La ética, la política y la función publica

Tabaré Viera

La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber y el bienestar común.

La ética, pues, estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral.

En relación a la ética en la función pública, rige para todos los funcionarios la ley 19.823 de 25 de setiembre de 2019, votada por unanimidad del Parlamento, la que declara de interés general el código de ética en esa función.

En ella se establece las buenas prácticas de actuación. El alcance, que atañe a cualquier persona que desempeñe función pública a cualquier título y por el tiempo que sea, en cualquier organismo de derecho público estatal y no estatal. Establece los principios generales, el interés público, los principios rectores, los deberes y obligaciones, las prohibiciones e incompatibilidades y en el articulo 12 establece claramente el concepto de corrupción. El primer inciso reza: “se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener directa o indirectamente un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la persona pública no estatal.”

Viene al caso por el sonado affaire vinculado a la formalización judicial del Coordinador de la Jefatura de Maldonado. En la audiencia pública el Fiscal Departamental, equivocadamente a mi entender, narra con precisión meridiana algunas comunicaciones telefónicas que el imputado mantuvo a lo largo de varios meses con el ministro de Turismo German Cardoso. Contenido que seguidamente determina y así lo expresa a la prensa con posterioridad, no constituyen delitos ni ameritan si quiera más investigación. Pues, si no constituyeron delito ni ameritaba investigación, la pregunta es: ¿para qué los mencionó reiteradamente con precisión de fechas y horas? ¿Se imaginan cuántas conversaciones privadas e íntimas aparecen en cualquier escucha telefónica que con orden judicial realiza la policía? Es claro que luego se utilizan y mencionan solamente aquellas vinculadas al objeto de la investigación, las que pueden aportar al caso y las que dan lugar a investigaciones, no se ventila la vida privada de quienes por cualquier otra circunstancia pueden haber hablado con el investigado.

Carancheando

Tomado estado público en lo que considero un injusto y gran manoseo a una figura pública que claramente no tiene nada que ver con los hechos investigados e imputados (afirmaciones de la propia fiscalía), como lamentablemente suele ocurrir en nuestro país, la oposición, el Frente Amplio, salió a buscar algún rédito político, con una “operación enchastre”. Apelando al Código de Ética le pide, en declaraciones públicas, la renuncia al Ministro Cardoso.

La renuncia a un ministro no se pide a través de la prensa, si realmente lo quieren plantear deben recorrer otros caminos constitucionales. 

Saben bien los legisladores que han salido a hacer esta operación, que en estas llamadas del Ministro Cardoso al jerarca policial de Maldonado, no hubo ninguna gestión que “obtuviera un beneficio para sí o para un tercero” que es como define el mencionado artículo 12 del código de ética un acto de corrupción.

Otro sí digo, podríamos mencionar en detalle varios casos mucho mas claros de actos faltos de ética que ocurrieron en los gobiernos del Frente Amplio; comunicación con “barrasbravas” de un club de fútbol; viajes oficiales acompañados por apuestas señoritas, ajenas al organismo y sin idoneidad técnica para la misión; todo lo vinculado a las empresas “compañeras” financiadas por el FONDES, incluyendo la connivencia de diputados; el uso abusivo y en compras personales, de tarjetas corporativas; avales bancarios millonarios otorgados en minutos; otorgamiento de funcionamiento de radios que recibieron publicidad antes de funcionar o que funcionaron con mayor potencia que la autorizada.

¿Los responsables de estos y otros dislates éticos tienen el valor y el coraje de levantar la voz pidiendo renuncias a miembros del gabinete? Es que la necesidad del FA, de desviar la atención ciudadana, centrada en estos momentos en el resultado de auditorías que comienzan a demostrar el despilfarro, las irregularidades y actos administrativos con apariencia delictiva en la construcción del Antel Arena y en la regasificadora por ejemplo, hace que el comportamiento de algunos oscile entre la actitud del tero y los hábitos del carancho.