Duda razonable
“…cada vez que hicimos un arreglo, aún malo, las cosas más o menos después se hicieron, pero cada vez que tenemos un estupendo pleito, terminamos mal…”
El ex presidente de la República, Julo María Sanguinetti, sobre el caso del “affaire de las lanchas”, dijo que, “No conozco los detalles técnicos, no conozco el expediente ni sus garantías, sólo conozco las informaciones periodísticas. Lo único que sí expreso, sin entrar al fondo del asunto, es mi preocupación, ¿y por qué mi preocupación?, por la experiencia; porque cada vez que hicimos un arreglo, aún malo, las cosas más o menos después se hicieron, pero cada vez que tenemos un estupendo pleito, terminamos mal, ¿por qué?, porque muy probablemente perdamos los 30 millones que ya pusimos en las lanchas que no se van a hacer, o que quedarán ahí a mitad de camino, si es 30% o 60% lo que se ha hecho, no sé, pero quedarán a mitad de camino y llegaremos a un regio juicio que el gobierno que viene cobrará o pagará según las resultancias. Interín no tendríamos lanchas; eso a mí es lo que me preocupa…”
El presidente Yamandú Orsi, por su parte, personalmente anunció en conferencia de prensa que el gobierno rescindirá el contrato con el astillero Cardama, y que presentó denuncias penales y civiles ante la Justicia ante los “fuertes indicios” de que la compra de dos patrullas oceánicas por la administración de Luis Lacalle, por US$ 92 millones, sea un “fraude” o una “estafa”.
Para Orsi la situación configura un hecho de “gravedad”, y eso fue lo que decidió iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa española Cardama, con quien el Estado uruguayo había acordado una garantía de fiel cumplimiento a realizarse en un plazo de 45 días de firmado el contrato, que equivalía al 5% total de la obra, y que, sin embargo, la empresa no cumplió solicitando “sucesivas prórrogas”, que derivaron en un “largo procedimiento”.
Jorge Díaz, ex Fiscal General y actual prosecretario de presidencia, explicó que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de la época, liderado por el senador Javier García, pidió asesoramiento al Banco Central, quien aconsejó “no llevar esas garantías y sugirió la contratación de un estudio jurídico y un corredor de seguros”. El MDN contrató al estudio Delpiazzo, enfatizó.
El plazo para presentar las garantías venció y Cardama no presentó ningún tipo de documento. Una vez que el tiempo expiró, el astillero envió una garantía en inglés, sin apostillar ni traducir, de una supuesta empresa llamada Eurocommerce Limitada, que el actual embajador uruguayo en Reino Unido, Luis Bermúdez, constató que en Londres había falsificado la dirección de su sede.
Ante esta advertencia, el gobierno contrató a un estudio jurídico inglés que en 24 horas constató que la gaceta oficial del Reino Unido había anunciado que la empresa que brindaría la garantía a Cardama estaba en proceso de liquidación desde el 19 de agosto de 2025.
Como antecedente se conoció que el único director de la empresa era un ciudadano ruso que residía en Rusia; el que durante los años 2022 y 2024, había registrado a n solo empleado dijo Díaz. Ante esta situación, Orsi pidió investigaciones administrativas en el MDN, en el BROU y en el MEF.
La información confirmada da cuenta que el Estado uruguayo desembolsó un total de US$ 30 millones a la empresa que había garantizado la primera construcción de una OPV en 18 meses.
“No se tomaron los recaudos por parte de la administración pública para comprobar que la empresa que ofrece esta garantía tuviera la capacidad de hacer frente a esta situación. Este es el problema al que estamos enfrentados”, dijo el secretario de Presidencia.
Sobre el tema de fondo, se sabe que el contrato tenía un plazo de 45 días para presentar una garantía de fiel cumplimiento y una garantía de reembolso, correspondiente al 5% del monto total del contrato, unos 4,5 millones de dólares. Sin embargo, las garantías fueron presentadas recién el 22 de octubre de 2024: 11 meses más tarde. En ese lapso, la empresa española intercambió con el MDN borradores de garantías. En el asesoramiento externo que procuró el MDN de la época, hay un informe jurídico del estudio Delpiazzo, que advertía que la garantía presentada no cumplía con los requisitos del contrato, y que en entre el mes de enero y octubre de 2024, con el plazo de 45 vendido, Cardama intentó obtener las garantías o al menos mencionó en sus intercambios con el MDN haber hecho gestiones ante con el Banco de Seguros del Estado, Abitab, M y N de Freitas, Pymar, Redbridge Insurance Company, Euro Exim Bank y Société Générale. En setiembre de 2024 Cardama presentó un borrador del aval de EuroCommerce.
El informe del estudio jurídico Delpiazzo, había advertido que el aval presentado por EuroCommerce no cumplía con el requisito contractual de tener vencimiento a 42 meses, ya que tenía sólo 365 días de vigencia. Pese a la advertencia, el aval fue aceptado por el MDN el 22 de octubre, luego de que el estudio Delpiazzo rechazara la documentación original por falta de apostillado, traducción y certificación de firma.
