Disfrazando lo malo con banalidades
Zósimo Nogueira
Se la dan de inversionistas y emprendedores. Disponen de millones de dólares ajenos. Como decía Ana Micaela Monterroso a su esposo “date dique Juan Antonio”. Treinta y dos millones y medio de dólares para favorecer a 16 familias. Para repoblar a la campaña y fomentar la lechería. Para darse el “dique” nombrando al expresidente José Mujica en momentos de honores fúnebres. Y…. ¿Dónde queda la austeridad del presidente más pobre? Para repoblar el campo denle 10 o 15 hectáreas a cada familia que quiera iniciarse en la agricultura, désele créditos y fomente la actividad de quien está en el medio rural y emigra. Ayude a esa pobre gente que vive en poblados miserables de la campaña. Seguro bajara el abigeato, y las jaurías que son sus compañías. Fomente al cooperativismo. Ofrezca una oportunidad a esa gente que vive en la calle alterando la convivencia ciudadana.
Muchos la tomarían, y capaz los ayuda a salir de sus problemas de adiciones por consumo y/o de salud mental.
¡Qué lindo es hacer de papa Noel o ¡Robín Hood¡, con dineros del Estado.
¿Quiénes serán los beneficiados?
Si me compran 150 Hectáreas para un emprendimiento ganadero, me voy corriendo. Organizo y le pago el salario mínimo a uno o dos peones y listo. Igual alterno la vida campera con la ciudad, eso no está prohibido.
En medio de este bochorno realizan designaciones diplomáticas.
Para apagar anteriores y presentes escándalos de ministros y directores evasores fiscales. Conjunción de intereses, público-privado.
Renuncio Ministra, renunciaron directores; pero seguía el “deschave” del escandaloso negocio de la compra de la Estancia María Dolores, que podríamos rebautizarla como “María dólares”, o “Por unos dólares más”, que como los casos del ministro Cecilia Cairo y el Ingeniero Rodrigo Arim aún “no tiene final de obra”.
Se desvía la atención, a sabiendas de que a algunos les produciría urticaria. A políticos propios y opositores.
El presidente de la República por medio de su ministro de RREE, magnánimo e inclusivo eleva al parlamento para conocimiento y venia las designaciones de Beatriz Argimón y Carolina Ache para ocupar cargos diplomáticos.
Salieron voces airadas de “Blancos y colorados” rechazando y/o cuestionando esas designaciones. También frenteamplistas, pero más suave. Que no eran merecedoras de tales designaciones; que sus nombres no fueron proporcionados por los órganos partidarios.
El presidente lo hizo de manera inconsulta y así lo sostiene. Les ofreció el cargo y fueron aceptados. Fuera de cuotas y acuerdos políticos.
El mayor problema y que nos afecta como Partido es la designación de Carolina Ache como embajadora de Uruguay en Portugal. ¿Sigue o abandona al partido colorado?
Se la vincula al escándalo del pasaporte del narcotraficante Sebastián Marset, que estaba preso en Dubai y carecía de documentación.
Recordemos que les costó el cargo a los ministros y subsecretarios de Interior y Relaciones Exteriores.
Carolina Ache fue subsecretaria en el Ministerio de RREE acompañando al entonces ministro Ernesto Talvi, y luego de su renuncia continuó en el cargo. Se intento responsabilizarla en la liberación de Marset, de ocultar información, de proporcionarla por etapas y de grabar conversaciones.
Esas grabaciones luego las uso su defensor el Doctor Jorge Diaz actual Pro-secretario de Presidencia.
Durante la investigación fue duramente atacada por el Frente Amplio; renuncio a su sector político que no la apoyo.
Aún se la cuestiona, pero al presidente Yamandú Orsi le merece confianza y es lo relevante para su designación.
Lo dije entonces y lo reitero; cualquier uruguayo tiene derecho a su identificación.
El estado debe proveerla, podrá retener el documento, pero como en este caso aportando los datos al país u organismo requirente. No importa si es criminal, si posee antecedentes o no. Es un derecho.
Ese proceder fue expresamente aclarado durante la administración presidida por José Mujica.
Si tiene captura pendiente por un juez de nuestro país este debe ser informado y si el tipo de delito lo amerita pedirá su extradición.
Si la extradición es concedida ira un equipo policial en su búsqueda.
Si la orden de captura es por parte de una autoridad extranjera se le informara en forma detallada de acuerdo con los convenios internacionales y listo. Sale de la órbita nacional, solo se colabora.
Sin orden de captura, el Ministerio del Interior, es decir de la Policía, puede recabar información, realizar el seguimiento y si lo puede incriminar en algo, dará parte a la justicia que resolverá.
Relaciones Exteriores es un mero intermediario e informante en las causas criminales.
Con similar criterio se actúa con los presos al momento de ser liberados.
Si carecen de documentos, o los tienen vencido la autoridad carcelaria expide una acreditación de identidad.
De acuerdo con los trascendidos de prensa no le encuentro ninguna responsabilidad criminal a la intervención de Carolina Ache en este triste episodio.
Hubo intervención fiscal y todo fue del conocimiento de ministros y Presidencia de la República.
Mucho ruido; para apagar los incendios de malas designaciones, de inhabilitados para ocupar cargos y especialmente de una malversación de los fondos públicos.
Continuamos con el romanticismo paisano del “Pepe”, y sus malas inversiones. Reedición de malas decisiones, de grandes problemas dejados en herencia que afectaron la economía de los gobiernos siguientes.
Y nuestro presidente de inauguración en inauguración. Parece al final del periodo, pero recién inicia su mandato.
Falta mucho escritorio; delegar menos y gerenciar directamente el gobierno. Se viene la Ley de presupuesto, hay que estar alerta.
Se la ha utilizado para crecer el Estado, favorecer y digitar carreras de afines Un método de clientelismo político.
Resuena otra voz quejosa, la de COFE. No entiendo porque razón nuestros legisladores se involucraron en la iniciativa blanca de limitar y restringir los partes médicos de los funcionarios públicos.
Dice-se. Por desigual trato con los trabajadores privados. Vaya novedad, claro que hay diferencias.
Empresas unipersonales, PYMES, grandes empresas y multinacionales de la industria y/o del comercio.
Hay casos en que la falta de un empleado o de un grupo de empleados no permite el funcionamiento de la empresa. No hay remplazos sin mayor carga económica.
Está el BPS y sus coberturas previsionales, pero pueden inferirse daños económicos y materiales que sobrepasan sus recursos y potencial económico.
Tampoco se cuenta con capacidades reales de fiscalización de partes médicos.
La contraparte. Al funcionario público se le quito un derecho adquirido.
El funcionario público siempre puede ser reemplazado por alguien de su misma oficina o de otra similar.
Presupuestalmente el estado no es afectado, tiene un salario fijo, solo pueden variar compensaciones que si no va al trabajo no las va a recibir.
Hay capacidad de fiscalizar que no realice ninguna otra actividad laboral, está sujeto a jerarquía y régimen disciplinario. Puede ser sancionado y destituido.
Un funcionario, correcto, de buena presencia, educado, capaz y satisfecho es la mejor carta de presentación del Estado.
En lugar de quitar derechos debe formalizarse la carrera administrativa del funcionariado público. Sin la digitación tan utilizada con fines proselitistas.
Y ahí sigue COFE, si no les dan andamientos a sus reclamos ira a la OIT. Yo los entiendo.