Actitudes personales contra dictaduras
Hugo Machín Fajardo
La brecha entre el compromiso y el cumplimiento del Régimen Internacional de Derechos Humanos (RIDH) es notoria, pero también notoria es la paulatina disminución de esa brecha. Y un factor fundamental en ese avance lo constituye el activismo trasnacional de los derechos humanos, de variadas formas que convergen en lograr un cambio de actitud, aun en los regímenes más autoritarios.
Hay que asumir que las actitudes personales —aparentemente inoperantes— en ocasiones obran como las últimas gotas de un experimento de laboratorio: terminan coloreando la nueva sustancia que estaba en ciernes.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, en la tribuna de la Asamblea General de la ONU denunció «la crisis humanitaria» provocada por la dictadura de Maduro en Venezuela que ha generado «tremendas presiones» sobre las instituciones y las sociedades latinoamericanas.
El mandatario chileno también llamó a «seguir trabajando para contribuir a la liberación de los presos políticos en Nicaragua» por cuyo estado de salud, en algunos casos, se teme lo peor.
Obvio que Boric al referirse a la dictadura venezolana aludía al último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en Ginebra, coincidente con las sesiones de la ONU. Informe que detalla las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad para reprimir a la disidencia y pone la lupa en la situación en las zonas mineras remotas de Venezuela.
El documento confirma «La comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley», denunciados por la abogada portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.
El informe será oficialmente presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), el 26 de septiembre de 2022, y en él se responsabiliza a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a los directores del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), como principales responsables de crímenes de «lesa humanidad».
Para confeccionar el informe que sustenta la denuncia de Boric sobre Venezuela, la misión — integrada también por Francisco Cox Vial (Chile) y Patricia Tappatá Valdez (Argentina)— entrevistó a 246 personas y documentó 122 casos de victimas desde 2014 hasta la actualidad.
«Ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo de bajo perfil que muchas personas han hecho, a nivel internacional, para apoyar el trabajo de la Misión ONU sobre Venezuela. A todos y todas, muchas gracias», tuiteó el coordinador general de la organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos (Provea), el sociólogo Rafal Uzcátegui. He ahí el reconocimiento a la labor de quienes defienden en Latinoamérica, y más allá, la vigencia de los Derechos Humanos en la región, independientemente de que quienes los violen se autodenominen de «izquierda» o de «derecha».
Es clave para la democracia latinoamericana la posición de Boric en defensa de los Derechos Humanos, así como lo es, en otro sentido, la omisión hecha ante la misma asamblea de la ONU por el presidente argentino Alberto Fernández al denunciar una supuesta práctica fascista de sus opositores connacionales, e ignorar los auténticos autoritarismos de sus amigos venezolanos, nicaragüenses y cubanos.
En la exigencia de liberación de los presos políticos nicaragüenses— y por elevación de los cubanos— Boric ha tenido un importante aporte de su elenco ministerial pero que también se nutre de activismo personal: el de su ministra de RREE, Antonia Urrejola. Esta abogada, de 53 años, hija de exiliados políticos de Pinochet, posee una larga trayectoria en organismos internacionales vinculados a la defensa de los Derechos Humanos. Desde 2017 integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que fue presidenta. Una de sus últimas tareas en la CIDH fue como enviada especial a Nicaragua para documentar las violaciones de los Derechos Humanos en el país de los volcanes, continuando la persistente labor de denuncia realizada por el ex secretario de la CIDH, el brasileño Paulo Abrāo.
La brecha entre el compromiso y el cumplimiento del Régimen Internacional de Derechos Humanos (RIDH) es notoria, pero también notoria es la paulatina disminución de esa brecha. Y un factor fundamental en ese avance lo constituye el activismo trasnacional de los derechos humanos, de variadas formas que convergen en lograr un cambio de actitud, aun en los regímenes más autoritarios.
El especialista mexicano Alejandro Anaya Muñoz, define ese activismo transnacional de como «el conjunto de procesos de interacción entre actores no-gubernamentales, órganos internacionales y gobiernos (democráticos) que buscan promover y proteger los derechos humanos a través de las fronteras y/o influir en el comportamiento de los gobiernos (y otros actores) que violan las normas internacionales correspondientes».
La doctrina de derechos humanos, con un desarrollo de más de 300 años, se concreta en 1948. Y más allá de su real poder coercitivo —«falta de dientes»— ha modificado y modifica el relacionamiento de los Estados con organizaciones de la sociedad civil trasnacional y ha empoderado a activistas locales en materia de Derechos Humanos.
Un parte aguas en el tema es el principio de no intervención estudiado por tratadistas como el chileno Edmundo Vargas Carreño (85) retomado por el secretario general de las Naciones unidas, el peruano Javier Pérez de Cuellar (1920 -2020) en su informe anual a la Asamblea General de la ONU de 1991: «El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no puede ser considerado por la comunidad internacional como barrera a la protección contra las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. La noción de soberanía, de hecho, no puede incluir campañas de exterminio o desplazamiento forzado de civiles con el único propósito de controlar los conflictos y la insurgencia».
En la medida que más gobernantes y sociedad civil se empoderen de la exigencia y reclamo por el respeto a los derechos humanos en la región, estará mejor garantizada la democracia en Latinoamérica.
