El crimen tocó la puerta

Ricardo Acosta

Un ataque armado, una amenaza mafiosa y un mensaje directo al Estado. Lo que ocurrió en el INR no fue un hecho aislado: fue un desafío frontal del crimen organizado y una señal de que la línea de seguridad institucional es mucho más frágil de lo que creemos.

La madrugada en que dispararon contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) dejó algo más que una fachada perforada: dejó la sensación de que una línea crítica fue cruzada. No fue un hecho aislado, ni una travesura violenta. Fue un mensaje. Un aviso directo. Una demostración de fuerza del crimen organizado contra el Estado uruguayo.

Los atacantes llegaron en moto, dispararon contra el edificio y dejaron una nota dirigida a la directora del INR, Ana Juanche. Una amenaza explícita, personal, que incluía a su familia. Una amenaza de tipo mafioso, de esas que no buscan generar ruido mediático, sino dejar claro que alguien está dispuesto a ir más lejos. Mucho más lejos.

El ministro del Interior, Carlos Negro, reaccionó rápidamente y aseguró que el Ministerio está utilizando todos los recursos disponibles para identificar a los autores materiales e intelectuales. También afirmó tener muy claras las motivaciones del ataque: represalias por el encarcelamiento reciente de líderes de bandas criminales y por el creciente control que el Estado está ejerciendo dentro de las cárceles. El mensaje de fondo es evidente: cuando el Estado avanza, el crimen responde.

Negro insistió en que la investigación está encaminada y que se está actuando con reserva, para evitar filtraciones que comprometan el resultado. No hubo heridos en el ataque, algo que él atribuyó a la inteligencia operativa de las fuerzas policiales. Pero más allá del saldo material, el problema es otro: un ataque contra el INR es un ataque simbólico contra una institución que representa la autoridad del Estado sobre quienes ya están privados de libertad. Y si esa autoridad es desafiada, todo el sistema queda en entredicho.

Desde el Parlamento, la Comisión de Seguimiento Carcelario expresó su preocupación extrema y reclamó un estado de alerta permanente. No es para menos: un ataque de estas características no es solo una agresión contra un edificio. Es una advertencia. Es una demostración de que ciertas organizaciones criminales se sienten con capacidad —y con impunidad— para desafiar directamente las estructuras del Estado.

El sindicato policial también marcó su posición y habló de una agresión directa al Estado de Derecho. La policía, el INR y quienes trabajan en el sistema penitenciario cargan sobre sus hombros una tensión que pocas veces se dimensiona: deben controlar, contener y gestionar a personas que, dentro o fuera de la cárcel, son capaces de acciones como esta.

Los pasos a seguir están claros: identificar responsables, reforzar la seguridad del INR y de sus autoridades, establecer mecanismos permanentes de alerta y blindaje institucional, y garantizar que la investigación avance sin interferencias. Pero lo más importante no es lo que viene, sino lo que este hecho ya nos dijo. El crimen tocó la puerta. Y cuando el crimen se anima a tocar la puerta del Estado, es porque siente que puede hacerlo.

Eso es lo verdaderamente grave.

Eso es lo que debe preocupar.

Y eso es lo que no puede minimizarse.

Porque si un día el mensaje fue una nota envuelta en una piedra, mañana puede ser algo más. Algo peor. Y Uruguay no puede permitirse ignorar que el crimen organizado está dispuesto a escalar si percibe debilidad, distracción o falta de respuesta.

El Estado fue desafiado.

Ahora, el Estado tiene que responder.