LA FISCALÍA Y TORQUEMADA

Cuando las sombras del pasado acechan.

Ronald Pais

Como dice cualquier Enciclopedia, Tomás de Torquemada fue un fraile domínico español, confesor de la reina Isabel la Católica y primer inquisidor de Castilla y Aragón en el siglo XV.

A mi juicio, la Inquisición no involucra a la religión católica, aunque se invocó a ésta para justificarla, pero sí constituye uno de los períodos más oscuros de la Iglesia.

El rumor, la sospecha y la delación condujeron a miles de personas a la “Justicia”. Los procesos eran secretos, los acusados no sabían quién los había denunciado y generalmente ni siquiera sabían de qué se les acusaba. El tribunal los presionaba para que confesaran, muchas veces a través de la tortura y los encontrados culpables eran penados con la pérdida de sus bienes, azotes, el envío a remar en las galeras o la muerte en la hoguera.

“Se dieron muchos casos de falsas denuncias por ánimo de venganza de cualquier clase. En 1484 el Papa Inocencio VIII agrega a los delitos punibles la brujería, lo que significó la persecución, el castigo y la muerte de miles de mujeres”.

Se estima entre 40.000 y 60.000 las muertes que la Inquisición ocasionó en toda Europa.

En esa mezcla de historia y leyenda negra, se popularizó el nombre genérico de Torquemada para simbolizar el ejercicio de la arbitrariedad, la crueldad y el fanatismo camuflados con la persecución de un buen fin.

Cualquiera pensaría que lo sucedido fue en un lejano período histórico para luego no repetirse más.

No obstante, todo indica que en la Fiscalía General de nuestro país se han instalado varios Torquemadas, pero aún más malignos que el original.

El Senador Botana dijo públicamente que la Fiscalía se había convertido en un “Comité de Base”. Sin embargo y a pesar de esos dichos tan rotundos, nada ha cambiado.

Obviamente no son todos los fiscales, pero se repiten los nombres de algunos que también son los más mediáticos y evidentemente les gusta estar delante de las cámaras de televisión.

Como ya hemos dicho en artículos anteriores, la labor de la Fiscalía es demasiado importante, demasiado trascendente, sobre todo para el honor y la libertad de las personas para que esa función esté en manos de personas indignas de desempeñarla.

La Fiscalía es un servicio descentralizado que está bajo la tutela del Poder Ejecutivo, pero éste nada a hecho para erradicar la espina envenenada que tiene clavada en su propio corazón.

De personajes como Mirtha Guianze o Ricardo Perciballe ya hemos hablado. Aquella no debió ser nunca Fiscal y después de comprobársele la fabricación de prueba, debió destituírsela. Lo mismo cabe para el segundo como bien lo ha denunciado el Diputado Eduardo Lust. Ya debería haber sido sometido a un procedimiento disciplinario por el Fiscal Gómez, lo que no se ha hecho, y también destituido, Sus declaraciones públicas comparando el Holocausto judío con la dictadura uruguaya, su presión a la Suprema Corte de Justicia para vulnerar la independencia técnica de los jueces que no le resolvían las cosas como él quería (lo que al parecer dio resultado, atendiendo al nada feliz comunicado de la Corte), su imputación de homicidio a una persona que al momento del hecho se encontraba presa, su intervención ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como testigo en un juicio contra el Estado Uruguayo y su insólita presión para que se incluyera en la condena una imposición de más presupuesto para su fiscalía, el hecho de que se ha comprobado que visitaba en la cárcel a un pariente suyo preso por tupamaro, etc. ¿Qué más se necesita? ¿Qué más tiene que hacer Perciballe para que haya una reacción?

Y así sigue construyendo relatos sin pruebas contra militares, policías y civiles por presuntos delitos ocurridos hace 40 o 50 años. Encarcelando ancianos a los que se les atribuye una peligrosidad inexistente y una culpabilidad fabricada.

A diferencia de Lust que es muy defensor de los jueces, yo no lo soy tanto, porque los jueces que intervinieron en los procesos de Amodio Pérez, del coronel Juan Carlos Gómez y del Coronel Walter Gulla, entre otros, fueron cómplices del atropello jurídico de los Torquemada. Y el Tribunal de Apelaciones de 3er. Turno, que ha dejado pasar elefantes por el ojo de una aguja, confirmando todo lo que le llega, también.

Así, a los abogados y a los estudiantes de abogacía que me distinguen con su lectura, los invito a escandilazarse leyendo los expedientes del General Miguel Dalmao y Coronel (r) José Nelson Chialanza (por la muerte de Nibia Sabalsagaray), del General (r) Juan Rebollo (por la muerte de las 3 tupamaras), de Miguel Sofía (por asociación para delinquir y homicidio de Héctor Castagnetto), procesos en los que se han vulnerado todos los principios garantistas que han caracterizado el Derecho Penal uruguayo y donde se ha aplicado un “Derecho Penal para el enemigo” construido a partir de una postura ideológica y vengativa que poco tiene que ver con la Justicia o la Verdad.

Si se quiere ir un poco más al hueso investíguese y háganse públicas las simpatías políticas de varios de estos funcionarios o ex funcionarios, como es el caso del ex Fiscal Jorge Díaz, la misma Mirtha Guianze,y ahora Darviña Viera. ¿Todo casualidad?

Y toda esta severidad para quienes combatieron la guerrilla en el pasado, o simplemente vistieron el uniforme y se encontraban en el lugar y momento equivocados, se transforma en benevolencia extrema para la delincuencia común y no tan común.

Recordemos lo ocurrido con la Fiscal de Flagrancia Brenda Puppo. Según el Diario El País, la Jefatura de Policía de Zona II se tomó el trabajo de analizar en detalle lo ocurrido en una semana de abril pasado. En 8 días, del 3 al 10 de abril – quedaron en libertad 18 detenidos – todos con antecedentes penales y capturados “in fraganti”.

Otro titular del mismo diario dice textualmente “Policía atrapa criminales, fiscales los emplazan sin fecha y estos vuelven a delinquir”.

Por otro lado, a un Senador de la República le estarían imputando abuso sexual de menores y otros delitos, ¡pero no puede saber quiénes son los testigos que lo están acusando! ¿Cómo puede defenderse entonces? ¿Cómo destruir mentiras si ni siquiera puede saber quién es el mentiroso? Una limitación inconcebible del derecho de defensa. Otra vez fuerte olor a relato armado, a “creación de hechos”.

¿Está claro qué Fiscalía tenemos?

Para peor y agregándose a lo anterior, hoy leo que el ministro de Defensa no puede acceder a los archivos del pasado reciente que custodia. Están bajo la órbita del Instituto de Derechos Humanos, que no es garantía de nada y que piensa ponerlos bajo la égida de la Universidad de la República que sí es garantía: de ser totalmente zurda.

En suma, la Libertad, la Justicia y la Verdad histórica secuestradas. Los Torquemada floreciendo y el sistema democrático inoperante.