La función pública es el sostén del Estado
Zósimo Nogueira
Todos los asalariados son parte del entramado social, pero hay notorias diferencias según sea su relación de dependencia en el espacio público o en el ámbito privado.
En términos generales empleado es aquel que trabaja para otra persona o para una institución a cambio de un salario.
En el ámbito privado también están los obreros independientes que son sus propios patrones.
Sus ingresos o su salario lo obtienen desarrollando alguna actividad, industria, comercio o ejerciendo una profesión oficio o labor.
La forma de ejercer su actividad la fija y regula el mismo.
En tanto el funcionario público es quien en régimen de trabajo por cuenta ajena, presta sus servicios a la Administración pública.
Obtiene una retribución del Estado y se vincula mediante una relación estatuaria.
El acceso a cualquier puesto de funcionario implica la superación de una serie de pruebas. El ingreso es generalmente por concurso de oposición, condicionado al número de plazas y a como quedó posicionado.
Por eso coincidimos con COFE en retirar de la rendición de cuentas normas sobre la carrera funcional pública que estaban insertas sin el debido análisis ni ámbito plural de discusión previa.
Dentro de los funcionarios públicos tenemos los de carrera con relaciones estatuarias reguladas por el derecho administrativo.
Funcionarios interinos limitados en el tiempo de prestar servicio.
Personal eventual con contratos formalizados y quienes sin carácter permanente realizan funciones específicas.
Para dimensionar la verdadera importancia del funcionario público tomo expresiones casi textuales de la Sub Secretaria del Ministerio de Educación y Cultura historiadora Ana Ribeiro entrevistada por Paula Barquet. Publicación de El país del 29/11/920.
Dice Ribeiro que la política es un territorio intangible y tangible, que se ubica entre lo ideal y la administración de los ideales.
Que el juego político es saber adecuarse, resignar sin perder impulso.
Que es duro pero señala lo bien que es esta malla de complejidades. ¡Qué sabiduría!
Porque eso que llamamos burocracia es un tejido de protección de la ciudadanía, distribuido en una cantidad de protagonistas y requisitos jurídicos.
A mi juicio, el actor central de “toda esta burocracia que es el Estado en sí mismo” es el funcionario público.
Debe ser estimulado y reconocido en su preparación, si es debidamente valorado mejor será su desempeño y mejor funcionará el Estado en su conjunto.
En está rendición de cuentas se pretende retacear derechos adquiridos tratando de equiparar los regímenes laborales del funcionariado público con los empleados del ámbito privado.
Si se quiere una mejor función pública y un desempeño comprometido con el trabajo asignado se está yendo en la dirección equivocada.
Como se constataron excesos de parte de algunos funcionarios en las certificaciones médicas se promueve descuentos salariales.
Serán parciales y ahora con diferentes grados de ejecución, pero son descuentos.
La culpa no es solo de los funcionarios abusadores sino de quienes son omisos en su función de contralor y de realizar un adecuado seguimiento de la situación sanitaria del personal.
La tecnología permite con poco esfuerzo tareas de control eficientes pero se opta por la antipática y a mi juicio injusta aplicación de descuentos salariales.
Claro que hay funcionarios que mediante estratagemas y engaños no cumplen con sus tareas justificando faltas con partes médicos.
Generalmente no son quienes faltan un par de días y restablecidos retornan a sus tareas son quienes prolongan inasistencias por semanas y meses.
La obligación del superior inmediato de ese funcionario que falta por enfermedad es de acercarse y simultáneamente con la función de contralor tender una mano de auxilio para un pronto restablecimiento.
De constatarse falsedades verificar las causas y adoptar las medidas correctivas que ameriten.
Pueden existir problemas de salud física, de salud mental, de mal relacionamiento con superiores o compañeros de trabajo, con incapacidades para desarrollar la tarea asignada. El recorte salariar no es una solución.
Los salarios ya están contabilizados en forma íntegra en las nóminas presupuestales y el Estado, cuenta con recursos humanos suficientes para sortear posibles inconvenientes
El desempeño del funcionario público de nuestro país está regulado y amparado por las normas del derecho administrativo.
Integra escalas jerárquicas que fijan relaciones de mando, subordinación y obediencia delimitando responsabilidades.
El Estado “debe” uniformizar los sistemas de calificaciones y ascensos en la Administración pública.
Hay organismos con un aceitado esquema de incentivos y estímulo a la carrera del funcionario público pero hay otros en que hablar de carrera del funcionario es ingresar en una nebulosa.
Esto es por demás trascendente, tanto para los funcionarios como para toda la comunidad.
Con la promoción de los más capaces y la exclusión o rezago en la carrera de los menos competentes y menos comprometidos con la función habrá un Estado más eficiente.
Los partes médicos deben ser computados como puntaje negativo con incidencia en la competencia por ascensos.
Pasada determinada cantidad de días deben dar lugar a junta médica con posibilidad de establecer la desvinculación por ineptitud física.
Esto ocurre cuando los excesos son advertidos y controlados. Tanto por los servicios médicos como por sus mandos administrativos.
Requiere de legislación, pero una legislación integral vinculada a la carrera administrativa del funcionario incorporada al estatuto del funcionario público
En leyes de presupuesto o rendición de cuentas continuamente se modifican los sistemas de calificación y ascensos sin los debidos análisis ni consensos necesarios. Mucho se ha bastardeado en este sentido.
La burocracia estatal debe estar alejada de la politización partidaria.
La carrera del funcionario público debe abarcar la cobertura de todos los cargos gerenciales.
El administrador político del momento para llenar los cargos medios y gerenciales deberá elegir entre quienes ostenten la jerarquía adecuada y posean el conocimiento técnico necesario para el desempeño suprimiendo el ejercicio del “dedo” para cargos técnicos.
Para implementar lineamientos y prioridades de determinado proyecto político bastan las directivas de quienes ocupan los cargos de particular confianza como mandata la ley.
¿Porque deben diferenciarse los controles de asistencia del funcionario público con el empleado privado?
Porque a diferencia del privado, su actividad no es excluyente e incide en el resto de la comunidad.
En el sector privado en muchos casos se han celebrado convenios sobre estos ítems, el patrón tiene libre disposición de sus recursos, y no se condiciona a otra cosa que no sean sus intereses.
Promueve ascensos, modifica tareas y designa responsables de tal o cual tarea. Otorga licencias extraordinarias sin condicionantes.
Debe cumplir con las normas regulatorias de la actividad laboral, pero no está inhibido de gratificar, beneficiar o compartir momentos de festejos y esparcimiento con sus empleados.
Esas limitantes las tiene el jerarca o superior de un organismo público respecto de sus subordinados. Carece de libre disposición de recursos.
Considero que ninguna conquista o beneficio que poseen los funcionarios públicos, debe ser recortada y mucho menos anulada.
Se debe estimular y profesionalizar el desempeño de la actividad estatal.
Asignar roles y tareas acorde a una escala funcional que cumpla con los requisitos de capacitación y competencia, y desvincular a quienes no se sientan comprometidos con la función pública.
La buena administración pública, y el buen desempeño de sus recursos humanos; hace la diferencia.