Convocan a diálogo social
Marcelo Gioscia
Dando cumplimiento a lo prometido en su campaña electoral, el actual Gobierno convocó a distintas reparticiones del Estado, a entidades sociales y a los partidos políticos, a participar de esta instancia, en el Auditorio Nacional del SODRE, para tratar temas de indudable actualidad e impacto. Los partidos políticos con representación parlamentaria –con la excepción de Cabildo Abierto- resolvieron (justificadamente, a nuestro leal saber y entender) no participar y sus representantes fueron recibidos en el Piso 11 de la Torre Ejecutiva al día siguiente en el mejor ánimo de lograr acuerdos para llevar adelante proyectos de ley.
Allí se les planteó acordar sobre otros tres “temas clave” en los que se pretende implementar una “política de Estado”, como la erradicación de la pobreza infantil, consenso para la seguridad, y “unificar los servicios jurídicos” para lograr una mejor defensa de los intereses del Estado frente a juicios y demandas de las que pueda ser objeto, así como terminar con el hacinamiento que existe en nuestras cárceles (se pretende sacar de la órbita del Ministerio del Interior al Instituto Nacional de Rehabilitación y que éste pase a ser un Servicio Descentralizado). Se les volvió a plantear la intención de crear por etapas un “Ministerio de Justicia”.
Estos temas, por su importancia y trascendencia, deben ser analizados técnicamente y en profundidad, en los ámbitos institucionalmente previstos para ello, ya que, por cierto, exceden su inclusión en el “diálogo social” con que se pretende al parecer, “querer democratizar” su tratamiento.
Insistir con la reforma de la seguridad social, cuando más del 60% de la ciudadanía se pronunció con todas las garantías legales y constitucionales previstas en nuestro orden jurídico, en favor de mantener la Ley que reformó el sistema previsional de nuestro país, es a todas luces un despropósito mayúsculo.
El Gobierno no puede desconocer ese libérrimo resultado que se obtuvo en ejercicio de la democracia directa por el Cuerpo Electoral, en las pasadas Elecciones Nacionales, argumentando que debe “atender” a quienes resultaron perdidosos.
Nada más contrario a la razón jurídica y por cierto, más cercano a intereses políticos partidarios que a otra cosa. Quienes integran el Poder Legislativo de nuestra República, proclamados en su momento por la Corte Electoral, son los verdaderos representantes de la ciudadanía (que con su voto les confirió la representación de sus intereses y derechos) no se les puede tratar en forma igual que a quienes integran otras organizaciones sociales o gremiales, pues ello constituiría una injusticia palmaria, cada cosa en su lugar.
Ni menos admitir una “igualdad” de tratamiento y de participación, en ese “diálogo social” que no debe ser tal. Los intereses corporativos, no siempre van de la mano de principios democráticos y republicanos, por ello se debe respetar a cada uno, dentro de los límites institucionales de cada uno, sin soslayar las atribuciones y competencias establecidas por la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de nuestro Estado de Derecho.
