Basta de ensuciar la ciudad

Fátima Barrutta

Escribo estas líneas en la víspera del referéndum.

Aún no hemos votado y cualquiera sea el resultado del referéndum, siento la necesidad de reflexionar sobre un problema que nos atañe a todos, tanto a los que militamos por el No como a los que lo hicieron por el Sí.

En noviembre de 2020, ocupando una banca como edil departamental de Montevideo, por la oposición de gobierno y como Batllista elevé un proyecto de decreto para que se considerara la incorporación a la normativa de una medida que combatiera eficientemente la contaminación visual y el deterioro ambiental y de higiene que representan las cartelerías callejeras y pintadas políticas, características de las campañas electorales.

Mi propuesta consistía en impulsar la colocación de estructuras de carácter transitorio que sirvieran como soporte de publicidades partidarias, impidiendo explícitamente que se pintaran columnas y muros con mensajes de propaganda política, así como que se colgaran plásticos impresos de árboles y columnas de alumbrado.

Es una práctica en la que incurren todos los partidos políticos, lo que sin duda pone en cuestión su eficacia publicitaria y, por el contrario, termina atiborrando la ciudad de materiales visuales inconexos y antiestéticos, muchos de los cuales, además, por tratarse de productos plásticos, impactan negativamente en el ambiente.

La matriz conservadora de muchos (más especialmente de aquellos que paradójicamente se definen como “progresistas”) califica a esta iniciativa como inviable, y no es casual que mi proyecto haya quedado encajonado en el pasado período y en este, por una Junta Departamental de mayoría frenteamplista.

Sin embargo, la experiencia de este referéndum por la LUC, donde vemos un abuso desquiciado de esa práctica, con columnas que un día estaban pintadas de rosado, al día siguiente de celeste y al otro nuevamente de rosado, pone de manifiesto su absoluta inutilidad, el catastrófico malgasto de dinero en el que incurren los sectores políticos y una aberrante contaminación visual, que afecta tanto a Montevideo como a muchas localidades del interior.

El sistema político debería tener la madurez de asumir que no se puede deteriorar de un modo tan lamentable el paisaje urbano.

Es curioso, porque las pintadas de muros públicos, espacios abandonados, árboles y columnas está penada en la ley de faltas, pero nadie la aplica cuando llega el momento de contaminar a la ciudad con mensajes electorales.

La mugre descontrolada de columneras y pasacalles mal atados o rotos, que en un mismo emplazamiento pueden contarse por decenas, lejos de ser útil como motivadora de la elección del ciudadano, lo más seguro es que lo aleje de la política, haciéndole desear que la discusión pública se termine de una vez, en lugar de lo contrario, estimular el ánimo de que el debate esté siempre presente para el fortalecimiento de nuestra cultura cívica.

Para colmo, ni siquiera se puede hablar de que la vandalización del paisaje tenga sentido por tratarse de un medio barato al que recurrir para expresar ideas. Hoy ese rol lo ocupan las redes sociales, donde cualquier persona puede llegar a todo el electorado a través de publicaciones que se hacen en un entorno ordenado y reglado, gratuitas o con muy bajas inversiones de dinero, cuando se quiere patrocinarlas.

Para la elección de 1971, el Frente Amplio había incurrido en la práctica de pintar franjas horizontales rojas, azules y blancas, como su bandera, en los troncos de los árboles (los cánticos de los partidos tradicionales recordaban a la coalición de izquierda, paródicamente, que “los árboles no votan”).

Hoy a nadie se le ocurriría hacer esa salvajada, que es de un impacto antiecológico evidente.

Pero nada decimos de la saturación de plásticos en las calles y del afeamiento general de las ciudades, con pintadas de dudoso gusto que ni siquiera duran mucho.

Llegó la hora de madurar como sociedad y reglar este fenómeno, lo que en última instancia redundará también a favor de los sectores políticos.

En aquella minuta de trabajo propusimos que, como en otras ciudades del mundo, los gobiernos departamentales emplacen soportes de publicidad exterior transitorios que puedan ser usados por los militantes en base a criterios igualitarios de asignación, como por ejemplo mecanismos de sorteo público.

Asimismo, los sectores partidarios deberían pagar un canon accesible por el derecho a su uso, previendo en contrapartida multas y sanciones para aquellos que incurran en intervenciones no autorizadas sobre el paisaje urbano.

Quienes trabajamos en política aspiramos siempre a generar medidas que promuevan el bien común.

Resulta paradójico que en este tema, postulemos un “todo vale” donde se afean las ciudades y se malgastan recursos.

Deberíamos ser los primeros en dar el ejemplo.