Al día siguiente de las elecciones. ¿Cómo sigue la pelea educativa?
Claudio Rama
La política educativa en Uruguay no se presenta de manera uniforme como una política nacional, sino que está influenciada por las fluctuaciones en las correlaciones electorales. Pero además de ello, que ya es poco normal, el sector enfrenta un profundo conflicto de enfoques totalmente radicales, manifestándose no solo en discrepancias puntuales sobre acciones o políticas específicas, sino sobre sus ejes estructurales constitutivos. Ello en tanto existe una grieta alrededor de los principios fundamentales que rigen su organización institucional, que incluso ya no se produce en la mayor parte de temas nacionales. En muchos de ellos donde existían anteriores miradas dicotómicas como en macroeconomía o apertura económica, por no decir, reforma agraria, no pagar la deuda o nacionalización de la banca, ya esos enfoques han sido superados hacia un relativo consenso entre los distintos actores políticos. Incluso en la reciente elección se laudo definitivamente otras grietas que existían sobre la libertad de tener ahorros individuales o el aumento de la edad de jubilación acorde al aumento de la esperando de vida.
La educación, a diferencia, sido siendo el alimento de profundas grietas políticas. Incluso, la pugna entre las concepciones no se limita a la gobernanza (poder y estructura), sino que también refieren a los diseños curriculares, las modalidades educativas, el rol del sector privado o el ingreso de proveedores educativos externos. Hasta la educación virtual es objeto de confrontaciones únicas en el mundo o la importancia del mérito y la evaluación. Estas confrontaciones en las bases de la educación no son recientes ni remiten a la Ley de Urgente Consideración (LUC) que introdujo el actual gobierno haciendo ajustes a cambios que en su momento introdujo el FA apoyado en su mayoría parlamentaria, y que derivó en una solicitud de revocatoria que derivó en un plebiscito que ratifico la decisión legislativa. Muchas de las políticas y normas aprobadas por el FA fueron a su vez para anular políticas anteriores o incluso toda una reforma como la impulsada por German Rama a fines de los 90. Es un cuento de no acabar que se repite por diferencias en la concepción y organización de la educación de larga data y periódicamente vuelven, y donde nada indica que no continúen siéndolo eternamente para desgracia de los estudiantes y los egresados. La realidad incluso muestra que estas divergencias han crecido y consolidado, acentuando problemas educativos de equidad, calidad, cobertura y pertinencia. Son pugnas no solo entre el FA y la Coalición, sin que también han sido al interior del FA y que derivaron en la declaración de esencialidad o anular el objetivo de cambiar el ADN en el gobierno de Tabaré Vásquez. Así, incluso el grado de autonomía de las estructuras educativas, la descentralización de la dirección, la articulación con las políticas gubernamentales, la cogestión, el currículo por competencias, la nula diversificación institucional, el control sobre la educación privada o incluso la existencia de una educación virtual, han sido temas recurrentes del debate político e ideológico. Incluso, el área ha sido la génesis de nuevos de confrontación como la imposición del uso del lenguaje inclusivo al amparo de una interpretación capciosa de la libertad de cátedra. Todo está en discusión en educación, que contribuye a una permanente tensión entre dinámicas autónomas para imponer esos enfoques no aceptados y reforzando lógicas corporativas en la gestión, frente a una gobernanza más controlada que busca minimizar la autarquía. Las diferencias en las concepciones institucionales abordan no solo paradigmas académicos o partidarias, sino que están enraizadas en enfoques ideológicos, reflejando además un objetivo “gramsciano” de crear un contrapoder dentro de los aparatos culturales y educativos del Estado. Todo ello finalmente ha aumentado la partidización de la gestión educativa y generado una tensión entre regulación externa y lógicas endogámicas
Por ello, los cambios en las correlaciones políticas a nivel nacional son determinantes en la formulación de las políticas educativas. Con los resultados en la mesa de la elección nacional de este domingo, está claro que se mantendrán las diferencias sobre la política educativa futura. La polarización del país es una realidad dolorosa e irrumpe la posibilidad de un país cada vez más bloqueado. Quedará un mes, para saber si los gremios docentes recuperarán su control total sobre las políticas y organismos educativos a través de un congreso mandatorio y regreso a los sistemas de cogobierno, o si por el contrario, se continuará con la política impulsada por la LUC y ratificada por un plebiscito y con autoridades designadas por el parlamento, que se erige como un punto central en el debate sobre la educación en Uruguay. La utopía de un acuerdo que nos permita impulsar una educación actualizada no parece estar cerca.
