¿Es verdad que la izquierda legal tomó con alegría la prisión de Jorge Batlle?

Jorge Nelson Chagas

Para responder a esta pregunta solamente hay un camino: ir a la documentación existente.

El diario democratacristiano Ahora, en un editorial del 28 de octubre de 1972, sostuvo que  el Presidente de la República nuevamente había sido sometido a presiones militares y terminó cediendo. Esta claudicación, posiblemente, no tuviera retorno. Sentenciaron que la detención de Jorge Batlle estaba plagada de irregularidades – ilegitimidad de los planteos corporativos, desconocimiento de las potestades del primer magistrado, inadecuación de los medios legales argüidos, manifiesta arbitrariedad de su arresto-  consecuencia  natural y previsible, “de un proceso en  el que han naufragado todos los presupuestos fundamentales del régimen institucional de la República.” Asimismo, consideraron que la génesis  estaba  en la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado porque prescindió de los cimientos que conformaban la base de un Estado democrático.

El periódico socialista El Oriental, en un artículo del 3 de noviembre, no se refirió expresamente a la prisión de Jorge Batlle. Opinó que “las contracciones surgidas en el seno de las Fuerzas Armadas, (…) han alarmado profundamente a la oligarquía. Esto podía percibirse desde hace ya un tiempo, cuando ante la escalada contra los ilícitos, desde las filas de colorados y blancos pactistas, se pretendió desviar, llevar a una vía muerta esta práctica, tirando sobre la mesa los nuevos proyectos represivos contra la Enseñanza y contra los sindicatos. La pretensión era y es, apuntar a legalizar el fascismo, para mantener ocupadas a las Fuerzas Armadas en la represión del pueblo, impedir que deliberen, volverlas a los cuarteles.”

En un artículo publicado por el semanario Marcha, en la misma fecha, Zelmar Michelini sostuvo que si el Frente Amplio “estuviera en el  gobierno el doctor Jorge Batlle jamás hubiera sido detenido por las opiniones que expresó en su alocución. Porque jamás hubiéramos impuesto el régimen legal que lo permitiese”

Y ese mismo día 3 el Frente Amplio  convocó a un acto en la explanada municipal, con el propósito de plantear cinco soluciones concretas para salir de la crisis.  Al inicio de su oratoria Seregni se refirió a las implicancias de la detención de Jorge Batlle, al reiterar que algunos dirigentes oficialistas “recién ahora parecen haber descubierto el valor de la persona humana y la importancia que tiene el derecho a libertad personal.”

Admito que no poseo aun pruebas concretas sobre cuál fue la posición del Partido Comunista – que se expresaba a través de El Popular – ante la prisión de Jorge Batlle. Pero si observamos la actitud de los restantes grupos de izquierda se verá que no hubo precisamente una algarabía.

Existía una cuestión de fondo, más allá del hecho en sí: la lucha contra los presuntos delitos económicos demostraba que las Fuerzas Conjuntas estaban adquiriendo nuevos roles. En un artículo del  10 de noviembre de 1972, publicado en Marcha, Michelini volvió a analizar esta nueva realidad. Opinó que los altos mandos y todos los oficiales que participaron en el combate contra los tupamaros, se toparon con el drama nacional. “Así la represión exigió presencia y toda presencia supone opinión. Y una vez que alguien se acostumbra a dar opinión, ya no renuncia más a ese estado  (…) ¿Por qué se pretende que las fuerzas armadas uruguayas escapen a la lógica de la historia?”. El líder de la 99 entendía que la toma de conciencia de los oficiales no fue el resultado de las conversaciones con los jefes tupamaros, sino de la propia lógica de la guerra, “y aquí es que entró con pujanza imparable, el ilícito económico.”

Sin embargo, al margen de las posiciones de la izquierda, los ilícitos económicos y las complicidades de los políticos partían de un fuerte equívoco…

Cuando el 27 de junio de 1973 los oficiales  del Ejército irrumpieron en el Palacio Legislativo tenían en su mente encontrar  los “bulines” donde los parlamentarios escondían las pruebas de sus francachelas y corrupción económica. Por cierto, no encontraron absolutamente nada.

Es que, desde hacía bastante tiempo, incluso antes de que tomaran contacto con los tupamaros, tenían una mala opinión de la clase política uruguaya. La ley de autos baratos y el artículo 383 (jubilaciones privilegiadas) alimentaron este concepto. La lucha antiguerrillera les hizo tomar conciencia del tema de los ilícitos económicos y manejaron la idea de una suerte de alianza mafiosa entre empresarios y políticos principalmente del Partido Colorado  (muchos años controlando al Estado y vínculos privilegiados con industriales y comerciantes).

En realidad el asunto no es tan simple. Muchos ilícitos económicos del año 1972 hoy no lo son. ¿Por qué?  La razón es simple: ya no rige una economía dirigista, con control de cambios. El sólo hecho de tener dólares en aquellos tiempos podía ser sospechoso. Piénsese tan sólo en las famosas libras esterlinas de la familia Maihlos. Pero el  punto más importante es que el mismo sistema económico obligaba al empresario a interesarse más por sus relaciones políticas para obtener ganancias, en vez de apostar a la inversión y  la innovación. Los cupos de importación – por ejemplo – dependían de la voluntad política.

En Uruguay, como en otros países latinoamericanos de la época, el modelo sustitutivo de importaciones    condicionó fuertemente las actuaciones de los burócratas, los partidos y los grupos sociales. Dicho de otro modo: sí existía una relación estrecha entre políticos y empresarios con beneficios mutuos, pero no era precisamente corrupta. Si los políticos uruguayos hubiesen recibido coimas millonarias de los empresarios, ¿por qué diablos votaron la ley de autos baratos y el artículo 383? Los empresarios colaboraban con dinero en sus campañas electorales, no con sus bolsillos.

Esto no quiere decir que no hubiesen ilícitos económicos o negociados de acuerdo con las leyes de ese tiempo – por ejemplo el mercado negro de compra y venta de dólares – pero la idea de un contubernio político-empresarial para realizar dolos, era más mito que realidad. Sin embargo, si algo demuestra la historia es la fortaleza de los mitos.  Y los militares, resentidos y desconfiados de la clase política, querían descubrir el Santo Grial de la corrupción. Los tupamaros – por convicción y por el deseo de que la furia represiva que abatía sobre ellos se desviara hacia otra parte –  exacerbaron esta creencia.

“La Infidencia” parecía una prueba concreta y el arresto de Jorge Batlle sería la punta de la madeja para descubrir una organización en las sombras que dañaba la economía nacional. 

Este equívoco – del que también participó la izquierda legal – tuvo consecuencias nefastas.