La policía fue, es, y será responsable de la seguridad pública y ciudadana
Zósimo Nogueira
¿Quién debe brindar seguridad a la población, a la comunidad? La Policía. ¿A quién se le reclama por la inseguridad? Mayormente a los políticos, al gobierno de turno. ¿Pueden ellos darle seguridad? Seguramente que no. Lo que pueden es legislar, modificar los sistemas de aplicar justicia y elegir para ocupar cargos de particular confianza a quienes delinearan políticas de seguridad que la institución policía ejecutara.
Desde 1985 con la recuperación democrática de manera gradual se designaron para comandar a las diversas Jefaturas y Direcciones Nacionales a Oficiales superiores retirados, aunque en muchos casos con menor rango que sus subordinados.
Eso no era, ni es bien visto; se ha ido corrigiendo.
Es un reconocimiento a la profesión policía, a su extenso currículo académico y a la práctica del ejercicio de la profesión.
Profesionalismo policial direccionado por la impronta política que le quiera dar el Ejecutivo de turno.
Esos “cargos políticos” se ofrecen y aceptan; pero cesan por simple voluntad política. Son las reglas del sistema.
El poder político “Ministro del Interior” les dice lo que quiere en materia de seguridad, se fijan prioridades y éstos deben planificar y desarrollar las estrategias para cumplir y alcanzar las metas.
El cómo “debería” ser de resorte profesional, ahí es donde se ven fortalezas y debilidades, la capacidad de los gestores designados y los recursos requeridos.
La maquinaria principal son las estructuras y los recursos humanos de la policía nacional.
El debe. El funcionamiento actual no difiere mayormente del proyectado e implementado por las administraciones del Frente Amplio, grandes trasformaciones mayormente equivocadas que no lograron el resultado buscado y pregonado.
Se planifico en base a criterios de igualdad que no se corresponden con una institución jerárquica piramidal. Como si todos tuvieran la misma preparación, no es así.
La oficialidad tiene educación terciaria, el personal subalterno no la requiere.
Se ha restado importancia al capital antigüedad y experiencia, y se ha descontextualizado aquello de funcionario llevándolo a la categoría de empleado.
Con ello se desvaloriza su carácter de mano coactiva del Estado, Hombre armado con poder delegado para hacer cumplir la ley.
Esa trasformación proyectada e implementada por el frente amplio, llevo a la situación actual. Estamos en lenta mejoría, digamos que aún convalecientes.
Se requiere de un gran impulso trasformador para retornar a los niveles de eficiencia de otrora.
En la última administración colorada, a pesar del incremento delictivo favorecido por la crisis económica tuvimos la satisfacción de exhibir un 100% de efectividad en el esclarecimiento de los crímenes más importantes ocurridos en el Departamento de Canelones. La eficiencia policial desalienta al marginal.
Quien lo dude, recurra a la prensa de la época. Formamos equipo, funcionaba bien.
Montevideo ranquea parecido y en el interior no habían grandes desafíos de la criminalidad.
Si volviéramos a esos niveles seguramente seriamos el país más seguro de Sud América. Y no había gente presa por acuerdo abreviado entre fiscal y defensor.
Qué bueno aquello de respetar a ultranza el principio de presunción de inocencia.
Cuanto más fina era la investigación policial mas sustento a la sentencia.
Nada de aspaviento, escarnio público, ni se ventilaban pormenores de lo investigado. Todo se manejaba con reserva, denuncias, actuaciones, comunicaciones, detenciones. Imputados detenidos y conducidos, o citados; denunciantes, testigos etc ingresaban a la sede judicial declaraban y con todas las garantías el juez se expedía.
Los presos retornaban a la unidad policial, allí orden judicial mediante iban a la cárcel o eran liberados. Presos o libres.
La discreción era lo habitual, los flashes y cámaras a distancia lo excepcional.
Los jueces rara vez daban información de prensa, siempre muy cautos. Como cambio,
Sin agravios ni condenas a ninguna colectividad política, pero las ideas y propuestas trasformadoras no funcionaron, ahí arranca el fracaso de su proyecto de país seguro.
