El Plan para la “Transformación educativa (2020-2024)”
Claudio Rama
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó en días pasados los lineamientos estratégicos de una llamada ”Transformación Educativa” ajustados a su Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, que se inserta en el marco del proyecto de presupuesto quinquenal que en su oportunidad presentó la ANEP. Consistente en tres documentos integrados, el Plan parte de un Diagnostico de la situación del sistema de educación primario, medio y técnico profesional en el ámbito público, pero donde también se releva la situación de algunos componentes comparativos con el sector privado.
El eje del Plan para el quinquenio se basa en tres ejes centrales según planteó el Presidente de la ANEP, el profesor Robert Silva. El primer lugar una amplia reforma curricular que actualice los programas y los haga pertinentes, y que por ende permita crear competencias a los estudiantes acorde a los nuevos contextos de la sociedad y del mundo del trabajo. En segundo lugar una política de formación docente que avance a mejorar las competencias y niveles de formación de los docentes del país y que propenda a estructurar un sistema de ascenso y de mejoramiento no sólo asociado a la antigüedad docente, sino buscando colocar a la formación adicional de estudios universitarios, la experiencia y la evaluación como complementos fundamentales. Y finalmente una importante autonomía y descentralización en la gestión administrativa y académica de los centros, pero al tiempo sobre la base de indicadores de objetivos, con participación incluso mayor de las comunidades, respecto a los respectivos Consejos de primaria, secundaria, formación técnico profesional y de formación docente, como especialmente respecto al tradicional centralismo capitalino.
Este Plan de Transformación Educativa presentado, contiene tres documentos constituidos por un diagnóstico de la situación de donde derivan los motivos de las estrategias y acciones educativas, un conjunto de propuestas presupuestales para la disposición de recursos para ello y un articulado de normativas acordes para alcanzar los objetivos planteados. El Plan, a su vez, se apoya en el documento presentado al Poder Legislativo en meses pasados y en el cual se plantearon los objetivos generales, las metas esperadas y los indicadores de cumplimiento, acorde a lo dispuesto por la Ley de Urgente Consideración que dispuso que se incluyera en la Ley General de Educación (LGE) la obligatoriedad quinquenal de someter a consideración del Parlamento la propuesta de un Plan Estratégico, no sólo para ser conocido por el organismo de representación de la ciudadanía sino también para poder hacer un seguimiento a las acciones educativas sobre bases reales.
El Plan inicia con un acucioso y detallado diagnóstico de las realidades y los problemas, que se constituye en la base, no sólo de las acciones necesarias para solucionar las carencias, sino también para tomar conciencia de la gravedad de la situación de la educación nacional. Situación compleja identificada previa a la pandemia y que muy probablemente empeoró aún más con el distanciamiento social, el cierre de las escuelas y la continuidad educativa a través de sistemas no presenciales, especialmente en los sectores de educación básica y media, y destacadamente en su primer ciclo, que es donde es más importante la enseñanza presencial y donde además las posibilidades de mantener el proceso educativo a través de dispositivos tecnológicos son muy limitadas. Si bien normalmente se tiende a decir que ya se han hecho muchos diagnósticos, es necesario recalcar su enorme importancia para poder actualizar las realidades y evaluar la marcha de las políticas y acciones, medir el grado de mejoramiento o empeoramiento de los indicadores, así como identificar nuevos núcleos problemáticos, especialmente en términos de calidad, equidad, y cobertura.
El Plan, en su primer capítulo referido al acceso, muestra dos dimensiones de primera importancia. Por un lado permite evaluar los mejoramientos que se han producido en los últimos quince años, que se reconoce en muchos sentidos, pero al tiempo mide como esos mejoramientos fueron limitados, menores comparativamente respecto a la escala internacional, así como muy desiguales en términos de los grupos sociales de los estudiantes. En materia educativa los procesos son de largo plazo, y la continuidad de las políticas es de enorme importancia, pero al mismo tiempo se requieren acciones más intensas y con nuevos conceptos y estrategias en las áreas en las cuales claramente el país se encuentra en una situación de rezago y poder llegar a resultados medibles y a una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Hoy, estamos frente a tendencias muy arraigadas de deserción estudiantil, de ausencia de mediciones objetivas de calidad, de ausentismo docente, de burocratismo administrativo, de escasa eficiencia terminal, de bajos sistemas de incentivos a la actualización y formación docente, de enorme rezago en la pertinencia de los programas, de alto rezago escolar y de falta de planes estructurados con indicadores y metas claras y medibles. Tal vez lo más trágico del diagnóstico sea que Uruguay está entre los 5 peores países de la región junto con Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, dado que menos del 50% de los estudiantes no culminan la educación obligatoria.
Los indicadores de cobertura indican el efecto de la desvinculación, expresadas en porcentajes crecientes de personas que no asisten a ninguna modalidad de enseñanza presencial. Es necesario resolver la situación del 2019, donde a los 17 años prácticamente uno de cada cinco adolescentes no concurre a establecimientos educativos, y que la brecha absoluta entre los quintiles 1 y 5 (entre ricos y pobres) es de 21,9 puntos a los 17 años en el país. Ello, incluso a pesar de que los que están estudiando de los quintiles más pobres están en una situación enorme de rezago. Bienvenido entonces el Plan.
