Decisiones políticas por sobre el derecho

Marcelo Gioscia

Por ley número 19.340 de fecha 28 de agosto del año 2015, se crea la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública) como Servicio Descentralizado, su actividad está regulada de acuerdo con las previsiones de las normas contenidas en la Sección XI del Capítulo I de nuestra Constitución Nacional y por normas especiales que se puedan dictar en la materia. Se vincula directamente con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura. Desde su creación, la población ha sabido de su existencia, cuando ha intervenido en casos que han tomado estado público como el que motiva nuestra opinión.

Es el referido a la incompatibilidad evidente para el desempeño del cargo público, del profesional médico que fuera designado por el actual gobierno, como presidente de ASSE (la mayor prestadora de servicios de salud del país), cuya conducta colide con lo previsto en normas constitucionales y legales.

Ha quedado probado no sólo su dedicación parcial a la importante función pública que se le ha confiado, así como el cobro de haberes de parte de mutualistas privadas con las que ASSE debe competir, no estamos ante el desempeño de una función docente ni como consultante, ello resulta inadmisible.

Como también no puede aceptarse que, la mayoría oficialista de esta Junta de “transparencia y ética pública”, desconozca lo dictaminado por sus propios abogados, y basados en que sus informes “no son vinculantes”, entiendan que nada deben observar al presidente cuestionado. Sólo el representante de la minoría se expresó de acuerdo a derecho.

Porque la incompatibilidad de este médico en el ejercicio de su principal cargo público con el vínculo -en relación de dependencia- con mutualistas privadas que le pagan por sus servicios, resulta tan palmaria como inaceptable.

El propio implicado ha reconocido que con su “renuncia” a esas instituciones, podría dedicarse completamente a la función pública, esto es, reconoce que, en estos casi ocho meses, su dedicación ha sido parcial.

Resulta legítimo preguntarse hasta qué punto este tipo de servicio descentralizado no debiera estar integrado por técnicos que guarden la debida objetividad y ecuanimidad en la toma de las decisiones que adopten.

Y hasta dónde puede admitirse que la mayoría política soslaye un pronunciamiento de sus propios servicios jurídicos, que en este caso coincidía con lo informado por la Universidad de la República.

Mucho mal le hacen al sistema democrático y republicano de gobierno, estos directores oficialistas, al actuar motivados por intereses que evidencian ser políticos partidarios, por cierto muy alejados del Derecho.

¿Hasta qué punto pueden actuar como lo hicieron? cuando la letra de las disposiciones constitucionales y legales que establecen las incompatibilidades es clara, no debe admitirse más que su acatamiento.

Menos aún puede argumentarse la famosa excusa de las “dos bibliotecas” para justificar lo injustificable. Los ministros de Salud Pública y de Educación y Cultura tendrán –una vez interpelados- que brindar sus explicaciones ante el Parlamento, y asumir las responsabilidades que sus altas investiduras les exigen.

Nuestro país se fortalece institucionalmente, en la medida que sus órganos de contralor en sus respectivos niveles, actúen de conformidad a la Ley y en favor del interés general y no de una fracción política. Esa y no otra, es la conducta que se espera de ellos.