Justicia por mano propia

Marcelo Gioscia

Lamentablemente la tecnología, ha permitido que inescrupulosos, hayan hecho uso de ella a efectos de obtener beneficios indebidos, sacando provecho de la ingenuidad o la falta de precaución de las víctimas. Muchas veces, los damnificados han sido burlados en su buena fe, y se han visto afectados en su patrimonio, sin que el sistema legal otorgue respuestas efectivas y eficaces a estas personas. En el caso que nos ocupa, una presunta estafa que se habría cometido en Maldonado, contra una persona que pretendió contratar la realización de una obra de ampliación en una cabaña -que finalmente ni se comienza- disparó la comisión de una serie de conductas no sólo inadmisibles, sino penalmente reprobables. Estas demuestran el quiebre de valores en nuestra sociedad, ya que los ahora formalizados –dos de ellos con antecedentes- y sometidos a prisión preventiva, buscaron recuperar el dinero que uno de ellos había entregado, sin medir el alcance de sus actos. Sintiéndose “impotentes” -según declaró la madre de uno de ellos- resolvieron ejecutar una serie de movimientos, con los que buscaron presionar al responsable, a efectos de lograr se le reintegrara el dinero. Resulta significativo el desborde de estos tres individuos, que según ha trascendido, incurrieron en más de un delito para lograr la satisfacción de su interés. No se trata aquí de un asunto de menor cuantía, estamos ante un caso que toma estado público por la sucesión de conductas ilegítimas que son inadmisibles, donde existió violencia privada, privación de libertad, secuestro, todo ello ejecutado con premeditación y violencia efectiva. Cuando el Estado no logra dar respuesta a los reclamos de quienes se ven lesionados en su persona o bienes y quienes están habilitados por la Constitución y la Ley para actuar con poder de imperio para sancionar a los responsables, no brindan seguridad ni certeza, se corre el riesgo de enfrentar este tipo de procederes, que vulneran el Estado de Derecho. El peligro que supone el ejercicio ilegal de la fuerza, debe evitarse como forma no sólo de fortalecer la institucionalidad, sino también como modo de preservar el respeto por los derechos humanos de todas las personas. Pues todas ellas deben ser protegidas en el goce de esos derechos, entre los que se cuentan entre otros, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Nuestro constituyente establece que esos derechos (llamados “de primera generación”) sólo podrán limitarse “por razones de interés general”, siguiéndose los procedimientos establecidos en las leyes que corresponda aplicar. Debe quedar claro que la insatisfacción o el sentirse impotente o burlado por un estafador o por alguien que se aprovechó de la ingenuidad o buena fe de la víctima, no habilita en modo alguno a actuar por sí y ante sí, ni menos a ejercer violencia de ningún tipo para lograr la reparación que se pretende. El daño social que se ocasiona, es tremendo y lo que debiera hacerse, es atender desde las reparticiones públicas legalmente competentes, en forma eficaz e inmediata, las denuncias que a diario se formulan, para garantizar la normal convivencia ciudadana.