Decisiones gremiales abusivas
Marcelo Gioscia
Tanto el derecho de agremiación, como el derecho de huelga, están previstos en la Constitución de la República y estos derechos deben respetar los derechos humanos fundamentales o de primera generación, que son los contenidos en el artículo 7mo. de nuestra Carta Magna. Sabido es que éstos derechos básicos (vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad) no son derechos absolutos, pueden limitarse “por razones de interés general” por expreso mandato de nuestros constituyentes. Sin embargo el conflicto que se generó en un banco privado, que en uso de su derecho a dirigir su empresa, esto es su negocio, y hasta venderlo a un tercero, supuso el despido de 29 empleados, ya alcanza ribetes increíbles, que lindan con el abuso de poder y la extorsión. Según ha trascendido, 26 de estos trabajadores habrían llegado a un acuerdo con la institución bancaria, aceptando percibir una muy generosa indemnización que los llevó en unos casos, a desvincularse de la misma y en otros ingresar a una nueva empresa. El gremio que nuclea a los empleados bancarios de nuestro país, ha rechazado la decisión del despido y apoya a los 3 trabajadores que no llegaron a acordar con su empleador, quien dentro de sus potestades legales y abonando las indemnizaciones legalmente establecidas, insiste en la necesidad de su despido. Obsérvese que, el caso que nos ocupa, refiere a trabajadores de “cuello blanco”, cuyas retribuciones mensuales distan y mucho, de la media salarial de otros sectores de actividad. Pero lo realmente inadmisible es que el gremio, abuse de su fuerza “combativa” y con una actitud que tiene visos extorsivos, amenace con “hacer parar toda la banca privada del país” si a la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no concurriera el gerente de la Banca Corporativa. Esto es, se irroga un derecho que no tiene, a influir sobre la conducta a seguir por el número uno de la empresa en cuestión, anunciando que se producirán consecuencias negativas, si tal decisión no fuera en el sentido de su pretensión. Ciertamente, inadmisible. A nuestro leal saber y entender, esta condición (que busca presionar a las partes que se avienen a conversar -en una sede pública- para destrabar el conflicto) de modo alguno tiene asidero, ni mucho menos legitimidad. Desconoce las prerrogativas de conducción y control que tiene el empleador al momento de organizar los negocios de su empresa, pero lo que es aún peor, pretende “tomar de rehén” a toda la población, por intereses personales de estos tres trabajadores agremiados, que por cierto, muy lejos están de defender un “interés general”. Nuevamente un grupo de presión, busca “llevar agua para su molino”, y ejercita su poder de convocatoria a sus agremiados y pretende (con su advertencia amenazante) demostrar “su poder”, sin importarle un comino los perjuicios que el paro de actividades que anuncia para su sector, puedan llegar a causar a los usuarios, a todos los niveles. Abusan de su derecho y atentan contra la normal actividad de un sector tan sensible de la economía, lo que además y lamentablemente, perjudica la buena imagen institucional de nuestro país que debe preservarse.
