EL “ESCUADRÓN DE LA MUERTE”: OTRO CUENTO CHINO (III)

La mentira enorme que generó ríos de sangre y prisión de inocentes

Ronald Pais

Ahora bien: ¿Qué actos le atribuían los tupamaros, sus cómplices y simpatizantes a este presunto Escuadrón de la Muerte?

Veamos, hubo dos homicidios: el de Manuel Ramos Filippini (31/7/1971) y el de Ibero Gutiérrez (28/2/1972) (este último 4 días después de haber sido secuestrado Nelson Bardecio por los Tupamaros) junto a cuyos cadáveres aparecieron esquelas manuscritas de un “Comando Caza Tupamaros” atribuyéndose las muertes. Nunca nadie asumió personería por este “Comando” y no hubo ninguna otra acción que se le atribuyera.

Dato curioso, cuando se produce la muerte de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, (junto con los tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw) en Argentina, también se encontraron panfletos del Ejército Revolucionario del Pueblo, (ERP), unidad “Juan de Olivera” atribuyéndose las muertes, a pedido del MLN.

En uno y otro caso la información se ha tratado e interpretado de forma muy diferente. En el primer caso, si bien nunca se halló a los culpables de los asesinatos, se tomó como verdad revelada la existencia del Comando referido. En el segundo caso, bastó que el ERP lo desmintiera para que se descartara totalmente el mensaje encontrado con los cuerpos y se atribuyeran las muertes, naturalmente sin pruebas, a la “dictadura cívico-militar”

Además de los dos homicidios ya referidos, otros dos hechos se le atribuyen al supuesto “Escuadrón de la Muerte”, las desapariciones y presunta muerte de Abel Ayala (18/7/1971) y Héctor Castagnetto (17/8/1971).

A partir de allí, los maestros de la invención de nombres de fantasía pasaron a adjudicar los sucesos referidos a un imaginario “Escuadrón de la Muerte”, que les venía como anillo al dedo y como chivo expiatorio a las acciones que desarrollaron luego el 14 de abril de 1972 y en las que – a pesar del precio de sangre derramada – tan mal les resultaron para los objetivos que buscaban. 

Sin pruebas, a puro relato, los Tupamaros acusaron de integrar el “Escuadrón de la Muerte” inventado por ellos al Profesor Armando Acosta y Lara, Dr. Carlos Pirán, Coronel Walter Machado, Comisario Hugo Campos Hermida, Comisario José Pedro Macchi, Inspector Víctor Castiglioni, Sub Comisario Raúl La Paz, Inspector Pedro Freitas, Comisario Jorge Grau, Sub comisario Oscar Delega, Capitán Ernesto Motto, Capitán Jorge Nader, Capitán Mario Risso, Capitán Pedro Mato, Médico paraguayo Angel Pedro Crosas, Wáhington Grignoli, Miguel Sofía y varios funcionarios más de la Dirección de Información e Inteligencia. Al último de los nombrados intentaron quitarle la vida y fracasaron, pero mucho tiempo después – como veremos – pudieron concretar la venganza quitándole la libertad en un juicio vergonzoso.

A estos nombres se han agregado en las causas judiciales la de un grupo que no se identifica – “regenteado” por Bardecio e integrado por los policías Alberto Sosa, Estanislao Lamenza, Oscar Rodao, Herman Silvera y Nelson Benítez que, a raíz del solo testimonio de este último habría colocado algunas bombas en los domicilios del Dr. Alejandro Artuccio, Dr. Jorge Dubra y Manuel Liberoff, sin ocasionar víctimas.

En la Sentencia condenatoria de Nelson Bardecio y Pedro Freitas de la Dra. Graciela Eustachio Colombo (Juzgado Letrado en lo Penal de 8° Turno), se sostiene “…si bien en autos resulta probado que los encausados formaban parte de un grupo parapolicial, no surge suficientemente acreditado que integraran el identificado como Comando Caza Tupamaros”.

