Los archivos “Castiglioni”

La historia bajo sospecha

La Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del Parlamento, el 21 de junio, recibió al periodista Alvaro Alfonso quien, junto a su abogado Carlos Bustamante, quienes reiteraron sus denuncias por interferencias en los procesos de acceso a la información por parte del Poder Judicial al no poder acceder a los llamados “archivos Castiglioni”.

Los hechos se remontan a cuando la Justicia formó un expediente para investigar en particular el espionaje militar en democracia contra el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), en el marco de un proceso que estuvo a cargo dela jueza Adriana de los Santos.

Este gremio había denunciado penalmente los hechos luego de que el semanario Brecha informara el 2 de setiembre que «de los documentos incautados» por la Justicia en casa del fallecido coronel Elmar Castiglioni, «surgía que la inteligencia militar mantuvo un sistema de espionaje sobre personalidades políticas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales durante todo el período que va desde 1985 hasta, por lo menos 2009 (aunque la fecha es tentativa), aplicando los mismos criterios de la dictadura».

El allanamiento a la casa de Castiglioni ocurrió en el marco de una causa que investiga la desaparición y el asesinato del militante del Partido Comunista Fernando Miranda. El padre del ex presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, fue secuestrado en 1975 y sus restos fueron recuperados en 2005 en el Batallón de Infantería Nº 13. A partir de la documentación encontrada en la casa de Castiglioni, la Justicia abrió una nueva investigación que se caratuló Archivo Castiglioni.

La jueza Beatriz Larrieu (que luego fue trasladada al juzgado de Crimen Organizado) encargó a dos investigadores la tarea de clasificar el material encontrado. Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y la historiadora Isabel Wschebor, exdirectora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, presentaron sus informes en el juzgado, pero la jueza De Los Santos (que quedó en lugar de Larrieu) pidió a los investigadores una ampliación de sus escritos.

«El informe de Rico enviado a la jueza sobre el resultado de un primer relevamiento de las 65 cajas incautadas en el domicilio del coronel Castiglioni incluye documentos referidos a la vigilancia de dirigentes de la Untmra (sindicato de metalúrgicos) y Sutel (trabajadores de ANTEL)». En base a esta publicación, Sutel presentó una denuncia penal en la que pide que «se indaguen especialmente las responsabilidades penales que pudieran corresponder a los autores, coautores, cómplices y encubridores respecto de los hechos de espionaje militar del que hubiera sido víctima Sutel o cualquiera de sus integrantes».

La fiscal Mónica Ferrero solicitó a la jueza De Los Santos que se forme un expediente independiente de las causas que investigan el crimen de Miranda y el Archivo Castiglioni para indagar el espionaje sobre Sutel, a lo que accedió la magistrada. Así, se inició formalmente la investigación judicial.

Además del espionaje sobre Sutel, Brecha informó que desde 1985 hasta entrado el siglo XXI hubo infiltraciones, seguimientos, escuchas clandestinas e interferencias telefónicas de los servicios de inteligencia militar de Líber Seregni, Tabaré y Jorge Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Jorge Batlle, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti y su hijo Julio Luis, Gustavo Penadés, Azucena Berruti, Mirtha Guianze, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Setelich, los militares Eladio Moll y Pedro Montañez, el pastor Emilio Castro, el abogado Leonardo Costa y los jueces penales Alberto Reyes y Rolando Vomero.

Precisamente estos antecedentes son los que pretende estudiar el periodista Alvaro Alfonso lo cual la Justicia es renuente por tratarse de un materia sujeto a proceso judicial.

La siguiente es la comparecencia de Alfonso ante el parlamento.

SEÑOR ALFONSO.- El tema que nos convoca es el Archivo Castiglioni y voy a pedir al doctor Bustamante que detalle cómo se viene sustanciando el tema en el ámbito del Poder Judicial para después realizar otras apreciaciones.

