El portland como negocio

La Comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados, recibió el pasado 13 de octubre, a una delegación de Fancap, integrada por su vicepresidenta, la señora Laura Martínez, por el delegado del Sunca, señor Richard Ferreira y por el dirigente nacional, Salvador Sprovieri. El 13 de setiembre cursaron una solicitud para ser recibidos por esta Comisión. El tema planteado fue la participación de privados con Ancap en el negocio de venta de cemento Pórtland.

SEÑORA MARTÍNEZ (Laura).- Hace tiempo estamos en lucha por el desarrollo de nuestra cementera estatal. Entendemos que la industria cementera estatal tiene que ser un pilar fundamental para el desarrollo estratégico nacional. Hace un año y medio o dos que estamos conversando con la Administración respecto al futuro del Pórtland. En ese diálogo que hubo por parte de la Administración se manejaron varios escenarios. En los tres escenarios propuestos se plantearon algunas alternativas de asociación con privados, pero en algunos la planta Pórtland no estaba incluida. Entonces, los trabajadores planteamos un cuarto escenario en el cual el pilar fundamental era el cemento, a partir del cual se promueve un montón de cuestiones como es el déficit habitacional y la activación de la economía, teniendo en cuenta la situación actual y la caída del empleo. Nosotros entendemos que el Pórtland en la vida de todos los uruguayos y las uruguayas es muy importante. El próximo 20 de octubre vamos a hacer una presentación pública de ese cuarto escenario, y de un estudio que se realizó con la Udelar y con la Regional Norte respecto al impacto del cierre de la planta Paysandú en la población. La idea es continuar en el camino que habíamos iniciado con el Sunca, y en esa investigación y desarrollo de la propuesta de los trabajadores del cemento estatal. Nuestra propuesta tiene varios pilares. Uno de los pilares fundamentales es contar con una ley de compras públicas que habilite el 100 % del Pórtland nacional y el 50 % de cemento Ancap para la estimulación de la vivienda e infraestructura vial. Esa es la propuesta que estamos haciendo. Este nuevo escenario que plantea la Administración fue sin discusión y sin participación de los trabajadores. Nos enteramos de casualidad en otra reunión por otras cuestiones. Este cuarto escenario de asociación, esta mirada integral de la que habla la Administración para nosotros es terrible, porque es entregar la gestión, es entregar la piedra caliza que tenemos y es no promover y no hacer partícipe al Estado en algo que nosotros entendemos que es fundamental. Estoy hablando de que en Uruguay tenemos un déficit habitacional y de que podemos generar las alianzas y el acuerdo, con el Estado como responsable de eso. Esta cuestión de este escenario integral implica esta entrega. El patrimonio nacional que tenemos de piedra caliza está en US$ 10.000.000.000 más la ganancia de la industrialización de esa piedra. Entendemos que eso tiene que ser volcado a la ciudadanía. Eso es lo que defendemos. Dentro de las propuestas tenemos otras cuestiones de cuidado medioambiental. La valuación que se realizó por parte de la Administración implica la inyección de dinero de privados con la entrega del patrimonio uruguayo a treinta años, cuando nuestro escenario tiene un retorno económico importante y significativo en un período aproximado de veinte años. Entonces, se calcula la propuesta de los trabajadores a cinco años diciendo que no es rentable, pero se entrega a treinta años el patrimonio. Son reglas de juego que no son justas y acá perdemos todos y todas; lo que está en juego es muy importante. Hay una realidad que no se puede desconocer y es que hay un nuevo actor en el mercado de la industria cementera, lo que obviamente implica la toma de decisiones por el posicionamiento de Ancap. Hoy estamos en un 38 % aproximadamente. Vuelvo al principio: el escenario planteado por los trabajadores hace bastante tiempo es posible. Queremos que nos escuchen y que participen de la presentación del escenario de los trabajadores.

