Conflicto de intereses en ANCAP
Marcelo Gioscia Civitate
La decisión de la empresa pública -que detenta el monopolio de importación y refinamiento de petróleos para la producción y posterior distribución y venta de los distintos tipos de combustibles- de parar las actividades de su refinería de La Teja para realizar necesarias tareas de mantenimiento, desde el pasado 4 de Setiembre de 2023, ha demostrado una vez más a la ciudadanía cómo inciden los distintos intereses para poder llevar adelante los objetivos empresariales.
Una “parada técnica”, que debe efectuarse necesariamente, para posibilitar esas tareas de mantenimiento, se ha visto enlentecida más de lo razonable y ello ha significado idas y venidas con el sindicato de los trabajadores, así como amenazas desde el PITCNT de llevar el conflicto hasta las oficinas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo, oficina de las Naciones Unidas con sede en Ginebra) para denunciar lo que consideran un atropello y pérdida de derechos de los trabajadores. El sindicato FANCAP decidió “trabajar a reglamento” y no realizar horas extras como esperaba el Directorio de la empresa, como una medida de fuerza, aunque su presidente negó que la misma pudiera incidir en el aumento del precio de los combustibles. Este conflicto se origina en la oposición a la decisión del gobierno, de asociar el deficitario negocio del portland de ANCAP con empresas privadas. Se entendió pertinente hasta instalar una carpa “en defensa del portland”, por entender que ésta es una forma de “privatizar” la empresa y se postergó una respuesta del sindicato hasta la reunión que mantendrían el 14 de Setiembre pasado, esto fue luego de la apertura del llamado a interesados a asociarse con ANCAP, que resultó desierto. Pero lo cierto es que, este atraso de casi dos meses en la aplicación de este plan de las obras de mantenimiento que llevará cien días, supondrá el incremento de importación de combustibles ya refinados, cuyos costos los seguirá pagando el contribuyente. Sin dejar de tener presente que, por tener parada o “apagada” la refinería, existirá una menor capacidad de poder incidir en el precio de los combustibles que se importarán desde el mercado exterior y poco se habla del “lucro cesante”, esto es lo que la empresa al no producir, deja de percibir por día (que rondan los 800.000 dólares). Nuevamente se anteponen intereses del sindicato a los de la empresa pública, pretendiendo incidir en la toma de decisiones que refieren a la política de la empresa, sin reconocer que quienes integran su Directorio, cumplen funciones dentro del marco normativo previsto por nuestra Constitución y por la Ley. Se sigue jugando con fuego y con la paciencia de la gente, cuando aún está abierta la herida que significó la imprescindible inyección de capital, por un monto de 800 millones de dólares, que debió brindarse a una empresa pública monopólica, por encontrarse al borde de la quiebra, no hace tanto tiempo. Cabe preguntarse hasta cuándo se abusará del contribuyente, que es quien con sus impuestos paga este conflicto de intereses, que no debiera ser tal. Hasta cuándo se seguirán admitiendo estas medidas, que resultan -en definitiva- contra el interés público colectivo.
