La importancia de la política cultural

Fátima Barrutta

Los temas que más aparecen en el debate político son los que acaparan la atención ciudadana.

Y las encuestas mandan: la inseguridad, el empleo, el salario, el poder de compra, siempre puntúan primeros en el ranking.

A veces toman mayor protagonismo otros tan o más relevantes, políticas sociales como la educación, la salud y la vivienda.

En pocas ocasiones o nunca, hay que reconocerlo, las encuestas evidencian una preocupación pública por la cultura.

Sin embargo, esta es la argamasa que hace a la cohesión social y, con ello, se convierte en un indicador definitorio de la calidad de la convivencia.

La política cultural del Uruguay batllista fue la matriz de un país tolerante, plural y diverso, que explicó la fuerza creadora de sus artistas: es impactante que una nación tan pequeña como la nuestra tenga, por ejemplo, tres premios Cervantes, como lo son Juan Carlos Onetti, Ida Vitale y Cristina Peri Rossi.

Promover la cultura es más que una opción, es una necesidad del Estado, que hace a la consolidación educativa e incluso a una mejor seguridad pública.

¿Cuál debe ser el énfasis programático de nuestro partido en términos de cultura? El máximo.

Así lo fue en el primer gobierno de Sanguinetti, que no solo abolió todas las formas de censura que venían de la dictadura, sino que además generó oportunidades inéditas para los artistas. Hay una innovación que en aquel tiempo hicieron dos batllistas excepcionales como Tomás Lowy y Alejandro Bluth, que todavía hoy existe y es un ejemplo cabal de política cultural virtuosa: el “Teatro en el Aula”, una iniciativa departamental que sigue llevando desde entonces un elenco teatral a los liceos públicos, con puestas de importantes autores clásicos y contemporáneos.

En el ciclo de gobiernos del Frente Amplio, hubo aportes valiosos como la creación de los Fondos Concursables para la Cultura, pero también se produjeron desviaciones que vale la pena señalar: ha sido habitual que el FA convirtiera el subsidio a la cultura en un coto de caza para acumulación de poder.

Instituciones del Estado y empresas públicas contrataban generosa y discrecionalmente a determinados artistas, a los que después, en campaña electoral, se les solicitaba que prestaran su imagen a la publicidad oficialista.

Este desvío de las reglas de juego de la democracia no puede ocurrir nunca más.

¿Cuál es nuestro desafío como Partido Colorado, motor de justicia social de la Coalición Republicana?

Fomento a la cultura nacional: sí.

Clientelismo partidario usando la cultura: no.

En estas dos frases sintetizamos la concepción batllista en la temática.

Y no se trata de cerrar la canilla de recursos públicos para la cultura, como erróneamente se está haciendo ahora en Argentina.

Se trata de contribuir al desarrollo cultural nacional desde el Estado, pero hacerlo con base en rigurosos mecanismos de transparencia, a través de llamados a concurso abiertos en todas las disciplinas.

Se trata de transversalizar los recursos públicos para facilitar la proyección de nuestros creadores al mercado internacional, en función de sus talentos y no de sus pertenencias ideológicas.

Esto implica la participación transparente del Estado en la formación de cooperativas de artistas visuales que, por ejemplo, reciban el estímulo necesario para hacer conocer sus obras en el exterior.

Facilitar la presencia de escritores, músicos y artistas escénicos en los 19 departamentos del país, ampliando su público y consolidando sus carreras profesionales.

También promoverlos con la mayor energía a través de los medios públicos, como hicieran los inolvidables batllistas Justino Zavala Muniz y su hijo Justino Zavala Carvalho.

En nuestra concepción, el rol del Estado no es el de limitar la libertad de expresión artística comprando a los creadores con prebendas.

Es el de impulsar sus carreras para que se profesionalicen y puedan vivir dignamente de la justa retribución del público.

En ese marco, urge también una nueva Ley del Artista, que flexibilice las formas de contratación devenidas de la reforma tributaria de 2007, para que más creadores se formalicen y puedan aportar a la seguridad social, sin la ecuación antieconómica que padecen actualmente.

La mejor defensa de la identidad cultural de un país radica en la promoción de sus creadores, realizada con los más severos criterios de transparencia y pluralidad.