SEÑOR FERREIRA (Richard).- Gracias por recibirnos a todos y a todas. Nosotros venimos a presentar el tema desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras. No es nuevo ni para el movimiento sindical, ni para ambas organizaciones sindicales, ni para el Poder Legislativo, porque hace muchos años que iniciamos un proceso y cada organización sindical ha concurrido en forma individual a diferentes ámbitos del Parlamento. Nosotros lo hicimos representando al Sunca, pero también lo hizo Federación de Ancap. A partir de las decisiones que se toman, que son públicas, entendemos que el proceso se acelera y requiere de la mayor atención y de una mirada lo más amplia posible, considerando todos los aspectos que significan salvar la industria estatal, en este caso la industria del Pórtland. Es importante conocer el proceso de los últimos años que hemos atravesado. Nosotros venimos de una época donde el Pórtland estatal estaba comprendido dentro de un decreto que entendía necesario proteger esa explotación y ese material. Ese decreto, dirigido a la protección de la industria nacional, fue derogado, allá por el año 2000. A partir de la derogación de este decreto que ubicaba la utilización del Pórtland de Ancap en todo lo que era obra pública, se inició un proceso de deterioro, de descalabro. Lamentablemente los sucesivos gobiernos desde aquella fecha a hoy no han podido encontrar una solución desde el punto de vista de la importancia que tiene la industria nacional, las empresas públicas y, en particular, de la defensa de la soberanía de nuestro país. Entonces, en este sentido, en los últimos años hemos trabajado sobre varios escenarios, que ubicaban como posibilidad el cierre de una planta. En el período anterior, se decía que uno de los escenarios posibles podía ser el cierre de la planta de Paysandú. En ese momento y con esa administración, nosotros entendíamos que había que explorar, que había que trabajar, que pensar otras alternativas, en el entendido de que no nos da lo mismo que una industria pierda o gane, o que genere competitividad con un privado. Para eso, nosotros entendíamos y entendemos que la única forma es que haya una inversión para que esta industria del Pórtland sea competitiva, que pueda aumentar los niveles de producción y con eso una afectación en el precio. Lo que decimos hoy es que, lamentablemente, los esfuerzos que se han hecho por parte de los trabajadores y de las trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, no han encontrado una solución de fondo. Si bien es cierto que en los últimos años se han hecho algunas inversiones en la industria del Pórtland en algunas plantas -caso Lavalleja, Minas o inversiones menores que se hicieron en la planta de Paysandú-, según los datos que hay, eso significó que la pérdida fuera disminuyendo. Por lo tanto, es una primera señal. Nosotros entendemos que acumularía una inversión que apuntara, exclusivamente, a salvar la industria estatal, la industria del Pórtland. Esto para nosotros tiene varios componentes. Como decía la compañera Laura Martínez, nosotros vamos a presentar una propuesta en los próximos días, la cual intenta abrir una discusión sobre bases científicas de la propuesta, sobre trabajo realizado en función de nuestra perspectiva de por dónde debería pasar la inversión y el papel que tendría que jugar la inversión pública, no solamente pensando en el salvataje de la industria del Pórtland -que ya de por sí es muy importante-, sino también pensando en un desarrollo social y pensando también qué papel jugaría la industria del Pórtland en el desarrollo de un país que tiene, lamentablemente, algunos datos que preocupan, como, por ejemplo, el déficit habitacional que hoy todavía existe en el Uruguay. Pandemia de por medio, la situación del trabajo se ha deteriorado y tenemos una coyuntura en la que ha crecido la pobreza. Hay mucha gente que ha perdido la posibilidad de sostener su vivienda y, por lo tanto, hay datos que hoy seguramente habría que revisar para ver si el déficit todavía sigue siendo de setenta mil o ha aumentado pero parándonos en los datos oficiales que hay, queremos generar una propuesta. Esto no lo decimos nosotros; hasta el propio gobierno hoy reconoce que hay un déficit muy importante, donde hay más de doscientas mil personas que viven en asentamientos y muchas de ellas tienen problemas severos de – 6 – vivienda. Queremos impulsar una propuesta que contemple las dos situaciones que para nosotros son muy importantes: salvar la industria estatal y generar una condición para que, a partir de ahí, podamos atacar un problema habitacional, social, que es muy importante, más aún en los últimos tiempos, como recién comentábamos, cuando ha tenido una repercusión negativa, no solamente por la pérdida de trabajo de muchos uruguayos y uruguayas, de muchas familias, sino también, producto de otras políticas. Se ha dado un deterioro en el poder de compra, en el poder adquisitivo de los trabajadores o parte de la sociedad. Por ejemplo, ahí entendemos que este tema del Pórtland estatal está directamente ligado al desarrollo del país y al desarrollo y potenciación de la economía, tanto nacional, como departamental. El otro escenario -lo dijimos en alguna comisión; los señores diputados lo pueden chequear-, es nuestra preocupación por los impactos sociales, porque de hecho, cuando se anunciaba que uno de los posibles escenarios era el cierre de la planta de Paysandú, eso fue lo que nos motivó a llevar adelante algunas acciones. El año pasado, particularmente en el departamento de Paysandú, generamos determinadas acciones y voluntades, hasta de la propia Intendencia del departamento en aquel momento, por ejemplo, a través de un decreto que