El aporte de la LUC: una coordinación educativa nacional
Claudio Rama
La gobernanza de la educación en Uruguay se ha venido estructurando bajo una dinámica diferenciada y fragmentada, que funciona descoordinada, basada en las autonomías y sin estándares comunes. Ello se torna cada vez más ineficiente y problemático ante la diferenciación institucional pública como privada de las últimas décadas que introdujo mayor complejidad en las dinámicas de oferta y demanda de educación dada la falta de planes nacionales y de estándares comunes sistémicos. Ello se ha reforzado por la Ley General de Educación (LGE) del 2008 que favoreció un funcionamiento bajo lógicas no sistémicas ni de planificación articulada. Así, no existen un sistema de créditos, estructuras curriculares, cargas docentes, carreras académicas, modalidades de financiamiento o de gobernanza compartidas, sino formas muy diferenciadas de funcionamiento de las ofertas. Esta dinámica educativa fragmentada limita el mejoramiento de la calidad de los procesos educativos, la movilidad de estudiantes y docentes, el uso de los recursos y la creación de sinergias para mejorar la educación. Hay una enorme descoordinación de los servicios educativos con diferenciación de estándares, desarticulación entre los ciclos y niveles, separación de lo terciario y lo universitario, estándares distintos de lo público y lo privado y ausencia de procesos de evaluación sistémicos que limitan la calidad.
A escala global es notoria la tendencia a la articulación de los diversos componentes educativos y el funcionamiento sistémico, más allá de los diferenciados niveles de autonomía, de propiedad o de prestación. Se verifica la necesidad de procesos de convergencia, planes articulados, sinergias, estándares y protocolos comunes. Así, se imponen políticas públicas de planificación y coordinación sistémica para la prestación de mejores servicios y una mayor eficiencia en el uso de los escasos recursos. El funcionamiento de los diversos ámbitos educativos bajo lógicas sistémicas busca sinergias y niveles de cooperación y colaboración, propendiendo a superar las lógicas fragmentadas de funcionamiento y permitir la movilidad y el reconocimiento de las certificaciones como un componente básico de los derechos educativos de las personas. Muy similar a las lógicas de creación de los sistemas nacionales de salud, más allá de su prestador específico y que impone la coordinación sistémica y protocolos comunes consensuados. La diferenciación educativa y la revalorización de la educación como un bien público sujeto a la regulación y el aseguramiento de la calidad, impulsan políticas sistémicas de coordinación que propendan a establecer parámetros para todos los prestadores de educación. Ello en tanto toda la educación es pública, en tanto son bienes públicos los que se brindan, más allá de si el prestador es autónomo, estatal, departamental, cooperativo, privado o internacional.
La necesaria protección del Estado a los ciudadanos y sus derechos educativos son los eje de este accionar de la política contemporánea. La Ley General de Educación (LGE) en Uruguay ha reafirmado claramente a la educación como un bien público. Pueden ser privadas, autónomas, estatales, cooperativas, internacionales o departamentales, en términos de su gestión o propiedad, pero son públicos sus fines. La LUC reafirma este concepto al establecer una coordinación entre todos los actores educativos y no limitada a unas instituciones, las autónomas. La propia función del MEC de coordinar descansa en la Constitución que se asigna esa función. Así, el carácter nacional, público y sistémico por encima de lo sectorial y fragmentados de funcionamiento, llevo a la necesidad de establecer una coordinación entre todas las instituciones en el país.
La coordinación educativa en el país establecida en la LGE del 2008, era limitada, parcelada y fragmentada, y se reducía a los ámbitos académicos públicos y autónomos de la ANEP y la UDELAR, dejando fuera a otros prestadores de educación públicos, como los ámbitos de formación no autónomos como la educación militar y policial, la formación preescolar, la formación para el trabajo de INEFOP, la formación artística de las Escuelas del SODRE, o la formación privada, tanto de primaria, secundaria como terciaria.. El enfoque anterior no se apoyaba en una mirada nacional ni pública en el más amplio sentido, sino estrictamente alrededor de los aparatos autónomos educativos y el MEC. Con la Ley de Urgente Consideración (LUC) se amplía la coordinación que se torna sistémica y nacional, pero respetando las autonomías y diferencias, así como la propia jerarquía de los ámbitos, incorporando a todas las instituciones educativas. También se amplían los cometidos, ya que antes la Comisión se limitaba a impartir recomendaciones a los entes de educación, y se establece como fin el coordinar. Se busca con ello propender a superar las lógicas binarias (autónomas – estatales; autónomas – no autónomas; públicas – privadas; civiles – policiales o militares) que tanto limitan los derechos de los estudiantes, docentes y profesionales terciarios. Se introduce una lógica sistémica para toda la educación, en tanto bien público y en tal sentido se amplía la Comisión Coordinadora de la Educación a todos los actores educativos. El cambio de nombre expresa esa ampliación de los derechos que ahora alcanzan a todos. A la Comisión anterior se agregan representantes de la Universidad Tecnológica, del conjunto de las universidades privadas, del conjunto de la educación primaria y media, privadas, de la Comisión Nacional de Educación no Formal, del INEFOP, de las instituciones de formación militar y policial, y de las escuelas de formación artística del SODRE. Ella pasa a integrarse por 17 personas, de las cuales apenas dos son representantes de los sectores privados, otros dos de las universidades públicas, 5 de la ANEP, dos de las instituciones policial y militar, uno de INEFOP, uno del Instituto del Niño, uno del Comisión de educación no formal, uno del SODRE y dos del Ministerio de Educación y Cultura, siendo su objetivo coordinar, promover la planificación, conformar comisiones de asesoramiento y estudio educativo, crear subcomisiones permanentes, y concentrar y emitir opinión sobre las políticas educativas incluyendo informar sobre el grado de cumplimiento del Plan Nacional de Educación.
La agenda es superar una escasa articulación basada en meras recomendaciones, para avanzar hacia una educación coordinada nacional y planificada para permitir mejorar la calidad y los derechos de las personas hay limitados por la lógica educativa fragmentada.
