presidencial ocurrirá el 1ero de Marzo de 2025, sin embargo, creemos del caso señalar que, en el afán de llevar aguas para su molino, los grupos que conforman la coalición de “izquierdas”, han dado muestras de violentas manifestaciones, que contradicen el tono “conciliador” de alguno de sus dirigentes más encumbrados. Utilizando cánticos, insultos y expresiones agraviantes, al más puro estilo fascista totalitario, buscaron empañar recientemente una inauguración histórica, como lo fue la del Hospital del Cerro. Descaradamente y escudados en la patota que promovieron y arengaron, se buscó la reacción del Sr. Presidente de la República y de otros jerarcas del gobierno en ese evento, utilizando la expresión “Narco Ladrón” y atribuyendo vínculos con el narcotráfico (que luego volvieron a mencionar en una declaración sobre el caso Marset) y la corrupción. ¿Es acaso que, en uso de la pretendida “libertad de expresión”, todo valga? Todo tiene un límite. Y la oposición debiera encontrarse en la primera línea, para fortalecer la institucionalidad y no, para minarla. En el acto público que mencionamos –de tanta trascendencia no sólo para el gobierno, sino para la población de esa zona de nuestra capital que se verá beneficiada- no se respetaron investiduras de quienes asistieron en nombre del gobierno, ni símbolos nacionales y vaya si el Himno Nacional lo es. Sería bueno tenerlo presente. Resultaría importante no olvidar algunos hechos que se sucedieron en sus quince años de gobierno, que costaron mucho, tanto a la imagen del país como a sus contribuyentes, pero que en su irresponsable como sesgada visión, pretenden hacer como si no hubieran ocurrido. La ciudadanía sabrá llamarlos a responsabilidad en su debido momento, pues nadie resiste a los archivos.