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La Intendencia y el impuesto encubierto.

Disfrazar la ilegalidad y el afán recaudador

Daniel Manduré

La Suprema Corte de Justicia fallò de forma unánime por un reclamo presentado por Ancap declarando que la Tasa de Inflamables que cobra la Intendencia de Montevideo es inconstitucional, por lo tanto, inaplicable.

Desde 2016 la Intendencia viene recaudando alrededor de unos U$S 100 millones por concepto de esa supuesta tasa, que la verdad de tasa tiene muy poco. Ancap pagó en 2022 U$S 15 millones y se estimaban U$S 12 millones para este año.

La tasa, a diferencia de un impuesto, se basa en el principio de beneficio, de contraprestación, de una razón de equivalencia por un servicio efectivo. Como sucede con la tasa general municipal, que se cobra como contrapartida de los servicios que la comuna presta. En este caso esa contraprestación no existe.

Ahora la Intendencia envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto, que está a estudio de la comisión de legislación, para imponer una especie de nuevo impuesto sobre esos vehículos que carguen o descarguen a granel dentro de los limites del departamento , líquidos inflamables y gas licuado de petróleo para su comercialización.

Parece haber encontrado a través de una supuesta reestructura la forma de instalar un nuevo impuesto. Cuando en realidad la capacidad de cobrar impuestos por parte de los gobiernos departamentales es excepcional y muy limitada. La tasa la abona el usuario beneficiado con un servicio, que en este caso no existe. El impuesto en cambio tiene carácter universal.

Es un tema de estricta naturaleza jurídica, que los especialistas ya confirmaran, pero parecería ser de muy dudosa constitucionalidad. El art. 297 es muy claro a pesar de una mínima duda que abre el inciso 6to relacionado a los vehículos de transporte. Es este nuevo proyecto de una gran insensibilidad social, con una clara injusticia tributaria. Mientras la tasa era del 0,4% en el nuevo proyecto enviado por la intendencia la aumenta a 0.5% y además ahora se incluye gravar al supergàs, a contramano del esfuerzo de las autoridades nacionales que le subsidia el supergàs a las familias de sectores más vulnerables. Un impuesto que afecta a los sectores más débiles y al sector productivo.

Juicio histórico que gana Ducsa, como representante de Ancap. Suficientes impuestos tienen ya el combustible como para agregarle uno más.

La Intendencia que pone todo su ingenio recaudatorio al servicio de ver como puede disfrazar de legalidad algo que no lo es. Ojalá ese mismo ingenio lo utilizara para pensar las obras de infraestructura y la limpieza que la ciudad y sus contribuyentes tanto necesitan.

Los árboles de Cosse en 18 de Julio parece que nos van salir muy caros.

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