Como decía Sadam Husein la madre de todas las batallas, por lo multi causal digo la madre de todas las derrotas.
El Código de Proceso Penal, la nueva estructura policial y la estrategia aplicada.
Para lograr un efectivo cambio, para revertir la situación considero imprescindible empoderar y responsabilizar a la policía como institución, a los mandos policiales y la asignación de tareas por área territorial y área de especialidad.
El territorio delimitado por la jurisdicción y el territorio delimitado por la especialidad.
¿Porque esa dualidad de responsabilidad? Para mejorar eficiencia y reducir posibilidad de venalidad.
La exclusividad favorece y permite la connivencia y acuerdos entre el bien y el mal. Entre quién delinque, y quién controla y reprime.
Esa dualidad operativa es como una guadaña presta a caer sin aviso, dificulta desvíos, ejerce una función reguladora, impide salvoconductos.
En lo macro vemos el contrapeso entre Jefaturas y Direcciones Nacionales. Y en la interna Departamental entre las comisarias seccionales y unidades de investigaciones. Dualidad igual a freno a la corrupción.
Las declaraciones juradas de patrimonio que realizan los mandos superiores deben extenderse a todos los policías sin distinción de jerarquías, es más a todo funcionario público. Renovable periódicamente. Siempre un paso adelante a la corrupción.
Es imprescindible la capacitación de los funcionarios policiales para desempeñarse acorde a las tareas de su rango con capacidad de remplazo a sus mandos inmediatos.
Ingresos selectivos, egresos preparados.
Debe realizarse una reestructura de la policía, restableciendo el sistema jerárquico piramidal, cuanto más jerarquía menos cargos. También reestructura a nivel de organización, eliminando o trasformando unidades, agregando o quitando cometidos, modificando el formato. Haciendo lo que le corresponde y no asumiendo tareas impropias, ajenas.
Terminar con todos los sistemas de calificaciones y ascensos no compatibles con la antigüedad calificada. Destino acorde al rango. Escalafón único, Fuera el dedo en los ascensos.
A nivel territorio, responsabilizar a cada jerarca respecto a su jurisdicción, desde Jefes de Policía a Comisarios Seccionales. A nivel especialidad. Desde Directores Nacionales a Jefes de Departamentos policiales.
Lo primerísimo es repoblar y fortalecer a las Comisarias Seccionales y unidades de investigaciones. Promesas incumplidas. Tibios intentos.
Respecto a actividades criminales abiertas y de conocimiento de la comunidad como es el caso de las bocas de droga, o de receptación.
Ninguna de éstas puede escaparse al conocimiento de los policías de la jurisdicción, ya sea por patrullajes, vínculos con la comunidad o recepción de denuncias conexas por acciones delictivas, invasión de espacios, movilidad de consumidores de drogas, comercialización de efectos robados etc.
Advertidas, deben ser objeto de acciones inmediatas.
Refieren a actividad criminal flagrante que debe neutralizarse con medios propios o con los apoyos necesarios.
Esa dualidad a la que nos hemos referidos también aplica aquí, respecto a los equipos o Departamentos de investigadores de cada modalidad delictiva.
A esto debe sumarse las tareas de contralor y fiscalización reguladas por la ley debido a su posible conexión con actividades delictivas. Desarme de vehículos, compra venta de joyas, metales preciosos, obras de arte, metales, objetos; población flotante, prostitución. Esto dificulta y disminuye delitos. Es el inicio del cambio.
Si a eso elevamos el plazo de tiempo para que la policía informe a fiscalía, cuanto más se aclararía, cuanto trabajo se facilitaría al fiscal.
Como antes se hacía con el Juez, todo se sustanciaba en las 24 horas con que contaba la policía y las siguientes 24 en que el juez disponía nuevas averiguaciones, verificaciones necesarias para una mejor y certera evaluación.
Menos situaciones abusivas y menos ingreso a las cárceles como medidas cautelares. Más garantías.