definió que todo lo que fuera obra municipal u obra de la Intendencia, se haría con el Pórtland de Ancap. Saludamos la decisión del actual intendente, que no solamente recogió ese planteó o esa definición, sino que la sostuvo. Una de las cosas que nosotros también queremos trabajar, no solamente en este ámbito, sino también con el Congreso de Intendentes, es la posibilidad de que esta herramienta también sea utilizada en ese sentido, como también lo que tiene que ver con lo que se señalaba al principio: se trata de una ley de compras públicas. En este caso, nosotros nos queremos centralizar en el tema del Pórtland, pero ello tiene una connotación o puede tener una repercusión más allá de la industria del Pórtland. Yo les quiero poner un solo ejemplo de lo que significa o de lo que significaría para nosotros -trabajadores de la construcción y parte de esta sociedad- un sistema de compras públicas que no creara un monopolio, pero sí que protegiera, en mayor medida, a toda la industria nacional. El ejemplo que queremos poner es el de la industria de la cerámica hoy en el Uruguay. Se trata de una industria que está prácticamente en vías de desaparición. Una de las pocas fábricas que está quedando se encuentra en el departamento de San José, con muchísimas dificultades para poder ubicar sus productos, su venta, a partir de que estamos en una sociedad globalizada, en un mercado a nivel mundial y los productos importados que ingresan de la región actúan en contra de nuestra industria nacional. Esto tiene un efecto realmente nefasto, no solamente de pérdida de la industria, sino también de pérdida de puestos de trabajo. Después tiene que ir el Estado a asistir, con los seguros de desempleo o con lo que sea. Eso después tiene una cadena que, en la medida de que me quedo sin trabajo, que me quedo sin ingreso, tiene una connotación mucho más profunda y, en algunos casos, capaz que explica que estamos observando un crecimiento en cuanto al tema de los asentamientos, vivienda precaria y todo lo demás, pero queremos centrarnos en esto. Puede haber otros ejemplos, como hemos puesto con el tema de la vestimenta, pero queremos particularizar esto. No es que estemos en contra de la importación. Conocemos la sociedad en la que vivimos y, por lo tanto, son parte de las condiciones, pero lo que sí entendemos es que debería haber una mirada de protección a la industria nacional, con determinados porcentajes, con determinados controles, con determinadas reglas de juego que permitiera que, por lo menos, la obra pública se hiciera con materiales, en su mayoría o en su totalidad, de la industria nacional. Hoy asistimos -esto es fácilmente comprobable- a que hay muchas escuelas, muchos liceos, muchos puentes, mucha obra pública que se hace con materiales importados: ticholos u otros como cerámicas, que son producidos de muy buena calidad en el Uruguay y que, en definitiva, por un problema de mercado y de precios, se priorizan otros. Sabemos que esto puede significar o significa un esfuerzo en función de subsidiar o generar determinadas condiciones para privilegiar la industria nacional, pero también sabemos que en este proceso de la globalización, obviamente, si no hay determinadas señales o protecciones a la industria nacional, lo que va a suceder es un descalabro. En Paysandú ha pasado eso. Los que conocen o son de Paysandú, saben que es una ciudad que en los últimos años -no estoy hablando de hoy- fue, por excelencia, productiva, de generación de empleo, de industria, pero ha venido disminuyendo. Si el escenario fuera -que hoy no está planteado, en principio- el cierre de la planta de Paysandú, los datos que nosotros tenemos -producto del trabajo que hicimos con la Udelar de la Regional Norte- es que el impacto social que habría sería muy importante. El otro escenario que hoy está planteado, que es una asociación con un privado – que se inició y está en proceso- tampoco asegura -nosotros hicimos la consulta- la estabilidad laboral de los trabajadores. Acá de lo que estamos hablando primero es de que se trata de una asociación integral -así se nos comunicó-, que abarca la industria del Pórtland y la industria calcárea y, por lo tanto, no solamente hay que atender la situación de las tres plantas de Pórtland de Ancap, sino saber qué pasa con la calera que está en Treinta y Tres, Cementos del Plata que, si bien funciona en la órbita privada, sabemos que es del ente estatal y cuando empezamos a revisar y a mirar, se nos dice que hoy nadie puede asegurar la estabilidad de seiscientos puestos de trabajo. Para nosotros, esto debe ser materia de acción, de poner en la balanza cuál es la mejor decisión para los intereses del país. No estoy hablando de los intereses de las organizaciones sindicales; estoy hablando de los intereses del país, en función de velar por la estabilidad laboral y por la generación de puestos de trabajo. Entonces, en este sentido, creemos que a partir de la decisión que se tomó -que no compartimos-, deberíamos abrir un ámbito o generar las condiciones para seguir explorando otros escenarios. No estamos diciendo ni queremos decir que somos los dueños de la verdad, pero queremos aportar, con nuestro trabajo, con nuestras propuestas, otros escenarios posibles donde el Estado sea el protagonista. De hecho, hay que tener en cuenta -lo decía recién la compañera Laura Martínez- que el país tiene una reserva natural -según los estudios que hay- para cien años de una materia prima de muy buena calidad. Por lo tanto, a nuestro entender, eso generaría por lo menos la devolución de cualquier inversión que se hiciera en la construcción del tercer horno de la planta de Paysandú, obviamente, con las repercusiones en los niveles de producción.