SEÑOR BUSTAMANTE.- Mi nombre es Carlos Bustamante y soy el abogado de Álvaro Alfonso, periodista e investigador que se propone acceder al Archivo Castiglioni, que actualmente se encuentra custodiado por el Poder Judicial. Nosotros solicitamos por vía administrativa, ante la Suprema Corte de Justicia, acceder a la información pública, lo que nos fue negado. A raíz de ello promovimos la acción de amparo, que fue rechazada por entender la Suprema Corte de Justicia que es un tema jurisdiccional, dado que el expediente se encuentra en uno de los juzgados de primera instancia en lo penal –en el que se tramitan expedientes por el derogado código de 1980– y está para resolución. Nosotros, duplicando los medios, comparecimos ante la Suprema Corte de Justicia y ante el juzgado. La Suprema Corte de Justicia se negó y promovimos la acción de amparo, que fue desestimada. En la vía administrativa la resolución también fue negativa y promovimos el recurso de revocación, que está en trámite.

Nosotros entendemos que se debe permitir el acceso a esa información porque está excluido por dos razones. En las páginas 64 y 65 del repartido ustedes pueden ver los fundamentos. Si se trata de un expediente que está bajo custodia administrativa, la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública establece que no se puede oponer la reserva en los casos de violación a los derechos humanos. Concretamente, dice: «Los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que anteceden cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos».

En tanto el señor Álvaro Alfonso ha escrito libros que han servido de apoyo a la justicia en su actividad de investigación del pasado reciente, entendemos que el acceso al expediente no podría ser negado.

Por otra parte, si vamos al ámbito del proceso penal, entendemos que también ha cesado la reserva que existía en el presumario, por dos razones. El artículo 113 del Código del Proceso Penal derogado fue modificado allá por los años 2000 –no recuerdo con exactitud el año–; para dar mayores derechos a la defensa se modificó la reserva del presumario. En dicho artículo, se dice: «Cesa el carácter reservado: […] Porque ha transcurrido un año desde el inicio de las actuaciones presumariales». En este caso, transcurrieron muchos años.                Más adelante, en el penúltimo inciso, dice: «Ninguna actuación podrá tener carácter reservado por más de un año».

Posteriormente, estudiando el caso, pude acceder a información de prensa sobre el Archivo Castiglioni y me quedan dudas acerca de si la incautación fue íntegra y si el archivo está completo o permanece custodiado e inventariado. En la prensa hay unas referencias que dicen que se incautó lo que parecía más importante y principal, cosa que me parece extraña, porque no puede determinarse qué es importante y principal si no se analiza el conjunto de los documentos. Este es un comentario que hago desde mi punto de vista.

No sabemos dónde se encuentra el archivo actualmente ni si está inventariado y se nos niega el acceso por dos informes cuyo contenido no conocemos. Uno de ellos es de Álvaro Rico, licenciado en Filosofía, y el otro es de la licenciada Isabel Wschebor. Ambos recomiendan que no se pueda acceder públicamente al archivo, pero desconocemos cuáles son las causas de este dictamen.

SEÑOR ALFONSO.- Semanas atrás, tras una reunión de la comisión en la que recibieron a un funcionario del Instituto Nacional de Rehabilitación, según el diario El Observador, la señora presidenta señaló: «Cuando definimos la agenda de trabajo para este año, decidimos que lo primero que íbamos a hacer era atender las cosas que habían quedado pendientes del año pasado. En ese marco, se recibió en audiencia a un ciudadano que, en su concepción, fue vulnerado en algunos de sus derechos, en particular en el de trabajo».

Señores miembros de la comisión: creo que estoy en el mismo caso que ese funcionario. No lo he mencionado públicamente…

Tengo dos ofertas del exterior, por ahora verbales, para escribir dos libros sobre dos hechos puntuales importantes que ocurrieron en Uruguay y que están –según el informe de prensa– en el Archivo Castiglioni. Esa fue una de las razones fundamentales por las que lo solicitamos.

