Generoso con dinero ajeno
Marcelo Gioscia
Al tomar estado público la decisión de la Justicia de solicitar al Parlamento el desafuero de un senador de la República -encontrado responsable de disponer la utilización de los servicios del Hospital Policial a quienes no estaban legalmente habilitados para ello- éste presentó renuncia, y ha manifestado que no asumiría su banca de ser electo en las próximas Elecciones Nacionales. El asunto no es de menor cuantía y tanto el partido político, como el sector al que pertenece, han buscado minimizarlo, para que esta ola de irregularidades delictivas, no los afecte frente a la ciudadanía.
Bueno es recordar que, tanto el renunciante, como otros connotados dirigentes de la fuerza opositora que pretende ser nuevamente gobierno, se vieron beneficiados por el uso de los servicios, instalaciones e incluso medicamentos de ese centro asistencial, sin que ninguno de ellos, tuviera derecho para hacerlo. Actuaron con total abuso de poder y creyéndose situados por encima de la Ley, hoy adeudan importantes sumas de dinero, las que tendrán que reintegrar, haciéndose cargo con su propio peculio de tales erogaciones y sus acrecidas. En el caso del senador renunciante y candidato -que con certeza, debiera terminar procesado penalmente- se estima en USD 260.000.- sí, doscientos sesenta mil dólares americanos, el daño que ha causado a los dineros públicos su abusivo proceder. Argumentó en defensa de sus decisiones, que al permitir el tratamiento de un civil que quedara con una incapacidad de por vida -luego de recibir una herida de bala proveniente de una fiesta entre policías, cercana a su domicilio en La Paloma- lo hizo por “razones humanitarias”, olvidando seguramente que, en su condición de funcionario público (y de confianza) su actuación administrativa es cien por ciento reglada y que el legislador no lo habilitaba a tomar esas decisiones. Su espurio proceder, tal vez más comprometido con su fuerza política, que humanitario, se ubica dentro de la arbitrariedad, contraria a derecho y corresponde que, sin perjuicio de la reparación civil que tendrá que asumir con su propio patrimonio, debe ser objeto de un reproche penal por su inconducta e inhabilitado para el ejercicio de la función pública a la que deshonró. Es increíble que pretenda justificarse como lo hizo; egresado de la Facultad de Derecho, debía conocer perfectamente el alcance de sus actos. Ahora resulta que, la acusación fiscal que puso las cosas en su sitio y el pedido de su desafuero, tiene una “intencionalidad política” y manifiesta -para justificarse- que fueron “razones humanitarias” las que le llevaron a tomar esas decisiones. Cabe preguntarse por qué razón, no utilizó su propio peculio para auxiliar a esta víctima rochense? Víctima del confuso incidente que ocurrió mientras desempeñaba su cargo de confianza en el Ministerio del Interior. Seguramente porque, al amparo de dicha función pública, y bajo el ala del titular de su cartera, gozó de una impunidad que creyó duraría para siempre. Sin embargo, la Justicia muchas veces tarda…pero llega. Ni el voto de sus seguidores le cortará el paso.