Queda claro que se creó un rótulo: “Escuadrón de la Muerte” y detrás del mismo se fueron acumulando acciones de distinto origen, mezclando organizaciones legítimas con otras presuntamente clandestinas, y generando un relato que, al desbrozarlo, pierde consistencia porque más de allá de los tejes y manejes de los tupamaros y de unos cuantos políticos cómplices o simpatizantes con ellos, nada hay que se aproxime siquiera a la plena prueba sino que todo ese derivación de unos documentos con declaraciones arrancadas bajo tortura a un secuestrado y que éste, cuando tuvo las mínimas garantías para declarar ante la Justicia, negó.

Ahora bien, este nutrido número de personas a las que se les atribuye integrar el ficticio “Escuadrón de la Muerte” constituye una ensalada donde se mezclan funcionarios que estaban asignados a labores de inteligencia, personas a las que se le atribuye integrar un pequeño grupo parapolicial al que no se le probó relación con el Comando Caza Tupamaros y ciudadanos a los que nunca se les acusó ni probó que tuvieran alguna relación con ningún grupo parapolicial.

Un amigo comentó irónicamente: “¡Qué ineptos estos del Escuadrón! ¿Se juntaron en una multitud para matar a dos y desaparecer a otros dos? Ineficientes totales”

Recobremos la seriedad y centrémonos ahora en el caso de Héctor Castagnetto, quien desapareció el 17 de agosto de 1971 y que se presume muerto desde el 18/8/1971 según informe de la Comisión para la Paz y por el cual sus familiares cobran reparación económica, (según Expte, 2010-11-0001-6969).

Dicho sea de paso, no pretenda el lector acceder a este expediente como a ningún otro referido a las reparaciones que se están pagando. El Frente Amplio ocultó toda información al igual que hizo con los archivos históricos y lo sigue haciendo ha vista, paciencia y hasta con la complicidad del nuevo gobierno.

Por ese hecho – la desaparición y presunta muerte de Castagnetto – existen dos sentencias. Una ya referida de la Jueza Graciela María Eustachio Colombo, siendo Fiscal en la causa el Dr. Juan Gómez.

Dicha sentencia condenó a Pedro Walter Freitas Martínez y a Nelson Bardecio Marzoa como coautores de un delito de homicidio especialmente agravado a la pena de 15 años de penitenciaría y 6 meses a cada uno.

La otra sentencia es de la Jueza Silvia Urioste Torres, siendo el Fiscal de la causa Dr. Ricardo Perciballe.

Esta segunda sentencia condenó a Miguel Antonio Sofía Abeleira como autor de un delito de asociación para delinquir especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor a la pena de 25 años de penitenciaría.

A priori, los comentarios sobre estos dos fiscales huelgan. Tenemos el agravante de que el primero de los nombrados oficia hoy como Fiscal de Corte.

Recomiendo un libro que debería ser hoy de lectura obligatoria y que ha tomado mucha relevancia pública: “La cara oculta del Sistema Judicial en Uruguay”, donde revela la existencia de una “Manada” que ejerce un poder paralelo dentro de la institución Fiscalía, altamente ideologizada.

Pero volvamos a las sentencias y los juicios.

Como hemos dicho, ambas causas judiciales se apoyan para la condena, directa o indirectamente en las llamadas “Actas Bardecio” que contiene declaraciones arrancadas e impuestas a un secuestrado con falsedades en todo lo que respecta a involucramiento de personas en un presunto “Escuadrón de la Muerte”. Los escritos le fueron dictados a Bardecio, obligándolo a escribirlos, a firmarlos y a leerlos para su grabación por sus captores.

Esto siempre ha sido conocido tanto por los tupamaros, como por los fiscales y jueces actuantes. Por eso la desesperación, desde un principio, para tratar de darle legitimidad a esos documentos. Primero el intento de legitimación delante de un político cómplice, después la encerrona del Colegio Seminario diseñada también por Gutiérrez Ruiz pero en la cual Bardecio no confirmó nada, posteriormente las presuntas declaraciones ante el Coronel Trabal, donde también se las pretende interpretar como ratificación. Nunca se tomó en consideración las declaraciones de Bardecio ante la Policía, la Justicia Militar y la Comisión Investigadora del Senado retractándose de ellas explicando las circunstancias en que fueron obtenidas y producidas las “Actas”.