Los bomberos del Estado
Guzmán A. Ifrán
Hay declaraciones que, aunque formuladas al pasar, terminan diciendo mucho más de lo que parece. En medio de la discusión generada por el acuerdo entre el Congreso de Intendentes y ANCAP para la compra de portland, combustibles y lubricantes, el presidente del Congreso de Intendentes e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, realizó una afirmación que debería abrir un debate nacional de enorme profundidad. Dijo que existen “millones de cosas” que hoy hacen los gobiernos departamentales y que, en realidad, deberían hacer organismos del gobierno nacional. Y tiene razón.
La noticia que ocupó los titulares fue la aprobación de un convenio para la adquisición de productos de ANCAP por parte de las intendencias. Sin embargo, detrás de esa discusión puntual apareció una realidad mucho más relevante para el futuro institucional del Uruguay. La realidad es que hace años que las intendencias departamentales vienen asumiendo responsabilidades que formalmente no les corresponden. Lo hacen porque la gente necesita respuestas y porque, cuando un problema aparece en una ciudad, en un barrio o en un pueblo, los vecinos no llaman a un director nacional que muchas veces ni conocen. Van a la intendencia, hablan con el alcalde, reclaman al director general o se comunican con el intendente.
Allí aparece una diferencia fundamental entre los gobiernos territoriales y la estructura centralizada del Estado. Las intendencias conocen el territorio, conocen a la gente, conocen los problemas concretos y además tienen capacidad ejecutiva inmediata. Mientras numerosos organismos nacionales se pierden entre expedientes, oficinas, procedimientos interminables y responsabilidades diluidas, los gobiernos departamentales suelen verse obligados a intervenir para evitar que determinadas situaciones exploten. Sucede con políticas sociales, con salud, con infraestructura, con personas en situación de calle y con múltiples servicios que, aunque jurídicamente dependan del gobierno central, terminan siendo sostenidos en los hechos por las administraciones departamentales.
La explicación es sencilla. La cercanía genera responsabilidad. Un ministro puede pasar años sin cruzarse con la inmensa mayoría de los ciudadanos afectados por una mala decisión de su cartera. Un jerarca nacional puede esconderse detrás de comunicados, conferencias de prensa o voceros. Un director de un organismo centralizado puede permanecer prácticamente invisible para la población. Un intendente no. Un alcalde tampoco. El vecino se los cruza en el supermercado, en una plaza, en una estación de servicio o en una actividad pública. Esa exposición permanente genera algo que muchas veces el aparato centralizado del Estado pierde: sentido de urgencia.
Cuando la gente reclama cara a cara, la presión para resolver es infinitamente mayor. Por eso muchas veces las respuestas terminan llegando más rápido desde los gobiernos departamentales que desde los organismos nacionales. Y aunque políticamente a algunos les incomode admitirlo, la evidencia está a la vista. Basta recorrer el interior del país. Quien haya visitado las capitales departamentales hace veinte o treinta años y vuelva hoy encontrará transformaciones enormes: ciudades modernizadas, infraestructura renovada, espacios públicos recuperados, mejor conectividad, mayor desarrollo urbano y una calidad de vida sensiblemente superior.
Por supuesto que quedan problemas por resolver. Pero la evolución resulta innegable y gran parte de ese proceso ha sido impulsado desde los gobiernos departamentales. Por eso quizás haya llegado el momento de sincerar una realidad que ya existe. Si las intendencias terminan ejecutando competencias que formalmente pertenecen al gobierno nacional, entonces corresponde abrir una discusión seria sobre una profundización del proceso de descentralización. No solamente administrativa. También política, presupuestal y legal. Porque descentralizar no puede consistir únicamente en transferir problemas; debe significar también transferir recursos, herramientas y potestades.
No parece razonable exigir cada vez más responsabilidades a los gobiernos departamentales mientras se mantienen estructuras excesivamente centralizadas para la toma de decisiones. Tampoco parece razonable ignorar que quienes mejor conocen las necesidades concretas de cada territorio son precisamente quienes viven y gobiernan en ellos. Este razonamiento incluso debería extenderse hacia los municipios. El tercer nivel de gobierno también necesita fortalecerse. Porque cuanto más cerca se encuentra el Estado del ciudadano, mayores son las posibilidades de controlar su funcionamiento y exigir resultados.
Naturalmente existe una excepción que confirma la regla. Montevideo. Mientras gran parte del interior ha mostrado procesos sostenidos de transformación y mejora, la capital parece haber transitado el camino inverso. Suciedad, oscuridad, deterioro urbano, problemas de gestión cada vez más visibles y servicios crecientemente cuestionados. Una ciudad que, pese a disponer de recursos gigantescos, exhibe resultados que difícilmente resistan una evaluación objetiva. Y si esa situación persiste desde hace décadas, también corresponde asumir una verdad incómoda: las responsabilidades no recaen únicamente sobre quienes gobiernan, sino también sobre quienes continúan validando electoralmente un modelo de gestión evidentemente agotado.
El debate principal, sin embargo, es otro. Y surge precisamente de aquella frase pronunciada por Nicolás Olivera. Si las intendencias ya están resolviendo problemas que el Estado central no logra resolver adecuadamente, entonces tal vez haya llegado el momento de reconocer institucionalmente esa realidad. No para debilitar al gobierno nacional, sino para hacerlo más eficiente, para acercar las soluciones a la gente, para fortalecer la democracia territorial, para asignar responsabilidades donde efectivamente existe capacidad de ejecución y para construir un Uruguay más moderno, más dinámico y conectado con las necesidades reales de sus ciudadanos.
En definitiva, a veces las transformaciones más importantes no consisten en inventar algo nuevo. Consisten simplemente en reconocer lo que ya está ocurriendo frente a nuestros ojos y tener el coraje político de adaptar las instituciones a esa realidad.