Ahora bien, durante varios años he tenido problemas para acceder a los archivos. Me había ocurrido ya en 2007, cuando el Ministerio del Interior –en aquel momento la titular era la ministra Tourné– nos negó la información. En aquel momento estábamos haciendo un trabajo histórico sobre el Partido Comunista en el Uruguay y el 20 de marzo de 2007 presentamos un pedido al respecto. Posteriormente solicitamos en la Cancillería, durante varios gobiernos, por ejemplo cuando era ministro el doctor Opertti, y también con Reinaldo Gargano y el doctor Gonzalo Fernández, y no tuvimos ningún problema. Con los dos últimos que mencioné, a las cuarenta y ocho horas de solicitada la información ya la estábamos leyendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quiero hacer una mención que, entiendo, también cuenta en todo esto.

En una oportunidad, cuando estábamos escribiendo los libros Encontrando a los desaparecidos y Buscando a los desaparecidos, pedimos una entrevista al entonces presidente Tabaré Vázquez y él  me envió una carta personal a mi domicilio, que decía:  «De mi mayor consideración: Acuso recibo de su carta de fecha 20 de julio en la cual me solicita una entrevista personal con motivo del trabajo que está realizando sobre el tema de los derechos humanos y los ciudadanos desaparecidos durante la dictadura. Lamentablemente y dada la compleja agenda que llevo últimamente, he debido suspender las entrevistas personales, por lo que he derivado su solicitud al secretario de la Presidencia, doctor Gonzalo Fernández». Debo decir que a las cuarenta y ocho horas estaba hablando con el doctor Fernández y, más allá de alguna información de prensa de estilo particular, no fue que mandé unas preguntas por correo y el doctor las respondió, sino que estuvimos hablando frente a frente, y no fue la última vez que hablé con él para escribir los libros.

Por otra parte, tras el procesamiento del general Gregorio Álvarez, la fiscala Mirtha Guianze dijo que en mayor o menor medida habían sido muy útiles los libros para buscar y encontrar a los desaparecidos y presos a la uruguaya, y que manejaban documentación de fuente militar. Es cierto, pero eso se llama «trabajo».

Tal vez algunos conozcan la tapa del libro Jugando a las escondidas: conversaciones secretas entre tupamaros y militares, donde están las fotos de los miembros del MLN. Precisamente, dichas fotos me fueron solicitadas para el Archivo Nacional de la Memoria y dije que no había ningún problema en que fueran utilizadas.

En realidad, estuve buscando esas fotos durante dos años y medio hasta que finalmente di con quien las tenía, pero me dijo que no quería darlas porque no deseaba hacerlos famosos. Finalmente, pude convencer a la persona de que me las entregara y esas fotos están allí.

Mencioné a la doctora Guianze, pero en lo que refiere al tema de Gregorio Álvarez tengo una prueba en mi poder: una excelente foto –sacada por Antonio Scuro– que lo toma ingresando al juzgado, en 2006, cuando se estaba tramitando la primera investigación ‒a mi juicio fue la más importante‒ que se realizó sobre el tema de los derechos humanos, y aparece con el libro Encontrando a los desaparecidos en su mano.

Debo decir lo que pienso –y voy a hacer precio–: el manejo de los archivos sobre la dictadura –y algunos más– ha sido desprolijo. Hay algo que no puedo entender; me refiero a algo que quiero leer. Es un extracto de una comisión parlamentaria en la que se informa que se llegó al archivo de Sanidad Militar y que se habían estudiado 250.000 fichas clínicas a fin de encontrar información sobre el caso Gelman. En realidad, quiero aclarar que antes de pedir información pública intento hablar con alguien para decir que voy a hacer un determinado pedido, ya que he chocado tantas veces que prefiero saber si realmente están dadas las condiciones.

Intenté obtener la historia clínica de Raúl Sendic y de José Mujica, pero por dos razones fundamentales. Son dos personajes históricos muy importantes de la historia del Uruguay en todo este proceso que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Además, como se ha dicho públicamente que les pegaron once, trece o veintiocho tiros –no sé cuántos exactamente‒, quería saber cuál era la situación real. Sin embargo, tampoco pude acceder a dicha información.

Ahora me gustaría mencionar algo sobre el llamado Archivo Berrutti, que refiere a la señora ministra de aquel momento, por la cual tengo un gran respeto y lo dejé muy claro en el debate con el doctor Bayardi, exministro de Defensa Nacional, en el programa Todas las voces. Tengo dieciocho rollos de ese archivo que está circulando –mucha gente los tiene–, pero después de leer el informe que obra en mi poder, puedo afirmar que hay 1144 rollos. Ahora, ¿dónde están los otros rollos? Hubo 1800 horas de trabajo de máquina; hubo conversaciones –en aquel momento– entre integrantes del Partido Nacional –los voy a mencionar: el senador Penadés, el diputado Casaretto y quien fuera senador y líder del Movimiento Nacional de Rocha, el exsenador Carlos Julio Pereyra– que no solo hablaban con la ministra de entonces, sino que hicieron gestiones para que esto se ampliara y estuvieran todos los partidos involucrados en la lectura de los archivos. Lamentablemente, eso no se logró y creo que hay un grave error en no hacerlo público; por lo menos, sería esperable que intervinieran todos los partidos políticos en este tema.

Como decía, este informe señala que son 1144 rollos y que la finalización de la lectura duraría veinte años porque serían 12.000 volúmenes, es decir, una biblioteca. En realidad, esto se puede ver; si ponemos más ojos, seguramente se hará en menos tiempo. A mí me gustaría realmente leerlo. Cuando fui cronista parlamentario en todos los diarios me ponían a leer, cuando se trataban el presupuesto y las rendiciones de cuentas, porque decían que era el que lo hacía más rápido.

Después vemos que había dos muebles. Uno tenía 1175 microfichas que acompañan los microfilmes, que son de 1972 y1973. Además, se menciona que la difusión de la existencia del mueble y de los mitos referidos a su contenido, extensiones y otros factores exógenos, han hecho que desde diferentes ámbitos se solicitara información sobre diversos tópicos con desconocimiento del contenido. Hay desconocimiento del contenido porque realmente no podemos acceder a esos archivos.

Otro argumento que se da cuando se pide la documentación es que hay información sensible. Seguro que la hay y muy grande. El expresidente Mujica dijo que «eran cosas jodidas», pero en mi caso no entro a esa información. Lo que me interesa son las acciones políticas de cada partido.

Voy a leer el contenido de un tribunal de honor ‒es muy breve‒ de un miembro de las Fuerzas Armadas en el que se dice: «Ellos aportaban su conocimiento de la…» –voy a obviar el partido que era– «y ayudaban al fichaje. Luego empezaron a colaborar en análisis. Para eso les hicieron previamente pruebas para comprobar su fidelidad». Ante esto pregunto, ¿no podemos conocer los nombres? ¿Es información sensible no conocer los nombres cuando se hace esta mención?

Para terminar, si queremos que la frase «verdad y justicia» sea de verdad, creo que tenemos que ser muy abiertos porque la historia es como es y no podemos juzgar a personas ni a ciudadanos por acciones que tuvieron hace cuarenta, cincuenta o sesenta años con la cabeza de hoy. La historia tiene que contarse como fue y no como muchas cosas que nos dijeron cuando íbamos a la escuela que realmente no eran correctas.

SEÑOR BUSTAMANTE.- Simplemente quiero ampliar mi exposición anterior señalando que otro lugar donde el periodista ha encontrado escollos para acceder a la información es en la oficina llamada Ajprojumi –archivos judiciales procedentes de la justicia militar–, que depende de la Suprema Corte de Justicia. En ella se concentra el archivo del Supremo Tribunal Militar y los Juzgados Militares de Instrucción y de Primera Instancia que actuaron en la época de la dictadura y en la guerra antisubversiva, o como se la quiera denominar.

El señor Álvaro Alfonso ha solicitado información y se le han puesto cortapisas para acceder a ella basados, por ejemplo, en que son muchas personas, que son más de tantos expedientes, que habría que tachar los nombres de todos y que, de acuerdo al reglamento que rige a Ajprojumi, que es creado por ella misma, se dice que no accede a lo solicitado. Es decir, no se le permite acceder a expedientes que serían de público conocimiento en cuanto a que son expedientes penales de hechos que ocurrieron hace más de cuarenta y cinco años, por decir un período breve.